Comunicado | Justicia olvidada: La violencia de género en la Montaña de Guerrero

El estado de Guerrero es una de las entidades  más peligrosas para las mujeres, en donde al menos 8 de los principales municipios de la entidad se les ha declarado en Alerta de Violencia de Género por la cantidad de feminicidios sucedidos en su territorio. Sin embargo, la violencia feminicida es sólo una de las múltiples violencias dirigidas en contra de las mujeres en la entidad, pues a ella se le suman la violencia obstétrica, trata de personas, matrimonios forzados, violencia sexual, tortura, desapariciones y la falta de acceso a la justicia. La discriminación, estereotipos y prejuicios en contra de las mujeres siguen vigentes en las instituciones, especialmente hacia las que son indígenas.

En septiembre de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó un documento sobre violencia contra las mujeres en el que se desagrega por género la información sobre la incidencia delictiva cometida a nivel nacional y las entidades federativas desde inicio de este año. En este compilado, se señala a nivel nacional un total de 726 casos tipificados como feminicidio, mientras se registran 2,107 casos de homicidios dolosos contra mujeres; es decir, sólo el 25% de los homicidios a mujeres son tipificados como feminicidios. Para el estado de Guerrero en cambio, se señalan 14 feminicidios mientras se registraron 130 casos de homicidios dolosos contra mujeres; es decir, menos del 10% del total de homicidios contra mujeres son tipificados como feminicidios. Ello, contrasta con la realidad que conocemos en la montaña de Guerrero y es muestra de la falta de perspectiva de género de las instituciones que omiten tipificar correctamente los feminicidios en la entidad.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” hemos acompañado durante más de veinticinco años a víctimas de violencia de género y a víctimas indirectas de mujeres asesinadas por sus esposos, concubinos, novios o conocidos con quien han tenido algún tipo de relación laboral, tanto en Tlapa como en comunidades lejanas; frecuentemente tenemos que librar batallas jurídicas para que las muertes violentas de mujeres por razones de género sean tipificadas como feminicidios. A pesar de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en 2016 y de que contamos con una Unidad Especializada en la Investigación del delito de feminicidio  desde 2018, fue hasta el 30 de julio del año 2019 que se logró vincular a proceso a un imputado por el delito de feminicidio, de una mujer indígena originaria de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, primer caso que se siguió como tal.

En materia de violencia sexual, el panorama es similar: no existe personal capacitado ni sensibilizado para atender este tipo de violencia y, aunque existen instituciones especializadas, estas no son suficientes y en ellas se continúan revictimizando a quienes acuden por apoyo. Si bien en las sentencias de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú se establece como medida de reparación “asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual sean proporcionados por las instituciones indicadas por México, entre otras, el Ministerio Público en Ayutla de los Libres, a través de la provisión de los recursos materiales y personales, cuyas actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones de capacitación”, ello no ha sido aplicado hasta el momento. Aunque existe una Fiscalía especializada en delitos sexuales y unidades y ministerios públicos encargadas de este tipo de violencia, no existe un verdadero fortalecimiento de las instituciones ni capacitación de las mismas.

En toda la región de la Montaña, existe únicamente una ministerio público especializada ubicada en Tlapa, que es encargada de atender los casos de violencia sexual y de género en los 19 municipios que conforman la Montaña, muchas de las víctimas que salen desde sus comunidades se enfrentan a un largo viacrucis para lograr llegar hasta la ciudad de Tlapa, la falta de personal es generalizada, pues no existen médicas legistas, psicólogas ni peritos intérpretes a los que puedan acceder de manera inmediata, por lo que la gran mayoría de mujeres prefieren no denunciar y si lo hacen, asumen un alto riesgo de que queden impunes los casos por la falta de datos de prueba ante la falta de evidencias, pues no existen mecanismos efectivos para brindarles medidas de protección adecuadas, especialmente en sus comunidades.

Además de las fiscalías existen diversas instituciones que se han creado en la entidad para atender la violencia de género como son Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Casas de las Mujer Indígena (CAMI), Ciudad de las Mujeres (ubicada en Tlapa de Comonfort), entre otros. Los centros de justicia y Ciudad de las Mujeres tienen fines similares, brindar espacios con abogadas, psicólogas y médicas que permitan una atención especializada; sin embargo, su operatividad es distinta pues no están a cargo de las mismas instituciones. Un Centro de Justicia se ubica la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y depende de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, mientras que el otro se encuentra en Tlapa de Comonfort y depende de la Secretaría de la Mujer de Guerrero. Por su parte, Ciudad de las Mujeres fue una iniciativa creada por Rosario Robles y que actualmente se encuentra adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Esta falta de homogeneidad en las políticas públicas para la atención de la violencia de género en el estado provoca la enorme deficiencia de dichas instituciones, pues no tienen un eje rector claro ni presupuesto asegurado para su funcionamiento. Tal como evidencia el informe Centros de Justicia para las Mujeres: Informe sobre el estado de la política pública a nivel nacional, publicado por la organización EQUIS: Justicia para las mujeres en estas instituciones hay una ausencia de protocolos o manuales homogeneizados sobre las funciones del personal que garanticen su idoneidad y en algunos casos se evidencia una falta de perspectiva de género y una promoción de estereotipos de género.

Esta situación no es exclusiva del sistema de justicia sino que es recurrente en todas las instituciones públicas en Guerrero, como el sistema de salud. La tasa de muerte materna en Guerrero es 2.5 veces más elevada que la tasa a nivel nacional. Desde nuestro trabajo hemos podido conocer y acompañar diversos casos de violencia obstétrica en donde son una vez más las mujeres indígenas quienes se enfrentan a la falta de atención adecuada o la inexistencia de hospitales cercanos a sus comunidades, así como el desabasto de medicamentos. Esta realidad lacerante es ignorada por las autoridades federales y locales, muestra de la discriminación hacia los sectores más marginados de la población, que afecta particularmente a las mujeres.

Desde Tlachinollan, acompañamos cotidianamente a mujeres víctimas de diversas violencias, y nos enfrentamos continuamente a los diversos obstáculos institucionales, en un contexto complejo de corrupción e impunidad. Es por ello, que en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exigimos a las autoridades federales y estatales que se creen políticas públicas eficaces para atender todo tipo de violencia de género y que se replanten la reforzamiento real de las instituciones que actualmente existen para la atención de violencia de género.