COMUNICADO | La impericia y la obsolescencia de los jueces

La impericia y la obsolescencia de los jueces

 

Tlapa de Comonfort, a 8 de marzo de 2017.- Guerrero es una de las entidades más afectadas por la violencia de género que ha sido minimizada por las autoridades del estado. Los episodios de la violencia intrafamiliar son parte de la normalidad que impera en nuestra sociedad. La indolencia de las autoridades permite que la barbarie feminicida se tolere y se aliente en los medios amarillistas como un espectáculo circense.

En los últimos tres años el Estado se ha mantenido en los primeros lugares en cuanto al índice de feminicidios perpetrados en las diferentes regiones de la entidad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la ONU-MUJERES[1], ubican a Guerrero en el tercer lugar.

Ante este incremento escandaloso de la violencia letal hacía las mujeres, el año pasado la asociación guerrerense contra la violencia hacia las mujeres, solicitó que se declarara una alerta de género en el Estado. Las autoridades por su parte evadieron este planteamiento y propusieron acciones que no van al fondo del problema. No obstante la discriminación, la recriminación y criminalización del sistema de justicia hacía las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia sigue vigente, sobre todo en quienes tienen la responsabilidad de combatirla.

Nuestro estado es un referente nacional de la violencia institucional castrense por los casos emblemáticos de Valentina Rosendo e Inés Fernández que tuvieron como resultado dos sentencias contra el estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son resoluciones paradigmáticas y obligatorias que todas las autoridades tienen que atender y dar cumplimiento. A siete años de la emisión de las dos sentencias, en Guerrero los jueces y juezas, no solo carecen de sensibilidad para tratar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres, sino que arrastran graves rezagos en cuanto al conocimiento y manejo de los estándares más altos a nivel internacional para brindar protección a los derechos de las mujeres.   Estas conquistas logradas a pulso por las mismas mujeres indígenas siguen siendo letra muerta en su práctica jurídica, porque a la hora de juzgar estos casos de violencia las atacan, las denigran, las revictimizan y lo que es peor se colocan del lado de los agresores.

Juana Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, dos mujeres indígenas nauas, víctimas de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual por parte de sus parejas, enfrentan procesos legales en su contra por actos de legítima defensa. No solo enfrentaron a sus agresores que tuvieron la intención de causarles graves daños, sino que tuvieron que enfrentar un proceso penal viciado que las colocó como responsables de lesiones agravadas que supuestamente padecieron sus parejas. Fuera de toda proporción y sin considerar el contexto de violencia y discriminación que enfrentan como mujeres pertenecientes a un pueblo indígena, la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos las condenó a más de un año de prisión y a la reparación del daño. Desde el mes de diciembre de 2016 Juana y Elvia padecen el calvario de la justicia misógina que en lugar de protegerlas las confina a pagar a un alto costo un delito que no cometieron y a vivir con el estigma de mujeres violentas como las calificó la misma jueza.

Estos casos demuestran cómo varios jueces y juezas siguen resolviendo de manera rudimentaria y sin perspectiva de género casos de violencia contra las mujeres, independientemente que haya avances en las leyes y existan protocolos para la adecuada atención de la violencia de género. Por acciones espectaculares no paramos, en marzo de 2015, el presidente de la republica Enrique Peña Nieto, inauguró en Tlapa de Comonfort la primera Ciudad Mujer en el país con el objetivo de brindar una atención integral, rápida y eficiente a las mujeres de la Montaña, respetando sus derechos humanos y su cultura. Lamentablemente para Juana y Elvia esta instancia protectora desconoce su situación como víctimas de la violencia y no encontraron ese apoyo rápido y eficiente.

En plena víspera del día Internacional de la mujer, no podemos permanecer impasibles ante tanta impunidad contra los perpetradores, ni dejar que las autoridades sigan siendo cómplices e indolentes ante este clima adverso que alienta el odio y la violencia contra las mujeres. En este día de memoria y combatividad, se enluta nuevamente la Montaña con el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de edad de la comunidad me’ phaa de la Taberna, anexo de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, quien fue asesinada por su pareja Juminiano Galindo el día de ayer.

Como Centro de derechos humanos de la Montaña exigimos a las autoridades de los tres niveles:

  • Que pare la violencia institucionalizada hacía las mujeres y el pleno respeto a sus derechos en total igualdad.
  • Se atiendan los tratados y recomendaciones internacionales a fin de erradicar la violencia de género y las fallas estructurales que la generan.
  • El cese de la recriminación y criminalización en casos de legítima defensa hacía una situación de violencia que no han sabido atender las instancias gubernamentales.
  • Que ante el grave incremento de feminicidios en el Estado, se declare de manera inmediata la alerta de género.

 

 

 

[1] Cfr: Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf.

La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014, publicación realizada por la Secretaria de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres y Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-MUJERES). Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf

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