COMUNICADO | Gobierno Federal violenta los derechos laborales de las y los trabajadoras de la “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa, Guerrero

Gobierno Federal violenta los derechos laborales de las y los trabajadoras de la “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa, Guerrero

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 6 de julio de 2016.

El pasado jueves 29 de junio de 2017, del Gobierno Federal informó vía telefónica que 30 de las 59 mujeres que laboran en “Ciudad de las Mujeres” institución operada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), dejarían de trabajar ahí a partir del lunes 3 de julio, mientras que las 29 mujeres restantes sufrirán la reducción del 50% de su salario.

El anuncio realizado a las trabajadoras entre las que se encuentran abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, administrativas y de intendencia fue realizado de manera sorpresiva por funcionarios de SEDATU.

Cabe recordar que la creación y funcionamiento de la “Ciudad de las Mujeres” derivó de la violencia de género  que se vive en los 19 municipios que conforman la Región de la Montaña, dando cumplimiento a las obligaciones del Gobierno Federal para la erradicación de la violencia contra la Mujer. Un ejemplo de ello, son las recomendaciones emitidas  al Estado Mexicano, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me´phaa abusadas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano, donde es obligado a crear instituciones que se encarguen de brindar atención a las mujeres indígenas.

“Ciudad de las Mujeres” fue construido por el apoyo de el Banco Interamericano de Desarrollo, e inaugurado el 22 de julio de 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto. Si bien su funcionamiento en un inicio estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando Rosario Robles fue nombrada titular de SEDATU, la funcionaria atrajo a esa dependencia la operación del Centro cuyo objetivo es atender de manera integral a las mujeres de los 19 municipio de la Montaña de Guerrero para prevenir, atender y sancionar la violencia en su contra.

A raíz del anuncio inesperado las trabajadoras de la “Ciudad de las Mujeres”  tomaron el Centro y se plantaron a las afueras para denunciar que desde hace cuatro meses no reciben su salario ni los recursos para desempeñar su labor de manera efectiva, han sido las propias trabajadoras quienes con su dinero han tenido que comprar el material para que las mujeres que acuden a dicho espacio puedan ser atendidas.

Paradójicamente la instancia que se encarga de velar por los derechos de las Mujeres en la Montaña de Guerrero violenta y denigra los derechos de sus trabajadoras al no contar con un contrato laboral, adeudando cuatro meses de trabajo, realizando despidos injustificados, forzando al personal a laboral horas extras sin que estas sean remuneradas, sin ofrecerles servicio médicos  ni seguro de vida y mucho menos las prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo podemos hablarles de empoderamiento económico a las mujeres, si nuestros propios derechos están siendo pisoteados?, se preguntan las trabajadoras que al día de hoy llevan casi ocho días en vela en defensa de sus derechos y de los derechos de las mujeres de la región, sin que hayan tenido hasta ahora, alguna respuesta de las autoridades.

Recientemente, el 21 de junio de 2017, junto con Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla y Ometepec, Tlapa es uno de los ocho municipios del estado en donde la Secretaría de Gobernación emitió la alerta de género, lo que evidencia el nivel de violencia contra las mujeres en la región y por lo tanto la necesidad de la existencia y desempeño eficaz de un Centro como la “Ciudad de las Mujeres”.

En ese sentido, el actuar de las autoridades federales, en particular de la SEDATU, violenta no sólo a las trabajadoras sino a las beneficiarias de dicho Centro y viola el Artículo 18 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece como violencia institucional “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Asimismo el Gobierno Federal incumple las sentencias de la CoIDH en las que se establece como medida de reparación la construcción de un Centro para las Mujeres en beneficio comunitario.

Por lo anterior, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña la implementación cabal de las sentencias de la Corte en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo; así como la defensa de los derechos de las mujeres indígenas desde hace 23 años, hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, para que en el ámbito de su competencia giren a la brevedad las instrucciones necesarias para evitar la continuidad de las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras de la “Ciudad de las Mujeres”, así como contra los derechos de las mujeres de la región de la Montaña beneficiarias dicho Centro, quiebre se benefician a través del apoyo en juicios de paternidad, pensiones alimentarias, servicios médicos, jurídicos, psicológicos, capacitación para auto emplearse y continuar sus estudios, entre otros.

La existencia de este Centro -único en su tipo- y logrado a base de la exigencia y persistencia de Inés Fernández y Valentina Rosendo no puede quedar a la deriva ni dejar de ser una herramienta primordial para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres en una de las regiones más pobres y olvidadas de México.

Hacemos un llamado a las autoridades federales para que a la brevedad:

-Establezcan una mesa de diálogo con las trabajadoras de la “Ciudad de las Mujeres” para llegar a una solución que pondere sus derechos laborales y los derechos humanos de las mujeres.

-Reencamine su actuar hacia el cumplimiento cabal de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Como Tlachinollan estaremos atentas/os y daremos puntual seguimiento a las acciones que el Gobierno Federal emprenda para dar solución a este problema.

Llamamos a las mujeres de la región a estar atentas de lo que suceda con la “Ciudad de las Mujeres, así como a las organizaciones nacionales e internacionales para el acompañamiento y respaldo a la lucha de las mujeres que defienden los derechos laborales y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

 

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