• Interlocución: logro de los estudiantes
• Largo camino por recorrer para solucionar el conflicto
Tlapa, Guerrero, a 16 de febrero de 2012.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan saluda los resultados que arroja hasta el momento la instalación de la Comisión Civil de Interlocución para la agenda educativa del Caso Ayotzinapa, los cuales son muestra del compromiso de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Como es de conocimiento público, tras las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 12 de diciembre de 2012, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos iniciaron una valiente lucha para demandar justicia, exigiendo el deslinde de responsabilidades políticas, administrativas y penales respecto de los autores intelectuales y materiales de los hechos. Esa demanda, innegociable por su propia naturaleza, ha sido sostenida con determinación por los estudiantes desde entonces.
Tras más de dos meses sin avances, ante el riesgo de que se presentara un nuevo embate contra el modelo de educación rural del que es bastión la Normal Raúl Isidro Burgos, en una muestra de madurez y compromiso con la excelencia académica, los estudiantes emplazaron al Gobierno Estatal a la instalación de una Comisión Civil de Interlocución para atender la agenda educativa, integrada por connotados miembros de la sociedad civil nacional y respetados académicos y académicas con experiencia en el campo educativo, coordinados por la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).
La Comisión Civil sostuvo su primera reunión formal con el gobernador Ángel Aguirre Rivero el pasado lunes 13 de febrero de 2012 y en pocos días ha logrado ya algunos avances sustantivos, como el reinicio pleno de las clases en la Normal y la designación de un director para apuntalar el proyecto educativo de la institución, mostrando disposición para avanzar en la interlocución. Asimismo, el gobierno estatal ha hecho público su reconocimiento respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos guerrerenses el 12 de diciembre de 2012, al tiempo que ha quedado establecido el compromiso de iniciar una mesa de trabajo para atender la dimensión estructural del conflicto.
Paralelamente, se han hecho públicos avances de suma relevancia para que hechos tan graves no vuelvan a ocurrir, como lo es la depuración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que deberá complementarse con la sanción penal de quienes cometieron delitos pues dada la gravedad de lo ocurrido es insuficiente su separación del cargo y el inicio de procedimientos administrativos.
En este panorama, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña hace un llamado a que la interlocución continúe por ese conducto, que ha mostrado su pertinencia, de manera que se alcancen los acuerdos necesarios para garantizar la subsistencia y el fortalecimiento de la Normal.
Adicionalmente, Tlachinollan enfatiza que a partir de la instalación de la Comisión el gobierno estatal se ha comprometido públicamente a garantizar la seguridad de los estudiantes que fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como de las organizaciones que los acompañamos en su búsqueda de justicia, lo que en el contexto estatal es de suma relevancia y permite insistir en que las autoridades guerrerenses deberán responder directamente por la integridad física de dichas personas.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hace un llamado a la sociedad civil estatal y nacional para que el proceso de interlocución iniciado sea seguido puntualmente. Dicho monitoreo es también imprescindible respecto de la identificación y sanción de los servidores públicos estatales y federales responsables de los hechos, rubro en el que el conflicto desatado por las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2012 dista aun de ser resuelto, estando aún pendiente la emisión del Informe Final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en trámite las diversas averiguaciones previas abiertas. En este sentido, enfatizamos que en días pasados estudiantes de Ayotzinapa, especialistas en derechos humanos y organismos civiles, instaron a la CNDH a que ejerza a cabalidad su nueva facultad de investigar graves violaciones a derechos humanos para que emita un Informe que constituya un nuevo referente sobre la incorporación de estándares internacionales de protección a los derechos humanos, y que contribuya efectivamente a que hechos como los ocurridos el 12 de diciembre no vuelvan a ocurrir.
