• La falta de empleo y las fallidas políticas publicas de los gobiernos, mantienen vigente el fenómeno.
• Migran indígenas nahuas, me´phaa y na´savi de unas 300 comunidades que pertenecen a ocho municipios pobres.
• En 2006, unos 40 mil 207 jornaleros agrícolas salieron de Guerrero, de éstos 14 mil 21 son de la Montaña.
• Prevalecen las condiciones inhumanas en los campos agrícolas y la invisibilidad de los indígenas en la ley.
• Continúa la impunidad e injusticia en el caso del niño, David Salgado.

Tlapa, Guerrero, México, a 31 de agosto del 2007.- La precariedad creciente de las condiciones de vida en los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero y la falta de posibilidades reales de empleo en esa región, siguen reproduciendo la grave problemática de la migración -temporal y periódica- de jornaleros agrícolas que provienen de unas 300 comunidades nahuas, me´phaa y na´savi, que pertenecen a municipios catalogados por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), como de bajo desarrollo humano, por sus altos grados de marginación y pobreza extrema que presentan.

Anualmente la temporada alta de la migración se registra de septiembre a enero. Durante estos cinco meses, hombres, mujeres, niñas y niños indígenas, se concentran en la ciudad de Tlapa –antes lo hacían mayoritariamente sobre el cauce del río El Jale y hoy en la Unidad de Servicios Integrales (USI) del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)– en espera de los camiones que los trasladarán hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Ciudad Altamirano (en el estado de Guerrero), entre otros. A diario salen de tres a cinco autobuses, aunque en noviembre y diciembre, sobre todo después de las festividades religiosas, se ha contabilizado la partida de hasta 15 unidades.

De acuerdo con cifras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, en el 2006 migraron de Guerrero unos 40 mil 207 jornaleros, de los cuales 14 mil 21 son indígenas de la región de la Montaña. Entre éstos registraron 7 mil 127 hombres y 6 mil 894 mujeres.

Por rango de edad, esa dependencia ubicó que de los 14 mil 21 migrantes, 7 mil 629 tenían de 15 a 59 años de edad; 3 mil 442 entre seis y 14 años; mientras que 2 mil 728 eran menores de cinco años ¬¬–incluyeron a niños recién nacidos y por nacer, en este último caso contaron a las mujeres embarazadas-; y sólo 222 rebasaban los 60 años.

Aun con dicho registro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan estima que hay unos 3 mil jornaleros que siguen migrando por cuenta propia, o no son registrados por el PAJA debido a que los enganchadores los trasladan directamente. A pesar de eso, se avizora que para este año puedan llegar a registrarse hasta 18 mil indígenas, pues poco a poco esa población fluctuante conoce que existe el Programa Emergente que está a cargo del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña –integrado por Tlachinollan, jornaleros y representantes de dependencias en el ramo, tanto estatales como federales– y que ésta a su vez cuenta con un espacio físico (en la USI en Tlapa) en donde les brindarán alimentos calientes durante esta temporada de migración, mientras estén en espera de la salida del autobús que envía la empresa que los contrató. También saben que ahí pueden ser registrados por el personal del Programa de Jornaleros (PAJA).

Bajo ese tenor resulta altamente preocupante y critico que a un día de que comience la temporada alta de la migración –y que en las dos primeras semanas de septiembre tan solo se estiman que llegaran unos mil indígenas-, no esté en optimas condiciones el módulo del servicio médico y que es prioritario sobre todo para las mujeres embarazas, así como para las niñas y los niños indígenas que generalmente presentan altos grados de desnutrición o cuadros diarreicos agudos. También es sumamente cuestionable que la USI ¬¬¬–que se encuentra instalada en el inmueble de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Tlapa- tampoco esté apto en el otorgamiento de los servicios que brinda (sanitarios, regaderas), a los jornaleros durante esta temporada.

Durante su salida y estancia en los campos agrícolas, previo a su regreso al lugar de origen, los jornaleros sufren diversas violaciones a sus derechos humanos y laborales. Esta ONG recibió durante el primer semestre de 2007, cerca de 30 quejas, principalmente relacionadas con los bajos salarios que perciben, los tratos inhumanos que reciben por parte de los empresarios, situaciones de discriminación así como de intimidación con cuerpos policíacos; la falta de transporte y de alimentos para su regreso, además de deficiencias en los servicios médicos.

Ésta, es una situación que año con año enfrentan miles de jornaleros que provienen de municipios como: Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán, entre otros. En estos dos años y medio en que ha operado el Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales de Tlachinollan, ha sido visible que son las niñas, niños y las mujeres, los sectores más vulnerables.

Frente a ese contexto, Tlachinollan considera que para el Estado Mexicano el migrante o el jornalero agrícola en particular, sigue siendo invisible, tan sólo por su condición indígena. Lo mismo se refleja en la Constitución Mexicana, específicamente en la Ley Federal del Trabajo, en donde no se tipifica el trabajo eventual y no hay sanciones de ningún tipo por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para las empresas agrícolas, mucho menos una vigilancia, control y monitoreo de las condiciones en que estas empresas operan.

Por lo tanto parece que no importa el nivel de explotación que ahí impera, aún cuando se trata de mano de obra calificada. Y en cambio siguen siendo evidentes las fallas que existen en las políticas públicas de los gobiernos, y en la misma agenda nacional, ya que el tema de la migración interna presenta serios vacios, a pesar de que en nuestro país hay casi tres millones de jornaleros agrícolas.

A nivel local, la problemática tampoco ha sido atendida de fondo por parte de las autoridades del gobierno de del estado de Guerrero, y es que aún no se generan las condiciones para que los jornaleros puedan estar arraigados en su lugar de origen. Por el contario, es una situación que solo ha demostrado dicho sector es sumamente vulnerable, por las condiciones de explotación laboral en las que desempeña sus actividades, mismas que jamás serán reconocidas por los empresarios agrícolas. Mucho menos van a reconocer que esta mano de obra que contratan proviene de mujeres, niñas y niños indígenas. Como lo fue el caso del menor David Salgado Aranda, quién lamentablemente perdió la vida al ser atropellado por un tractor el pasado 6 de enero de 2007, mientras recolectaba tomates en uno de los campos de la empresa Agrícola Paredes.

Diferentes organizaciones sociales y civiles se unieron para denunciar este hecho y exigir justicia junto con los padres de David Salgado. El caso también fue respaldado por el Relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge A. Bustamante, quien en su momento llego a declarar que: “El caso del niño David, es un ejemplo de la explotación infantil laboral que se da en los campos de jornaleros agrícolas en Sinaloa, México, y de cómo el gobierno federal y estatal no están cumpliendo con su obligación de hacer cumplir la ley de prohibir el trabajo infantil ni está haciendo nada concreto para pensar que van a cambiar las cosas respecto de la violación de la normatividad internacional que prohíbe el trabajo infantil".

El caso de David Salgado Aranda es un claro ejemplo de la impunidad y de la injusticia que prevalece en nuestro país, ya que hasta el momento no ha habido una respuesta favorable y real de responsabilidad social por parte de Agrícola Paredes.

Por lo tanto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, demanda que:

• El caso de David Salgado Aranda ameritó el pronunciamiento específico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) exhortando al gobierno federal a velar; por la seguridad física y la protección integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, a no exponerlos a los riesgos de trabajo en los campos agrícolas y asegurar que puedan ejercer sus derechos básicos, particularmente el de una educación de calidad, para lograr que ningún niño o niña se vea obligado a trabajar y a abandonar la escuela”.

• A pesar de la exhortación hecha por la UNICEF y la evidente tragedia sufrida por la familia Salgado Aranda con la pérdida de la vida de su hijo David; su muerte permanece hasta el día de hoy impune y sin justicia, pues la empresa agrícola Paredes sólo se ha responsabilizado de los gastos funerarios y una cantidad monetaria que entrego en un primer momento, pero nunca se inició una investigación, ni se sanciono a la empresa.

• En principio de cuentas exigimos el pago de una indemnización justa y digna a los padres de David Salgado Aranda, pues es la impunidad uno de los factores principales que permite que la explotación infantil laboral persista en nuestro país, y es la resolución justa de este tipo de casos lo que puede representar un ejemplo a seguir.

• Urgimos al Estado a que se responsabilice para garantizar condiciones dignas de contratación y traslado de los jornaleros migrantes, así como la vigencia de sus derechos a la educación, salud, vivienda y alimentación en los campos agrícolas, en cumplimiento de los compromisos internacionales ratificados por México como la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, La Convención de Derechos del Niño, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio 182 de la OIT relativo a la Prohibición de las peores formas de Trabajo Infantil.

• El establecimiento de un sistema de monitoreo y vigilancia por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a las empresas que contratan a los jornaleros agrícolas con el fin de garantizar condiciones dignas de contratación, de vida y de traslado de los jornaleros, así como la vigencia de sus derechos laborales y sus derechos a la educación, salud, vivienda y alimentación.

• La implementación de un programa nacional donde concurran los esfuerzos de distintas dependencias tanto de los estados expulsores, como de los receptores de mano de obra de jornaleros agrícolas, para una atención integral a la situación de esta población, teniendo como un objetivo primario la atención a las causas estructurales que originan la migración masiva de jornaleros indígenas.

• Desde la óptica de los derechos humanos urgimos a que se legisle respecto al tema de los jornaleros agrícolas para darles condiciones dignas de vida y de trabajo.

Reconocemos que no basta con cambiar las leyes, o adecuarlas, pero si es fundamental generar políticas públicas eficaces que permitan afrontar y replantear la problemática de la migración de los jornaleros agrícolas en el país, y de manera particular en el estado de Guerrero, ya que de no existir cambios u otras estrategias que les garanticen un estilo de vida diferente a los jornaleros indígenas, seguirán prevaleciendo las estadísticas que anuncian cada año el inicio de la Temporada Alta de Migración, no solo en la Montaña de Guerrero, sino en las otras tres regiones de mayor afluencia (Centro, Costa Chica y Ciudad Altamirano-Tierra Caliente) en el estado.

CONTACTO:
Teresa de la Cruz
Coordinadora del Área de Difusión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Correo: tere_delacruz@hotmail.com
Dirección: Mina # 77, Tlapa, Guerrero, México.
Teléfono oficina: 017574761200 / 61220
www.tlachinollan.org
“RESPETO A LA DECISIÓN DE LOS PUEBLOS: NO A LA PAROTA”.