LA INCANSABLE LUCHA de Júba Wajiín por ser y vivir como hijas e hijos del fuego.

Desde 2011 la comunidad de Júba Wajiín emprendió una lucha comunitaria y regional en la defensa de su territorio y su vida, frente a la política minera del Estado mexicano, después de que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía otorgara dos grandes concesiones sobre el territorio en el que coexisten sin haberles garantizado sus derechos.

 Ante el peligro que la minería a cielo abierto significa para la vida y los territorios de los pueblos originarios, y conociendo la experiencia de otros pueblos que padecen los estragos que el neo extractivismo ha generado, San Miguel del Progreso (Júba Wajiín) municipio de Malinaltepec, Guerrero, decidió emprender esta larga lucha que al día de hoy se encuentra más fortalecida.

Para hacer justiciables sus derechos colectivos, en 2013 la comunidad se vio en la necesidad de interponer un juicio de amparo2, mismo que en la etapa de revisión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la tramitación del amparo en revisión, las empresas dueñas de los títulos se desistieron de sus concesiones, lo que significó un gran triunfo para la comunidad y para la región de la Montaña, sin embargo, para la SCJN fue la base para sobreseer el amparo, sin entrar al análisis de la Ley Minera, la cual permite que actos violatorios a los derechos de los pueblos indígenas se repitan a todo lo largo y ancho del país.

La estrategia del gobierno y empresas de cancelar las concesiones mineras para evitar la discusión en vía judicial de la Ley Minera no fue pensada sin ser compensada posteriormente.

Amparo contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos: El proceso ante el Juzgado de Distrito

El 24 de noviembre de 2015 la Secretaría de Economía (SE) emitió la Declaratoria de Libertad de Terrenos 02/2015, por la que se declaraba la libertad de los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” y “Corazón de Tinieblas”, al quedar canceladas después de que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones se desistieron simultáneamente de sus títulos -en una clara estrategia para evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN- cuando la primera demanda de amparo interpuesta por Júba Wajiín frente a la amenaza minera estaba próxima a ser analizada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En dicha Declaratoria se estableció que los terrenos quedarían libres a los treinta días naturales; en consecuencia, el territorio indígena de San Miguel del Progreso se ofertaría de nuevo al mejor postor como si ellos, las hijas e hijos del fuego, no coexistieran ahí; abriendo la posibilidad de que las empresas que se habían desistido de sus concesiones obtuvieran nuevas concesiones sobre los mismos lotes mineros.

Ante la inminente afectación a su territorio y vida, el 11 de diciembre de 2015 la comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso interpuso una segunda demanda de amparo contra la expedición de la Declaratoria por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 166 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

La demanda de amparo fue admitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, el cual otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano impidiendo a la SE otorgar en concesión los lotes que amparaban las concesiones canceladas a empresas que así lo solicitaran, a partir de que surtiera efectos la emisión de la Declaratoria, hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente, por conocimiento previo, se remitió el amparo al Juzgado Primero de Distrito, radicado bajo el número de amparo 429/2016.

La SE en su informe justificado, señaló que a la comunidad quejosa no le es aplicable la Parte III del Convenio 169 de la OIT en tanto que no demuestran que su territorio y la vinculación que mantienen con éste se vea afectado con la expedición de la Declaratoria de Libertad de Terreno, y erróneamente argumenta que dicha acreditación es indispensable para que les sea aplicado la protección del Tratado internacional, por lo que no puede considerarse que la Declaratoria en mención sea una medida administrativa que afecte a la comunidad toda vez que su territorio no ha sufrido alguna alteración o modificación.

Además, argumenta que el derecho a la consulta no necesariamente trae aparejado el consentimiento, solamente en el caso de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio, situación que –consideran– difiere de la actividad minera por ser ésta una actividad de utilidad pública.

Del mismo modo, la Secretaría de Economía señaló que el derecho a la tierra no abarca derecho alguno sobre los minerales, el cual sólo puede ser otorgado exclusivamente por el Estado a través de concesiones, siendo esta propiedad estatal la única que se ve afectada y no así la propiedad de la comunidad, toda vez que la concesión minera implica solamente la explotación de los minerales que se encuentran en el subsuelo, sin que implique el traslado de la propiedad de las tierras sobre las que se ubican las concesiones mineras, desconociendo con ello las obligaciones que le surgen al Estado mexicano del Derecho Internacional en materia de derechos humanos.

Sin embargo, uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno Federal que causó gran indignación a la comunidad me’phaa fue el cuestionar su identidad como comunidad indígena.  La Dirección General de Regulación Minera sostuvo que la comunidad tiene la obligación de demostrar con prueba idónea y de manera fehaciente, la conciencia de su identidad en relación con su territorio ancestral así como que su cultura y valores espirituales revisten relación con las tierras o territorios, o con ambos.

Del mismo modo, el Gobierno Federal afirmó que si bien la calidad de la quejosa como comunidad indígena no está a discusión, es indispensable que los quejosos acrediten fehacientemente su vinculación con su territorio tradicional.

Para San Miguel del Progreso, al cuestionarse su identidad indígena, se cuestiona por ende su calidad como comunidad indígena, dado que pone en entredicho una de los principales criterios en que se fundamenta justamente su propia calidad como comunidad indígena.

En este contexto, el 8 de junio de 2016, la juez Estela Platero Salado ordenó de oficio el desahogo de la pericial en materia de antropología, con el fin de allegarse mayores elementos sobre la conformación, organización social, económica, cultural y política de la comunidad quejosa, así como la forma en que ocupa el territorio que abarca los lotes declarados libres, el vínculo espiritual con su territorio y las implicaciones que conlleva la Declaratoria de libertad de Terreno. Los peritajes de parte y el oficial fueron rendidos en los meses de julio y diciembre de 2016, respectivamente.

 En  suma, los dictámenes antropológicos confirman el carácter inescindible de la naturaleza agraria e indígena de la Comunidad de San Miguel del Progreso al señalar que es  una comunidad  indígena por formar una unidad sociopolítica que reconoce  sus  propias  autoridades, integrante del pueblo me’phaa con profundas raíces milenarias y que a lo largo de los siglos ha ido reconfigurando una identidad basada en el territorio y elementos culturales, mismo que concibe como un todo compartido con otros seres no humanos, materiales e inmateriales; con el cual mantienen una relación de respeto y cuidado, por ello sus instancias de gobierno y toma de decisión, tienen la firme convicción de defender lo que les permite la reproducción de su vida misma, en el caso concreto frente a la Declaratoria de libertad de terrenos, la cual coloca en riesgo su pervivencia y violenta sus derechos colectivos como comunidad indígena y agraria.

Señalaron además que la liberación de más del 80% del territorio de San Miguel del Progreso para actividad minera significaría cercenar el aprovechamiento integral y diferenciado que hacen de él, poniendo en peligro la continuidad, viabilidad y sustentabilidad de la comunidad sociopolítica me’phaa de San Miguel del Progreso.

La afectación e implicaciones de una posible intervención en el territorio que ocupa, posee y usufructúa de manera integral dicha comunidad, es notoriamente grave y absoluta. La importancia cultural de esta porción del territorio equivale a la importancia de la propia existencia de la cultura me´phaa de Júba Wajiín.” Así la declaratoria de libertad de terrenos contraviene lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sentenciado. Limita la posibilidad material y fáctica del control, puesto que no son ellos los que deciden qué escenario vendrá en su territorio, no tienen certeza jurídica, material y simbólica sobre su territorio.

Objeción de la Secretaría de Economía y la legitimidad de la comunidad de Júba Wajiín

Como era de esperarse, la Secretaría de Economía objetó los dictámenes periciales, y respecto de la calidad indígena de la comunidad señaló que con el dictamen rendido por el perito oficial “no se demuestra que San Miguel del Progreso sea un pueblo o comunidad indígena, por el contrario […] se señala que San Miguel del Progreso, en el siglo XIX, entre 1876-1886, aparece en los registros con la categoría de cuadrilla y con el nombre de Loma de Muerto y entrando el siglo XX, en 1930, aparece en los registros como San Miguel del Progreso del Municipio de Malinaltepec, es decir no se encuentra acreditado que sea pueblo indígena.”

La comunidad de San Miguel no está obligada a demostrar su identidad como pueblo originario, basta que se nombren como tal en ejercicio de su Derecho Constitucional a la Autoadscripción. 170 Pese a ello, la SE pasa por alto dos grandes hechos: uno que la comunidad de San Miguel no está obligada a demostrar su identidad como pueblo originario, basta que se nombren como tal en ejercicio de su Derecho Constitucional a la Autoadscripción; lo otro es justamente la demanda histórica de los pueblos al reconocimiento legal por parte del Estado mexicano de las tierras y territorio que ocupan, demanda por las que han dado largas luchas, algunas como la de San Miguel del Progreso rindieron sus frutos ya entrado el siglo XX cuando se les Reconoció y Tituló como Bienes Comunales.

En este sentido, el Reconocimiento de las tierras como Bienes comunales, por sí mismo evidencia la relación estrecha que la comunidad de Júba Wajiín (loma de muerto) guarda con su territorio, tal como se lo hicieron saber al Estado mexicano en 1943 cuando le solicitaron se iniciara el procedimiento para tal reconocimiento, y así recuperar legalmente lo que la invasión española, las políticas de los gobiernos que siguieron y la clase dominante les habían arrebatado y negado. Para acreditar la propiedad y posesión de sus tierras, los antepasados de Júba Wajiín presentaron ante el entonces Departamento Agrario por conducto de la Dirección General de Asuntos Indígenas, diversos documentos que amparaban los terrenos comunales que poseían, entre los que se encontraban los títulos de adjudicación individuales y la certificación municipal de 1931, mismos que fueron remitidos al Departamento Jurídico para su estudio y opinión.

Treinta años después la Reforma Agraria concluyó que dichos documentos acreditaban fehacientemente que San Miguel del Progreso detentaba bajo el régimen comunal la posesión de sus terrenos siendo procedente y legal el Reconocimiento y la Titulación de nuestros Bienes Comunales, sin embargo, la lucha legal continuaría otros treinta años para que el recién creado Tribunal Agrario dictara Sentencia, mediante la cual les reconoció la posesión de sus tierras bajo el régimen comunal.

En este contexto, el argumento del Gobierno Federal, se considera una afrenta contra sus antepasados, ya que no sólo se trata de negarles el derecho de San Miguel del Progreso a la procedencia de juicio de amparo, sino que con ello el Gobierno Federal niega su historia que es base de su identidad como Xabú (gente) Me’Phaa de Júba Wajjín, al tiempo que invisibiliza la larga lucha que libraron sus antepasados para lograr el reconocimiento de sus tierras.

Hijas e hijos del fuego

Como pueblo, su identidad es la base que guía su vida, sin eso, lo demás no se entiende. Su modo de ver el mundo, de entenderlo, de vivirlo, de integrarse a un territorio compartido con seres materiales e inmateriales no se entiende si no se conciben como hijas e hijos del fuego, con una historia propia que les recuerda el porqué deben luchar por ser y vivir como son.

Nombrarse y reconocerse como pueblo originario, como Júba Wajiín; para San Miguel del Progreso es un derecho ganado que nadie se los puede quitar o negar, hacerlo es una de las peores ofensas que se puede hacer contra su pueblo, sus antepasados y contra sus deidades que nacen y equilibran su mundo.

Los argumentos del Gobierno Federal evidenciaron que la obligación de hacer real la formalidad legal en materia de pueblos indígenas no es su prioridad, ante ello y con el fin de allegarle a la Jueza elementos para resolver el amparo con los más altos estándares en materia del Derecho a la Consulta, se presentó en el mes de noviembre de 2016 el Amicus Curiae “Estándares Comparados e Internacionales sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada” realizado por Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad– Dejusticia, Due Process of Law Foundation y la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa, quienes destacaron que una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de Amicus Curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano.

 

Una vez integrado el expediente de amparo, el 31 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia Constitucional en el Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de Chilpancingo, la cual contó con la presencia del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales. En ella se tuvo por relacionado las constancias de autos, y por rendidos los informes los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. La Jueza admitió y desahogó en la audiencia las pruebas documentales ofrecidas por la comunidad, así como las periciales en Antropología cuyo desahogo fue ordenado por el Juzgado.

De igual manera tuvo por admitida y desahogo el Amicus Curiae, y por relacionado los alegatos presentados por la comunidad. En este contexto, las autoridades agrarias, civiles y tradicionales acompañadas por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer el estado del juicio y hacer un llamado público a la Jueza de Distrito para que analizara a cabalidad el expediente, los antecedentes del caso y en consecuencia dictara sentencia de acuerdo con los más altos estándares de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena.

Finalmente el 28 de junio la Jueza Primero de Distrito Estela Platero Salado dictó la sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016.

Justicia innegable: la innovadora sentencia de amparo

En la sentencia, notificada el 30 de junio, se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la Comunidad de San Miguel del Progreso, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación y por ende demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado de respetar los derechos de la comunidad indígena-agraria de Júba Wajiín.

De la sentencia dictada por la Jueza Estela Platero Salado se desprenden aspectos relevantes e innovadores, los cuales enunciamos a continuación:

1.- La sentencia reconoce el derecho de la auto adscripción como criterio a seguir para determinar la identidad indígena y la protección especial de San Miguel del Progreso por parte del Estado.

La Juez señaló que la auto adscripción bastará y será el criterio a seguir para determinar si una persona es indígena, y por tanto, el elemento óptimo para poder determinar dicha calidad, con lo que surge la obligación del Estado de procurarle las prerrogativas a las cuales tiene derecho como tal.

Así, la auto-identificación que hace San Miguel del Progreso como indígena es suficiente para constatar su legitimación para instar al juicio de amparo en contra de las violaciones a sus derechos fundamentales colectivos. Además, la Jueza reconoce que -sin pasar por alto el reconocimiento que ha hecho el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas en el “Catálogo de localidades indígenas”-, la pertenencia como comunidad indígena de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero, está verificada con el Acta de Asamblea de órganos de representación y vigilancia.

2.- La sentencia establece que el interés legítimo es suficiente para cuestionar la Declaratoria de Libertad de Terrenos, al aducir afectaciones a la esfera jurídica de San Miguel del Progreso como colectividad, respecto de la cual la norma protege determinados derechos.

 En la resolución se establece que el interés legítimo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado (en grado mayor al interés simple) respecto de la legalidad o no de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad identificada e identificable.

De ahí que San Miguel del Progreso tiene una posición cualificada y jurídicamente relevante, no sólo por su pertenencia al grupo específico indígena que conforma la Comunidad de San Miguel del Progreso, sino porque la Declaratoria de libertad de terrenos 02/2015 se emitió en superficies que consideran forman parte de su territorio.

3.- La sentencia señala la relación estrecha que existe entre el derecho a la consulta y los derechos a la libre determinación, integridad del territorio, a la protección para conservar su vida comunitaria como derechos de la comunidad de San Miguel del Progreso que deben ser protegidos.

 La juez señala en la sentencia que el derecho a la libre determinación, garantizado por la Constitución y Tratados Internacionales no permite injerencia de entes extraños que los menoscaben, sin consultarlos o sin su consentimiento dependiendo del caso en concreto.

4.- La sentencia precisa que el derecho a la consulta debe garantizarse incluso en casos en que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo.

 La sentencia precisa que el derecho que tiene el Estado a regular la actividad minera, no implica que pueda desconocerse los derechos de la comunidad que impida la procedencia del juicio. 176 sentencia precisa que el derecho que tiene el Estado a regular la actividad minera, no implica que pueda desconocerse los derechos de la comunidad que impida la procedencia del juicio. En consecuencia, cualquier determinación unilateral de la autoridad que incida en lo bienes o derechos comunales afecta la esfera jurídica de la comunidad, mina el derecho a ser consultada y a decidir sobre cualquier cuestión relacionada con su vida comunitaria.

5.- La sentencia reconoce que el concepto de territorio que prevé el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT es más amplio que el concepto de propiedad sobre una tierra toda vez que comprende el uso y disfrute de los recursos naturales desde la cosmovisión de la comunidad.

En la resolución de amparo la Jueza precisó que el derecho al territorio implica una concepción más amplia que el de propiedad, al representar más que un elemento material, constituido por un elemento espiritual, tradicional, incluso de sustentabilidad, mismo que comprende el uso y disfrute de los recursos naturales en su entorno; de tal modo que la protección efectiva de los recursos presentes en los territorios indígenas, requiere que se garantice el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.

 6.- La sentencia establece que la relación que mantiene la comunidad de San Miguel del Progreso con su territorio no se da desde la concepción del desarrollo económico sino desde la cosmovisión comunitaria.

La Juez señala en base a los dictámenes en materia de antropología que la relación que mantiene San Miguel del Progreso con sus tierras no es meramente una cuestión de posesión, producción y explotación, sino una relación directa con los derechos a su existencia como comunidad, visto no desde la concepción del desarrollo económico, como puede ser la explotación minera, sino desde la cosmovisión de la comunidad, que implica el respeto de esa vida que en conjunto han decidido, independiente de que comulgue o no con la idea de progreso planeado o delineado por el Estado, que no puede ser impuesta sino consultada y aceptada.

 7.- La sentencia establece que la Declaratoria de libertad de terrenos es un acto real y actual que implica el inicio de un procedimiento tendente a otorgar concesiones mineras.

 La juez señaló que la Declaratoria de libertad de terrenos es un acto que implica ejecución al publicarse en el Diario Oficial de la Federación e inicia un procedimiento tendente a otorgar concesiones mineras, pues convoca a cualquier interesado a presentar solicitudes de concesiones mineras para la explotación de las tierras comunales, independientemente de que si dichas solicitudes se concretan.

 8.- La sentencia resalta que la obligación por parte del Estado de consultar a la comunidad de San Miguel del Progreso, no depende de la demostración de una afectación directa a la propiedad, sino de la simple susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse.

 La Juez señaló que si bien la Declaratoria no es un acto privativo de la propiedad de la comunidad indígena quejosa, la sola posibilidad de afectación a su derecho de mantener la integridad de su territorio hace necesario que prevalezca la protección amplia para la comunidad indígena quejosa; toda vez que se tratan de terrenos que ocupa y que conforma el territorio de un grupo que cuenta con normas de protección especial y extraordinaria como el derecho a ser consultados de manera previa. Así, al declarar unilateralmente la autoridad responsable la libertad de los terrenos para ser explotado en el ramo de la minería sin la consulta previa, interfiere en el libre ejercicio de sus derechos comunales y genera incertidumbre jurídica, no obstante que la autoridad sabe que la comunidad de San Miguel del Progreso se ubica parcialmente sobre las tierras declaradas libres.

9.- La Sentencia pondera los dictámenes periciales en materia de antropología como idóneo para demostrar que el territorio declarado libre se encuentra ocupado por la comunidad de San Miguel del Progreso, con el cual la comunidad mantiene un vínculo cultural particular.

Los peritajes antropológicos fueron determinantes para demostrar que los terrenos que abarca la Declaratoria de libertad de terrenos forman parte del territorio que ocupa San Miguel del Progreso desde tiempos ancestrales y del cual depende su sobrevivencia como comunidad. El fallo determinó que existe un vínculo entre el territorio declarado libre y el que defiende la comunidad, sin necesidad de discutir en cuanto a la superficie que quedó comprendida dentro de la declaratoria de libertad de terrenos, sea o no propiedad de la comunidad, dado que el concepto de territorio es más amplio que el de la propiedad; máxime que ninguno de los peritos informó que tengan como actividad preponderante la minería o que exploten en su territorio (con vocación minera) el subsuelo o centren su actuar en una actividad parecida. En tal contexto, la injerencia del Estado, mediante una Declaratoria de libertad de terrenos ocupados por San Miguel del Progreso interfiere en la forma de vida de la comunidad.

10.- La sentencia concluye que la Declaratoria de libertad de terrenos es ilegal en tanto la autoridad responsable violentó los derechos reconocidos a la comunidad de San Miguel del Progreso.

La juez sentenció que si bien la Ley Minera dispone la emisión de la Declaratoria de libertad de terrenos una vez canceladas las concesiones, la norma que lo establece debe ser interpretada y aplicada conforme con la Constitución, de manera que respete los derechos de las comunidades, entre ellos los contenidos en los artículos 2 y 27 constitucionales, al no haberlo hecho, resulta que la Declaratoria no está apegada a derecho, porque nada impedía a la autoridad efectuar la consulta, que no es discrecional sino obligatoria apegándose a los estándares internacionales.

11.- La Sentencia reconoce los principios y características mínimas que debe contener el procedimiento de Consulta a los pueblos indígenas bajo los parámetros fijados en el Convenio 169 de la OIT y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La juez señaló que la Consulta debe ser: endógena, libre, pacífica, informado, democrática, equitativa, socialmente responsable, autogestionada, previa, culturalmente adecuada, de buena fe. En tal contexto, la Secretaría de Economía, previo a expedir la Declaratoria de libertad de terrenos 02/2015, tenía la ineludible obligación por imperativo constitucional e internacional, de respetar los derechos de la comunidad indígena, al tratarse del territorio que ocupan, entre ellos, el Derecho a la Consulta de acuerdo a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los derechos humanos.

12.- La sentencia incorpora estándares que emanan del Derecho Internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas.

Para el análisis del caso y toma de decisión, la jueza invocó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Convenio 169 de la Organización Interna-cional del Trabajo; la Recomendación General número 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas sobre “Los derechos de los Pueblos Indígenas”; así como las Sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Saramaka vs Surinam.

13.- La sentencia señala que la falta de consulta a la comunidad indígena da lugar a una serie indeterminada de litigios en defensa de sus derechos.

La juez precisó que al incumplir la autoridad responsable su deber de consultar a la comunidad de San Miguel del Progreso, al ser inadmisible una Declaratoria de libertad de terrenos que evidentemente están ocupados, menoscaba sus derechos, al no poder participar desde el inicio, sino hasta que algún particular pida y obtenga la concesión, dando lugar así a una serie de litigios en defensa de sus derechos comunales, que generan gastos, pérdida de tiempo y cansancio grupal, sin retribución en costas o indemnización por actos del Estado relacionados con su diverso derecho para lograr la explotación minera en el territorio de San Miguel del Progreso, que está condicionado al respeto a sus derechos colectivos.

14.- La sentencia estableció como efectos los siguientes:

A) Que el Secretario de Economía, a través del Director General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, deje insubsistente la Declaratoria de libertad de terrenos 02/2015, en la parte concerniente a los lotes mineros incluidos en los títulos de concesión minera 233560 y 237861, relativos a los lotes denominados “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” y “Corazón de Tinieblas”.

B) De insistir en continuar con el procedimiento, una vez insubsistente la Declaratoria de libertad de terrenos 02/2015, debe respetar los derechos de la comunidad de San Miguel del Progreso, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, como es el derecho a la consulta en los términos indicados en esta sentencia.

C) En tanto que el Director General Adjunto del Diario Oficial de la federación tendrá que dejar sin efectos la publicación de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, respecto de la Declaratoria de libertad de terrenos 02/2015.

 Sentencia: Logro inédito para una comunidad indígena, y en reconocimiento a la lucha milenaria e incansable de la comunidad me’phaa

Así, la Sentencia dictada por la Jueza Primero de Distrito en el amparo 429/2016, es un logro inédito para una comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso por defender su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto.

Por primera vez se ordena judicialmente a la Secretaría dejar insubsistente una Declaratoria de Libertad de terrenos por violentar derechos colectivos de los pueblos indígenas, además porque se ordena que en caso de que la Secretaría de Economía pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso deberá cumplir con su obligación Constitucional y Convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

La decisión tomada por la Juez es trascendental en la vida de la comunidad, dado que no está ordenando que se subsane el procedimiento que originó la emisión de la Declaratoria sino obliga a dejar sin efectos el acto violatorio para que de esta manera se garantice adecuadamente los derechos colectivos entre ellos, el de la consulta, cumpliendo así con los más altos estándares en la materia.

Con esta decisión se evita que el territorio de San Miguel del Progreso sobre el que se encontraban los lotes mineros Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas pueda ser ocupado para la actividad minera sin garantizarle a Júba Wajiín sus derechos colectivos. De esta forma, la sentencia dictada beneficia de manera indirecta a 11 núcleos agrarios cuyos territorios se encontraban dentro de los lotes que fueron declarados libres a través de la Declaratoria de libertad de terrenos y que ampararon las concesiones mineras “Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”.

Frente a esta decisión judicial, el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas no impugnando la sentencia obtenida por la comunidad, porque de hacerlo redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria de Júba Wajiín.

Esta decisión de la Jueza es trascendental ya que por primera vez un Juzgado federal ordena que en caso de que la Secretaría de Economía pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso deberá cumplir con su obligación constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Júba Wajiín frente al Estado mexicano, reafirma su decisión de luchar por ser y vivir como hijas e hijos del fuego

Ante el peligro que la minería a cielo abierto significa para la vida y los territorios de los pueblos originarios, y conociendo la experiencia de otros pueblos que padecen los estragos que el neo extractivismo ha generado, San Miguel del Progreso decidió emprender esta incansable lucha que al día de hoy se encuentra más fortalecida. Esta lucha emprendida por Júba Wajiín frente al Estado mexicano, no sólo es jurídica, sino es una lucha de dos mundos contrapuestos; dos visiones distintas.

Una donde la naturaleza es un ente estrechamente ligado al bienestar de la comunidad (porque de su equilibrio depende la supervivencia de los hombres y mujeres que en ella coexisten), mientras que en el otro, es un recurso. Una, donde la tierra es la madre que alimenta, mientras que para los otros es una mercancía que debe ser explotada sacando el mayor beneficio económico. Bajo esa lógica mercantilista, para el Estado mexicano, las exigencias de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios se torna un obstáculo para los intereses del gran Capital.

Como todos los pueblos originarios de este país, San Miguel del Progreso ha padecido la ambición y el desprecio de los gobernantes y de la clase que maneja la maquinaria de despojo. Históricamente, el Estado ha negado su reconocimiento y sus derechos, para luego utilizar a su conveniencia la situación que ha creado para terminar de negarles su existencia. Ese pasado sólo los pueblos parecen recordarlo y de esa memoria basan la resistencia que ahora llevan a cabo.

En ese contexto de apuestas contrapuestas, la lucha por la protección del territorio es vital. Para las y los Me’Phaa de San Miguel del Progreso, el territorio no termina con la superficie en que habitan o con los bienes naturales que en ellos existe, abarca sus deidades sagradas, a las que le deben el origen de los seres y el equilibrio del mundo; de la integración justa entre las comunidades y la naturaleza depende su pervivencia como pueblo. Mediante los rituales refrendan el compromiso de integración respetuosa y el diálogo directo con Mba’tsún, Begóo, Kumbaa, que son el principio de la vida, al tiempo que alimentan el espíritu y la relación con el territorio que habitan.

Por ello, para San Miguel del Progreso, la concesión del amparo contra una decisión unilateral que oferta su territorio al mejor postor –como si ellos no existieran– es un triunfo histórico que les impulsa a seguir organizándose local y regionalmente, a no ceder ante las injerencias externas sobre su vida. Este triunfo reafirma su decisión de luchar por ser y vivir como hijas e hijos del fuego, porque ello además no es una opción sino un compromiso con su historia, con sus antepasados, con las generaciones por venir y con los seres con los que conviven, por lo que sin duda, Júba 5 Abuela y Abuelo Fuego, Padre Rayo y de la lluvia y Madre Tierra. Wajiín seguirá caminando al lado de los pueblos de la Montaña y del país, para hacer frente a la embestida neoliberal y extractivista que contra su vida y territorio se cierne desde arriba.