La Guerra cruel

22 de febrero de 2010

El respaldo incondicional y acrítico que de manera invariable brindan las autoridades federales y estatales al Ejército Mexicano, ponen de manifiesto el carácter guerrerista y antidemocrático de estos  gobiernos.   El Ejecutivo estatal aprovecha cualquier oportunidad para asumir  los roles de vocero y abogado del Ejército. Hay un empeño permanente por eximir de toda culpa a los elementos castrenses  y por desacreditar las denuncias y quejas interpuestas por las víctimas y los organismos de derechos humanos. Al poder legislativo le tiene sin cuidado el sufrimiento de sus representados. La actitud de los diputados locales es pusilánime, les tiembla la mano para señalar  las arbitrariedades del instituto castrense y para exigir respeto a los derechos humanos Nadie en el gobierno se atreve a alzar la voz en nombre de los campesinos y jóvenes que han sido torturados, amenazados y asesinados. Lo grave es que este frente bélico es expansivo y busca confrontar a la sociedad, se ha impuesto por encima de las autoridades civiles y de nuestro  marco normativo. La clase política se ha atrincherado cómodamente  con el ejército, para encubrir sus flaquezas y su diezmada credibilidad.

Estamos ante una guerra cruenta y desigual  donde  impera la ley  de quienes tienen el poder de las armas. Da la impresión de que somos un Estado abandonado, sometido por las fuerzas del orden donde los tratados internacionales de los derechos humanos que han firmado los gobiernos, son simplemente letra muerta o acuerdos de papel. En estas circunstancias todos somos víctimas de una guerra cruel, donde la vida no vale nada.

Nuestra democracia no está  cimentada  con instituciones solidas y dentro de un marco jurídico que privilegie el respeto a los derechos humanos, más bien nuestra democracia está sostenida por un aparato represivo que se ha especializado en proteger a los gobernantes para salvaguardar sus intereses políticos y económicos. El gobierno se ha declarado incompetente para combatir  el crimen organizado y para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Ha claudicado en sus funciones fundamentales de proteger y defender los derechos básicos de la población. El sistema de justicia está colapsado a causa de la corrupción y la  impunidad que forman parte del muro de la ignominia. Los gobernantes han perdido el rumbo y solo patinan en el fango del autoritarismo.

Ante la ausencia de un proyecto político incluyente, las autoridades simplemente se reducen a reproducir políticas impuestas por el poder central, mostrando en todo momento sumisión, servilismo y flaqueza intelectual. Las posiciones autoritarias de los gobernantes y sus actitudes  intolerantes y cerradas  son síntomas del grave cuadro de carencias democráticas que no permiten al régimen sostenerse por sí mismo, por eso el Ejército es la tabla de salvación para aplicar sus políticas por encima de la voluntad popular.

En nuestro estado las aspiraciones democráticas de los guerrerenses quedaron truncas por la incapacidad de los gobernantes que no tuvieron la estatura ni el valor para arrancar de tajo el cáncer de la corrupción. En lugar de pactar con la ciudadanía, el ejecutivo estatal prefirió pactar con las elites y mantener intacta la estructura caciquil: las demandas incumplidas de justicia y seguridad forman parte del fraude más grande que cometió este gobierno al pueblo de Guerrero; la Procuraduría de Justicia sigue siendo una concesión para los grupos del poder caciquil que tienen bajo su control a los mandos de la Policía Ministerial; la Secretaria de Educación fue cedida a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, para saldar el favor obtenido con el voto corporativo del magisterio; la Secretaría de Seguridad Pública quedó en manos de un general del ejército para estrechar las relaciones con las elites militares y dejarles  todo el trabajo relacionado con el crimen organizado, la guerra contra el narcotráfico y la lucha contrainsurgente; las Secretarias de Salud,   Desarrollo Social y Desarrollo Rural quedaron entre el grupo compacto del gobernador para maniobrar con los recursos públicos de acuerdo a los intereses y prioridades del nuevo gobierno.

Los saldos de estos pactos políticos son sumamente desalentadores y patéticos: a la población se le intentó desmovilizar con el cuento de que con el nuevo huésped de Casa Guerrero, los problemas añejos se resolverían en automático. El amago político, la represión policiaca y la criminalización de la lucha social fueron las marcas indelebles de un gobierno disfrazado de demócrata.

Las organizaciones sociales y civiles en su momento se aprestaron para buscar un acercamiento con las nuevas autoridades, dando por hecho su inclusión en el proceso de transformación democrática. Nadie se preparó para enfrentar las órdenes de aprehensión y los procesos penales, mucho menos para invertir  energías y dinero para sacar a los compañeros de las cárceles. Tampoco se vislumbró un escenario hostil y sanguinario llevado al extremo con las decapitaciones y descuartizamientos. La violencia y la inseguridad se impusieron por encima de la ley y de las fuerzas del orden. Los periodistas y defensores de derechos humanos  pagaron su cuota de sangre en esta guerra cruel, donde las autoridades del Estado se han desentendido de sus responsabilidades para garantizar las condiciones básicas para el desempeño de su trabajo. Era impensable que en esta etapa de la alternancia del poder  afloraran los crímenes políticos y que los perpetradores de estos delitos quedaran protegidos con el manto de la impunidad.

En plena euforia del bicentenario, donde aparecen frases huecas y eventos fútiles, los guerrerenses seguimos sumergidos en una guerra cruel, donde los pobres son los perseguidos, los criminalizados, los asediados, los estigmatizados, los sentenciados a vivir en la zozobra.

Las luchas históricas del pueblo de Guerrero parecen perder la batalla ante tanta pobreza y tanta violencia. Lo más cruento de este gobierno es que se ha alineado dentro de las filas del ejército, utilizando un discurso temerario que justifica en todo momento la militarización sin atender las denuncias y reclamos de los agraviados, quienes de manera directa sufren  detenciones arbitrarias, cateos ilegales, homicidios extrajudiciales, torturas y amenazas.

Desde el tiempo de la guerra sucia hasta nuestros días las autoridades estatales y federales siempre han absuelto a las autoridades castrenses que violentan los derechos de la población indefensa. Desde Rosendo Radilla, un campesino que fue desaparecido el 25 de agosto de 1974, hasta Juan Alberto Rodríguez un joven de 18 años, originario de Tlacotepec, que fue asesinado a golpes por elementos castrenses, el 12 de febrero de este 2010, las autoridades civiles se niegan a investigar estos delitos con el argumento falaz de que la Procuraduría de Justicia Militar es el órgano competente para realizar las indagatorias. El fuero militar ha servido para mantener en la impunidad las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército. A nivel federal los ciudadanos no tienen el derecho de acceder a una justicia imparcial e independiente, por eso la lucha de Tita Radilla tuvo que trascender nuestras fronteras nacionales para litigar el caso de su padre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este esfuerzo heroico de una defensora incansable, logró que la CoIDH declarara al Estado Mexicano como responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, durante la llamada guerra sucia. En esta sentencia la CoIDH ordenó al Estado Mexicano la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar porque es incompatible con el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No obstante esto, las autoridades civiles y militares siguen actuando en sentido contrario.

La CoIDH declaró por unanimidad que el Estado Mexicano es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, por lo mismo lo insta a investigar estos hechos deleznables para castigar a los responsables. También le demanda que continúe con la búsqueda efectiva y la localización inmediata de Rosendo Radilla, le pide que adopte reformas legislativas y que repare los daños.

Es muy grave que las autoridades del Estado sigan empeñadas en justificar las actuaciones ilegales del Ejército  y que asuman posiciones sin sustento legal con el fin de avalar una guerra fallida del ejército, ignorando las denuncias de las familias que han sufrido alguna violación a sus derechos humanos. Lo que más preocupa es que las autoridades civiles  sean cómplices de una guerra cruel que se focaliza contra los campesinos e indígenas que se organizan y protestan.