Para dar cumplimiento a las sentencias, ambas mujeres y sus representantes entregaron el 25 de octubre de 2010 a la Secretaría de Gobernación un plan de trabajo para ordenar y coordinar la implementación de las reparaciones emitidas por la CoIDH. Dicha propuesta consiste en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes: (I) Justicia; (II) Reconocimiento de responsabilidad; (III) Educación y Salud; (IV) Indemnización; (V) Capacitación, (VI) Reformas legislativas; y (VII) Políticas públicas y Reparaciones Comunitarias. De acuerdo con la propuesta, la mesa relativa a cada eje se instalaría a partir de la solicitud de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, y partiría de la priorización y las necesidades expresadas por ambas para lograr una implementación coordinada de las reparaciones.

Tras un rezago que mostró las reticencias del Estado para acatar los fallos, el 15 de marzo de 2011 se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación un Acto Protocolario para suscribir el plan de trabajo mencionado e iniciar la instalación de las mesas. En el acto representantes del Estado mexicano por parte de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de Presidencia, se comprometieron frente a Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) a cumplir la totalidad de los resolutivos de las sentencias, y a trabajar de manera coordinada para implementar las reparaciones ordenadas por el Tribunal Interamericano.

Desde entonces se han instalado las mesas de trabajo relativas a los ejes temáticos Justicia y Educación y Salud. No obstante, a la fecha no se han presentado avances sustantivos.

El momento actual es sumamente delicado. Por un lado, el Gobierno Federal se niega a continuar los procesos iniciados en las mesas de trabajo. Por otro, recientemente Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú lograron que después de 9 años las investigaciones fueran remitidas nuevamente a la jurisdicción civil federal, por lo que están bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, instancia obligada a dar resultados concretos a la brevedad.

Por lo anterior, Inés, Valentina, la OPIM y Tlachinollan solicitamos su apoyo para continuar demandando al Estado mexicano a que de conformidad con lo acordado se reinstalen las mesas de trabajo para dar cumplimiento a los fallos, y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los soldados responsables.

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