La Montaña y Costa Chica de Guerrero son dos de las regiones más pobres del país, donde la marginación, la discriminación, la exclusión y el olvido contra los pueblos indígenas son realidades tan intrínsecas entre las autoridades, que se les niega el derecho a vivir con dignidad y a tener un acceso efectivo a la justicia.
De los 19 municipios de la Montaña, 11 de ellos son catalogados como de muy alta marginación, siendo el municipio de Cochoapa el Grande el más pobre de todo el país. Los 8 municipios de la Costa Chica de Guerrero también son considerados de alta marginación.
Los derechos económicos y sociales no son una realidad para la población, quien no tiene acceso a los niveles más básicos de salud, educación o vivienda digna.
Los derechos laborales son hechos a un lado en esta región donde gran parte de la población tiene que trabajar como peones, subempleados de comerciantes y jornaleros agrícolas, siendo los más indefensos y los que de manera sistemática son objeto de vejaciones, agresiones físicas, racismo y discriminación.
El derecho a la alimentación es un derecho amenazado, pues las familias viven con una dieta de maíz, chile, frijol y sal. En la Montaña la superviviencia se sustenta en la siembra del tlacolol, un trabajo agrícola precario y temporal, implementado por la población indígena para producir maíz en las pendientes de los cerros, que apenas les alcanza para el consumo familiar durante tres meses.
Esta misma situación lleva a que la región de la Montaña sea una zona expulsora de migrantes, ya sea como jornaleros a los estados del Norte del país, principalmente a Sinaloa, o hacia Estados Unidos. La migración se ha convertido en otra opción de superviviencia, donde los trabajadores están dispuestos a someterse a condiciones inhumanas de trabajo, donde los jóvenes indocumentados encuentran el destino trágico de la deportación, el encarcelamiento o la muerte, sin que ninguna autoridad se haga responsable.
La vida de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica está marcada por la marginación, la represión, la falta de acceso a la justicia y conflictos políticos y agrarios. La fuente de los conflictos más graves tiene su matriz en la defensa de sus territorios.
Ante la indiferencia, insensibilidad e ineficacia de las autoridades, los conflictos agrarios han sido de larga duración, y se han gestádo a lo largo de muchos años hasta llegar a los límites de la violencia y la exasperación.
En la región de la Montaña actualmente, existen más de 20 conflictos agrarios, varios de ellos clasificados como focos rojos, que continúan cobrando una cuota muy alta de muertes, heridos, desplazados y encarcelados, desquiciando la vida de varias comunidades hermanas que viven siempre bajo la zozobra y la amenaza permanente.
Una de las graves amenazas a los territorios de los pueblos indígenas ha sido la imposición del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) en todos los núcleos agrarios. En 2006, ante el vencimiento del plazo para que todos los núcleos fueran incoporados al PROCEDE, las autoridades optaron por la presión y el chantaje, presentándolo como la única puerta de acceso para todos los programas de apoyo gubernamental, principalmente el Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario (PROCAMPO).
La militarización, el narcotráfico y los grupos armados, son tres realidades inocultables en las golpeadas regiones de la Montaña y Costa Chica, donde el Ejército se ha impuesto como la autoridad que asume el control policíaco y militar, esto como consecuencia de que el Estado mexicano no ha combatido las raíces del origen del narcotráfico, como la pobreza abismal que lleva a las comunidades a adherirse al sistema de siembra y cultivo de enervantes, sino que simula una estrategia guerrerista que sólo agudiza los conflictos y se obstina en criminalizar la lucha de los pobres.
Con el gobierno de Zeferino Torreblanca, la tendencia de que militares ocuparan puestos civiles de seguridad pública continuó. Se agudizó la presencia del Ejército en las comunidades, lo cual ha tenido graves consecuencias. En Tlachinollan hemos documentado múltiples casos en donde el Ejército se ha introducido a las comunidades indígenas, destruyendo sus huertos y cosechas, tomando el agua de la comunidad, y causando en una ocasión, la quema de más de dos hectáreas por un descuido, al quemar la basura de su campamento.
Adicionalmente la presencia del Ejército ha resultado hostigadora y amenazante, ya que interrogan, detienen e intimidan a la población con el argumento de combatir el narcotráfico, aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas acciones de fuerza, que contravienen con el mandato constitucional, los ha transformado en la autoridad que más viola los derechos humanos de la población seguido de las policías judiciales del estado.
Tan sólo en los últimos años, hemos documentado más de 60 casos de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército. En ninguno de ellos se ha castigado a los responsables, debido a que los casos son asumidos por la Procuraduría Militar, imposibilitando un juicio imparcial y garantizando la impunidad.
Abusos de poder, extorsión, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, incomunicación al momento de la detención, tortura, tratos crueles y degradantes, desapariciones forzadas, entre otras tantas violaciones a la dignidad humana, constituyen parte de la realidad que vive la población.
A pesar de ello, los pueblos na savi, me´phaa, nauas y nn'anncue de las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, no se han quedado callados ni sentados en la busqueda de justicia. Es con ellos que como Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan hemos emprendido el camino de lucha por la defensa integral de sus derechos, tejiendo la esperanza y combatiendo el aislamiento, la exclusión, el silencio y la represión.