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BOLETÍN | Autoridades comunitarias exigen al congreso local apruebe la Ley sobre el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA, CENTRO Y COSTA CHICA DE GUERRERO.COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

CASA DE JUSTICIA MATRIZ, CON SEDE EN SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO.

Calle del trabajo, s/n, Barrio de San Isidro Labrador, San Luis Acatlán, Gro.

San Luis Acatlán, Guerrero a 13 de mayo de 2020

 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) sistema de seguridad y justicia indígena que agrupa a los pueblos Me’phaa, Na Savi, Naua, Nn´anncue y Afromexicano, con presencia en 28 municipios y 173 comunidades en el estado, hace un atento y respetuoso llamado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a los diputados y diputadas de la LXII legislatura del Congreso del estado de Guerrero para que dictamine, discuta y apruebe la reforma constitucional presentada el 17 de diciembre de 2019 por el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de dicha legislatura.

Como es de su conocimiento diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como la Relatora de la ONU sobre Pueblos Indígenas[1] y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han instado al Estado Mexicano y en particular al Congreso del Estado para que la legislación estatal se armonice con los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas. De igual forma órganos jurisdiccionales han emitido sendas resoluciones que obligan a esta soberanía estatal a legislar para reconocer los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero.[2]

En agosto del año 2018 la legislatura estatal pasada realizó una reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero y las Leyes 701 de Reconocimiento, derecho y Cultura de las comunidades y pueblos indígenas del Estado de Guerrero y 777 de Seguridad pública que a juicio de los suscritos es regresiva pero que además no se consultó a los Pueblos indígenas y Afromexicanos, tal y como lo declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución de fecha 20 de abril del año 2020. Por esta razón los Pueblos indígenas y Afromexicanos junto con la Comisión de Asuntos indígenas de esta soberanía iniciamos un proceso legislativo, consultando a nuestros pueblos mediante un parlamento abierto de cuatros sesiones y 10 foros de consulta, luego de lo cual la Comisión de Asuntos Indígenas presentó la iniciativa que ahora la estudian los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política.

Sabemos extraoficialmente que el proceso electoral del 2021 iniciará normalmente el mes de septiembre de este año, esta circunstancia reduce de manera considerable el tiempo que dispone esta legislatura para aprobar la iniciativa de mérito, dado que una vez iniciado el proceso electoral los pueblos indígenas y Afromexicanos no podremos ejercer nuestros derechos políticos en un marco e autonomía y libre determinación eligiendo nuestro gobierno de acuerdo a nuestros sistemas normativos puesto que no existiría un reconocimiento constitucional en el estado de Guerrero que nos permita este ejercicio. En este contexto tendríamos que esperar hasta el próximo año para que nuestros derechos sean reconocidos.

Seguir postergando la dictaminación de la iniciativa de Ley de mérito tiene un claro objetivo político partidista de hacer nugatorios nuestros derechos y evitar que los Pueblos Indígenas y Afromexicanos participemos en el proceso electoral del 2021 en condiciones de igualdad política eligiendo nuestros gobiernos de acuerdo a nuestros sistemas normativos.

Por lo demás la CRAC-PC como autoridades indígenas que realizamos tareas de seguridad pública, justicia y reeducación nos encontramos en un vacío jurídico que nos coloca en la ilegalidad, por lo que ministerios públicos y jueces han empezado a desplegar acciones penales en contra de las autoridades indígenas y Afromexicanas que llevan a cabo estas tareas criminalizando el ejercicio de nuestros sistemas normativos. Seguir esperando la aprobación de la iniciativa que recoge cabalmente nuestros derechos es continuar criminalizando, persiguiendo y encarcelando injustamente a nuestras autoridades de la CRAC-PC.

Atento a lo anterior solicitamos a las y los Diputados de este honorable Congreso del Estado que dictaminen la iniciativa de Ley en mención a la brevedad, pues es momento de reconocer nuestros derechos negados históricamente. Es preocupante que se siga ninguneando a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos postergando la discusión de una iniciativa de Ley que condensa la demanda que hemos impulsado por más de 30 años de manera ininterrumpida y que puede representar una oportunidad para cambiar las condiciones de exclusión social en las que nos encontramos, amén de que nos da herramientas y certidumbre para enfrentar circunstancias adversas como la pandemia que azota nuestro país.

Sin más que apuntar esperamos el pronto reconocimiento de nuestros derechos.

 

[1] Informe sobre México de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Pueblos Indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, 2018. Párr. 94

[2] Expediente: scm-JDC-402/2018, resolución de fecha 29 de junio del año 2018, dictada por la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que promovió el Señor Hipólito Arriaga Pote. La Sala determinó “vincular a los poderes Ejecutivo, Legislativo, autoridades electorales y partidos políticos en el Estado de Guerrero para que previa consulta lleven a cabo las acciones necesarias y tendentes a garantizar acciones afirmativas a favor de las postulaciones de las personas indígenas”; Resolución de la acción de inconstitucionalidad número 81/2018 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de fecha 20 de abril del año 2020 emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.