Una empresa minera canadiense explota las tierras del Carrizalillo, en el estado de Guerrero, sin retribuir de manera equitativa a los ejidatarios y causando muchos daños medioambientales. En enero de este año, el pueblo se organizó en la "Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo" para obligar la empresa a renegociar los acuerdos. Nuestro centro de derechos humanos acompañó a los ejidatarios en el proceso de negociación..

El Carrizalillo, en el Municipio de Eduardo Neri (región centro, estado de Guerrero, México) es un pueblo campesino pobre de 2 mil habitantes, que históricamente se ha mantenido de la producción del mezcal y del cultivo del maíz, aunque sus tierras contienen oro, plata, zinc y uranio.

En 1994 una primera empresa minera llegó al núcleo agrario del Carrizalillo, sin permiso alguno, para hacer trabajos de exploración y verificar las posibilidades de extraer oro de las tierras. La empresa firmó con los ejidatarios contratos de ocupación temporal de sus tierras por sólo 1,475 pesos anuales (alrededor de 100 euros) por hectárea utilizada. En 2005, la empresa minera Luismin S.A. de C.V., de origen canadiense, compró la concesión para explotar a cielo abierto la mina “Los Filos”, sin renegociar el pago sumamente bajo por la renta de las tierras. A su llegada, Luismin realizó una serie de promesas a los ejidatarios: la garantía del acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y un nivel digno de vida a través de obras como la pavimentación de caminos, la introducción de servicios de agua potable, la construcción de una clínica de salud, la construcción de aulas a nivel preescolar y la instalación de un centro de computo

A diferencia de las empresas anteriores que solo exploraban el terreno, Luismin tiene también el mandato de extraer el mineral, entonces empezó a delimitar y encerrar todas las parcelas, impidiendo que campesinos accedieran a ellas y menos que pudieran continuar cultivando en las mismas. Incluso invadió parcelas donde no cuenta con el contrato de ocupación temporal, lo que representa un despojo, y realizó serios daños sobre varias de ellas. Además, con el paso del tiempo, Luismin no cumplió ni con sus promesas en términos laborales ni con las obras sociales que quedó en construir para la comunidad. A lo largo del 2006, los ejidatarios del Carrizalillo solicitaron reiteradamente reuniones de trabajo con la empresa pero no obtuvieron respuesta positiva y al contrario fueron agredidos y burlados.

Por ese motivo, el 8 de enero de 2007, el pueblo del Carrizalillo se organizó en Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo e inició un plantón a la entrada de los Tajos Los Filos y el Bermejal, impidiendo el paso de la empresa a la mina, para exigir la revisión y renegociación de los contratos de ocupación temporal, contemplando:

El 25 de enero de 2007, cien policías estatales y municipales, varios de ellos armados, desalojaron a golpes a los ejidatarios que se encontraban en el plantón. El saldo del violento desalojo policiaco fue de 70 campesinos que fueron privados de su libertad durante cuatro horas - entre ellos mujeres y niños -, dejando a dos mujeres lesionadas. Horas después el bloqueo volvió  a instalarse y es hasta entonces que las autoridades decidieron entablar negociaciones con los ejidatarios.

A partir de mediados de febrero se realizaron varios intentos de dialogo con representantes de Luismin, pero sin lograr acuerdos sobre el precio por el usufructo de la tierra. El gobierno estatal no mostró ningún  interés de mediar en el conflicto. El 25 de enero, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo mandó a sus policías a desalojar de manera violenta a los ejidatarios. El 14 de febrero, les  ofreció su ayuda si levantaban primero el bloqueo. En varias declaraciones, descalificó a los ejidatarios y mostró una clara empatía con la empresa, quitándole la legitimidad moral para intervenir en el conflicto.

La empresa tampoco mostró voluntad real para dialogar en condiciones de equidad con los ejidatarios. En casi 10 mesas de dialogo sucesivas, no aportó propuestas significativas para pagar un precio justo por las tierras. Por lo contrario, asumió una actitud de criminalizar el movimiento. El 21 de febrero en un desplegado publicado en diarios nacionales, Luismin pidió a las autoridades del gobierno federal y estatal aplicar “la ley” a los ejidatarios. Al día siguiente, se instaló un retén militar de más de 20 soldados del Ejército Mexicano en el camino que lleva a la mina Los Filos-Bermejal, aproximadamente a unos 2,5 kilómetros del sitio donde los ejidatarios mantenían el plantón. Además, la empresa demandó ante la Procuraduría de Justicia Estatal a más de 20 miembros de la Asamblea de Carrizalillo. Se abrieron averiguaciones previas.

Luismin pertenece a la trasnacional Goldcorp que tiene minas en Canadá, Guatemala, Argentina, Brasil y Honduras, entre otros. Luismin tiene proyectado obtener 2.8 millones de onzas de oro de las 900 hectáreas que explota del ejido de Carrizalillo. Tiene una concesión de cincuenta años, y según su Informe de Sustentabilidad del 2005 por lo menos planean extraer oro de las tierras del Carrizalillo durante los siguientes diez años.

En su Informe de Presentación de Enero del 2007, el gigante consorcio minero Golcorp, comunica tener planeado extraer 200 mil onzas de oro en 2007 y 350 mil onzas de oro en 2008 de la mina del Carrizalillo. De acuerdo al mercado bursátil, el valor de la onza asciende a 646.50 dólares, entonces Goldcorp captaría 129 millones 300 mil dólares de utilidades en 2007 y 226 millones 275 mil dólares de utilidades en 2008. Resulta claro que la empresa tiene la capacidad financiera para satisfacer las demandas de los ejidatarios.

La empresa Luismin, con la complicidad del gobierno mexicano, está violando una serie de derechos humanos fundamentales:

Luismin ocupa 900 hectáreas de tierras en el Carrizalillo. Tiene contratos de ocupación temporal por una parte de esas tierras, a un precio bajísimo como lo mencionamos anteriormente, lo que demuestra que no están valorando de manera justa el precio de la tierra. Además, la empresa está realizando serios daños a los terrenos, que quedan inservibles luego para los campesinos. Peor aún, documentamos que Luismin invadió terrenos en donde no tenía derecho alguno al no existir contrato de ocupación temporal.

Desde la llegada de la primera empresa minera, los ejidatarios del Carrizalillo nunca fueron informados y consultados, más bien se percataron de las empresas cuando ya estaban trabajando en sus tierras. Sin embargo, la empresa pretende haberla realizado y haber obtenido el visto bueno de la comunidad, como lo publica en su Informe sobre Sustentabilidad 2005: “La consulta pública que se llevó a cabo en 2004 reveló que los habitantes locales tienen una actitud favorable hacia la actividad minera y cómo les puede afectar. (...) La empresa está desarrollando relaciones con la comunidad basadas en la confianza (...)”.

Es también preocupante que tanto Luismin como las empresas mineras anteriores se hayan aprovechado de la falta de instrucción de los campesinos para realizar contratos de ocupación temporal, logrando un pago anual extremadamente bajo por el uso de las tierras, sabiendo además que esas tierras quedaran inservibles después de la extracción.  Aunado a esto,  Luismin ha ocultado información a los ejidatarios, por ejemplo al decirles que compró las parcelas individuales cuando sólo las está rentando según los convenios firmados, y por lo tanto tendría que pagar una cuota anual sobre ellas.

Contrariamente a los datos manejados por Luismin en su Informe sobre Sustentabilidad 2005 donde afirma haber hecho “donaciones directas” a la población del Carrizalillo en materia de educación, salud, deportes y asistencia social, la empresa no ha realizado ninguna obra a favor de la comunidad.  El pueblo del Carrizalillo sigue careciendo de los servicios más básicos.
Si bien es responsabilidad del Estado asegurar un nivel de vida digno a la población, en la medida en la cual una empresa se enriquece destruyendo las tierras de un pueblo, es su responsabilidad social y compromiso moral aportar al desarrollo de ese  pueblo que a su vez se está empobreciendo.

De los acuerdos laborales pactados entre Luismin y el pueblo del Carrizalillo, la mayoría no se cumplieron. Frente a la imposibilidad de trabajar sus tierras, las cuales quedaron ocupadas por la empresa, los campesinos ya no tienen como sobrevivir.

Luismin había prometido que iba a contratar de manera masiva a los habitantes del Carrizalillo, sin embargo, solo 100 personas originarias del pueblo han sido contratadas de un total de 869 empleados. Además la mayoría de los empleados ni siquiera vienen de pueblos cercanos o del mismo estado, sino de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. Cabe destacar que quienes vienen de fuera gozan de mejores condiciones de trabajo (salario consecuente, prestaciones, etc.). De los cien trabajadores del Carrizalillo que han sido contratados, 70 son obreros con un salario de 540 pesos por semana (alrededor de 35 euros), sueldo muy bajo que no permite vivir de manera digna y menos cuando uno tiene carga de familia. Es vergonzoso constatar que una empresa se enriquezca de manera considerable saqueando las tierras de un pueblo y ni siquiera pueda proporcionar un salario digno a los empleados.

En el Informe previamente mencionado, la corporación Golcorp afirma que está emprendiendo programas de “vigilancia ambiental, restauración forestal y compensación ambiental.” Luismin no ha cumplido de manera satisfactoria ninguna de estas acciones, y por el contrario, los métodos de trabajo implementados desde que llegó han originado el deterioro del ecosistema de la región. Por ejemplo, la empresa utiliza el agua del Río Balsas para lavar el mineral y luego tira el agua nuevamente al río, lo que ha provocado una alta contaminación del Balsas, traduciéndose en enfermedades para la población y en la muerte de muchísimos peces, entre otros. La empresa niega rotundamente esas acusaciones y al contrario afirma ser una “empresa limpia”.

El  primero de abril, después de muchas negociaciones infructífera, se tuvo  una amplia negociación con el Director General de la empresa Luismin en México, Salvador García Ledesma, con quien después de siete horas de intenso diálogo se logró un acuerdo integral que de inicio es beneficioso para la comunidad del Carrizalillo, pero que sobre todo sienta las bases para ir construyendo una relación más equitativa entre la empresa y los ejidatarios como dueños de la tierra.

Se firmó un nuevo contrato con 23 cláusulas, entre las cuales destacamos:

Es importante mencionar que posiblemente en algunos rubros se pudo obtener mejores acuerdos sin embargo también los ejidatarios ya estaban cansados después de 82 días en paro. Un elemento que consideramos importante seguir trabajando con el poder legislativo es el relativo a la Ley Minera que establece condiciones sumamente beneficiosas para las empresas y no para los campesinos, por ello se debe reformar y por lo menos incluir una cláusula que las obligue a   invertir por lo menos el 1% de sus ganancias líquidas en beneficio de los pueblos que afectan con su trabajo minero.

Como Centro de Derechos Humanos, seguiremos trabajando con los ejidatarios de Carrizalillo, particularmente la idea que creen un sindicato y las condiciones ambientales en las que trabaja la empresa y en las que  debe dejar sus tierras.

Asimismo consideramos necesario monitorear las ganancias de Luismin y Goldcorp y estamos estudiando la posibilidad con los ejidatarios de contactar personal técnico capacitado que efectúe los estudios de subsuelo correspondientes para tener un indicador claro del monto de mineral que extrae  la empresa, pues en el fondo consideramos que la responsabilidad social de las empresas mineras debe contemplar un porcentaje de sus utilidades líquidas en beneficio de los pueblos afectados.