Reunión de Obama y Peña Nieto a la par que EE.UU. evalúa la situación de derechos humanos en México

Washington, DC—Mañana los presidentes de los Estados Unidos y México se reunirán en la Casa Blanca. Esta reunión tiene lugar en un momento en que el Departamento de Estado evalúa si el gobierno de México ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia de EE.UU. en materia de seguridad. Bajo la Iniciativa Mérida, el otorgamiento del 15 por ciento de ciertos fondos está condicionado a que el Departamento de Estado de EE.UU. informe al Congreso que México está logrando avances significativos en el respeto a los derechos humanos en el marco de operaciones de seguridad.
De acuerdo con un memorándum preparado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en conjunto con seis líderes organizaciones mexicanas, estadounidenses e internacionales, este año México tampoco ha cumplido con los requisitos y, por lo tanto, el Departamento de Estado debe solicitar la retención de los fondos condicionados.
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Por primera vez en la historia, el Departamento de Estado decidió el año pasado no certificar a México basándose en su evaluación que no se habían cumplido las condiciones. «El gobierno mexicano tiene que mostrar auténtica voluntad política y la capacidad para investigar los abusos y lograr resultados creíbles», dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA. «Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel», dijo Meyer. Si bien México ha aprobado muchas leyes y protocolos, a menudo no se aplican en la práctica y las autoridades no han demostrado la voluntad de cambiar prácticas arraigadas, ni de hacer que los perpetradores de delitos rindan cuentas.

Con base en el memorándum, a continuación se exponen los cuatro requisitos de derechos humanos en la Iniciativa Mérida y se demuestra cómo el gobierno de México ha fallado en cumplirlos con éstos.

Requisito 1) El Gobierno de México está investigando y persiguiendo violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles.

• El gobierno no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves a los derechos humanos que ha investigado, ni sobre los resultados de estas investigaciones.
• A pesar de cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano la información públicamente  disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas.
• No han habido condenas en casos emblemáticos, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en Tlatlaya. Además, en ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas.
• En los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron.

Requisito 2) El Gobierno de México hace cumplir las prohibiciones contra la tortura y el uso de testimonios obtenidos mediante tortura.

• En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que las denuncias sobre tortura se duplicaron entre 2013 y 2014, cuando se registraron 2.420 casos
• A pesar de que las denuncias de tortura persisten bajo el gobierno de Peña Nieto, las investigaciones creíbles y condenas por esta práctica no han incrementado. A pesar de los miles de casos de tortura y malos tratos en México, sólo 15 personas han sido condenados por este delito.
• En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, casi el 80 por ciento de los sospechosos tenía signos de tortura o malos tratos.

Requisito 3) El ejército y la policía mexicana transfieren a los detenidos rápidamente a la custodia de las autoridades judiciales civiles, conforme a la legislación mexicana, y cooperan con las mismas autoridades en estos casos.

• A pesar de existir en papel, las bases nacionales de datos para monitorear detenciones no están completas.
• El gobierno mexicano ha omitido cumplir sus propias normas sobre detenciones y no proporciona al público información sobre éstas  en tiempo real.

Requisito 4) El Gobierno de México busca de manera efectiva a las víctimas de desapariciones forzadas, e investiga y enjuicia a los responsables de tales crímenes.

• Desde 2007, México ha registrado 28.189 desapariciones. Más del 54 por ciento de los casos registrados ocurrieron durante el gobierno del presidente Peña Nieto.
• Hasta febrero de 2015, el gobierno mexicano reporta únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a nivel federal por desapariciones forzadas.
• En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la policía local, es probable que funcionarios del gobierno hayan obstruido  la investigación llevada a cabo por el  grupo de expertos, reconocidos internacionalmente. Más de 21 meses después de la desaparición forzada, el paradero de los estudiantes aún se desconoce.
• No hay información confiable sobre cuántas de las desapariciones registradas son cometidas por las autoridades.

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