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COMUNIDADO | Once años de impunidad castrense ilustran el impacto de la militarización de la seguridad en México

 

 

  • A 11 años de la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, continúa la estrategia fallida de seguridad pública

 

Washington D.C y Tlapa de Comonfort, Guerrero, 22 de junio de 2020.- El 20 de junio de 2009, fue ejecutado extrajudicialmente en un retén militar el joven nahua Bonfilio Rubio Villegas por elementos del ejército mexicano. Su caso, como muchos otros en el país, se vio fuertemente marcado por un contexto de pobreza, desigualdad, militarización e impunidad.

En aquel día, Bonfilio abordó un autobús de la línea “El Sur” con rumbo a la Ciudad de México como parte de su camino hacia los Estados Unidos de América. Ese viaje era una respuesta ante la falta de oportunidades en la región. El autobús en donde viajaba fue detenido alrededor de las 22:30 en un retén militar ilegal, con el argumento de “revisión de rutina”. Después de detener arbitrariamente a uno de los pasajeros por llevar botas tipo militar, los elementos castrenses dispararon sus armas de fuego hacia el autobús, ejecutando en ese instante a Bonfilio.

Desde ese momento, la familia de Bonfilio inició una travesía incansable por alcanzar justicia. Su caso fue conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió una sentencia histórica en la que declaró inconstitucional el artículo 57 del Código Penal Militar y ordenó que el caso fuese conocido en la justicia civil. Sin embargo, aunque la investigación se trasladó al fuero civil, la línea de investigación impulsada en el fuero militar se mantuvo, por lo que en 2014 se absolvió al único militar procesado.

Ante la imposibilidad de acceder a la justicia en México, en enero de 2017 la familia decidió acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una petición que detalla las violaciones a derechos humanos en el caso, incluyendo al derecho a la vida y a la integridad personal, así como a las garantías judiciales y la debida protección judicial, todos ellos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso de Bonfilio retoma nuevamente gran relevancia ante la reiteración de la estrategia de militarización de la seguridad pública por parte de la actual Administración en México. El 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de materia extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Con este acuerdo presidencial, se extralimitan las facultades de las fuerzas armadas y se autoriza su despliegue en todo el país, permitiéndoles ejecutar detenciones, asegurar bienes, realizar control migratorio y su permanencia en las calles que se venía dando de facto con la Guardia Nacional. Todo ello, sin que exista una estrategia para el retiro paulatino de las fuerzas armadas, ni controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Además, la publicación de dicho acuerdo se dio en pleno contexto de la contingencia sanitaria, lo que imposibilitó su escrutinio y debate público.

Con esto, se vuelve a imponer el modelo de militarización del país que hemos visto en administraciones pasadas y que ha demostrado durante años no ser efectivo. Esta estrategia de seguridad fallida continuará perpetuando el pacto de impunidad que gozan las fuerzas armadas y que casos como los de Bonfilio no alcancen justicia en México. Reiteramos las recomendaciones realizadas por innumerables mecanismos internacionales que han señalado que se debe realizar un retiro paulatino de las fuerzas armadas y que su actuación siempre debe tener la supervisión de una autoridad civil, así como mecanismos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Seguimos luchando para que el caso de Bonfilio sea investigado correctamente y que las personas responsables de ejecución extrajudicial sean detenidas y enjuiciadas por estos hechos. Que la impunidad castrense no continúe.

 

¡BONFILIO, VIVE!

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Robert F. Kennedy Human Rights