• Pide la CIDH “medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física” de Fortunato Prisciliano, indígena me´phaa golpeado y amenazado por personas al servicio del Ejército.
• Las agresiones, consecuencia de que irá ante el organismo a denunciar la violación sexual que cometieron soldados contra su esposa Inés Fernández Ortega.
• Tiene el Estado la obligación de garantizar la seguridad de Fortunato Prisciliano y su familia.

Tlapa, Guerrero, México, 05 de septiembre, 2007.- En respuesta a la solicitud del indígena me`phaa, Fortunato Prisciliano Sierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano, medidas urgentes de protección para él y su familia, por el riesgo que corren ante las amenazas, hostigamiento y agresiones que ha sufrido por personas al servicio del 48 Batallón del Ejército Mexicano, en el contexto de la audiencia a la que acudirá Fortunato en próximo días, para denunciar la violación sexual que cometieron militares en contra de su esposa, Inés Fernández Ortega, en marzo del 2002, en Barranca Tecoani, Ayutla de los Libres, Guerrero.
El 27 de agosto de este año, la Organización del Pueblo Indígena Me´Phaa y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitaron por escrito medidas cautelares a la CIDH para garantizar la vida e integridad fisica de Fortunato Prisciliano, Inés Fernández y su tres hijos, ya que resulta claro el riesgo fundado e inminente que implican las agresiones y amenazas que ha recibido; acciones con las cuales el Ejército Mexicano y el gobierno buscan intimidar a Fortunato Prisciliano para impedir o inhibir la presentación de la denuncia ante la CIDH .
Ayer martes 4 de septiembre, la CIDH (organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene su sede en Washington, DC.) solicitó al Gobierno de México “medidas urgentes” a favor de los indígenas me´phaa, en el siguiente sentido:
• “Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de Inés Fernández Ortega, Fortunato Prisciliano y sus hijos;
• “Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios”;
• “Informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares”.
Una vez que la CIDH resolvió necesarias las medidas de protección, el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad, integridad y vida de Fortunato Prisciliano Sierra, Inés Fernández Ortega y su familia, más aún cuando el hostigamiento del que es víctima Fortunato, está relacionado con la lucha por acceder a la justicia para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares no permanezcan en la impunidad, como ha sido el caso de la violación sexual de su esposa Inés Fernández, y de Valentina Rosendo Cantú, indígena me´phaa de Barranca de Guadalupe. En octubre del 2006, la CIDH admitió formalmente ambos casos debido a que las autoridades mexicanas nunca mostraron disposición para castigar a los responsables
La Organización del Pueblo Indígena Me´Phaa y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan exigen al Gobierno Mexicano que cumplan cabalmente con la solicitud de la CIDH y ponga en marcha a la brevedad las medidas de protección para Fortunato Prisciliano y su familia, pues preocupa que a la fecha las amenazas a Fortunato continúan. Además, no obstante que Fortunato e Inés han acudido a denunciar los hechos ante el Ministerio Público, con residencia en Ayutla de los Libres, de la autoridad no han obtenido la respuesta adecuada pues no se han establecido las medidas de seguridad y auxilio en beneficio de las víctimas del delito, y tampoco se ha evacuado una investigación a fondo de los hechos denunciados.

Es imperativo que el Gobierno de Guerrero y el Gobierno Federal, garanticen la seguridad de todos y todas las indígenas que pugnan por que se haga justicia en sus casos, sobre todo de aquellos que luchan contra la impunidad de los militares y que denuncian las violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Ejército, que actúa al cobijo del Gobierno, pues no hay que olvidar que es precisamente el Ejército una de las autoridades violadoras de los derechos humanos que más impunidad ha gozado en nuestro país.

Lo ejemplifican los casos de las violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, donde no solamente no se ha sancionado a los militares responsables, sino que también ha existido una estrategia de encubrimiento a los soldados que no han sido investigados en todos estos años, lo cual ha obligado a las indígenas tlapanecas a acudir a organismos internacionales independientes e imparciales a solicitar justicia.

Por último, Tlachinollan y la Organización del Pueblo indígena Me´ Phaá, una vez más reiteran un enérgico llamado a las autoridades responsables para que aclaren a fondo estas denuncias en contra del Ejército Mexicano, pues es claro que las amenazas contra Fortunato Prisciliano, tienen que ver con la presencia ilegal de los militares en territorio indígena y la sistemática violación a los derechos humanos.