El Charco, Guerrero, México, a 7 de junio de ­2008.- Durante la conmemoración del 10o  aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, organizaciones indígenas, sociales, campesinas junto con organismos civiles de derechos humanos, exigieron castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de Guerrero, un alto a la criminalización y persecución de dirigentes sociales, el cese a la militarización en las comunidades indígenas y la libertad inmediata de los presos políticos de Guerrero y el país.

De manera particular, las viudas de los 10 campesinos, que murieron en esa matanza, reprocharon al Estado mexicano que hasta hoy siga haciendo caso omiso a su petición histórica de indemnizar a los 42 huérfanos con base a parámetros internacionales, es decir, no con dinero sino con recursos para educación, salud y recreación.

La madrugada del 7 de junio de 1998, soldados del Ejército Mexicano masacraron a 10 indígenas y un estudiante, en la comunidad de El Charco, cuando descansaban en la escuela Caritino Maldonado, después de haber participado en una reunión sobre proyectos productivos que requieren sus comunidades, toda vez que se trata de pueblos que ancestralmente han padecido altos grados de marginación y pobreza. De ese tiempo a la fecha, ese crimen de lesa humanidad ha permanecido en la impunidad y los deudos siguen en espera de que se castigue a los responsables.

El Charco es una comunidad Ñun xavi (mixteca) que se encuentra a una hora de Ayutla de los Libres y se llega hasta ahí por un agreste camino de terraceria. Hoy como cada año, se congregaron en ese lugar, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños indígenas para recordar otro aniversario de la masacre. Antes, durante la noche del viernes 6, fue colocada una ofrenda a los caídos y hubo una velación en el inmueble de la escuela Caritino Maldonado, cuyas paredes interiores desde hoy lucen murales del pintor y grabador naua, Nicolás de Jesús; en éstos narra la historia de la masacre en El Charco y retoma imágenes del levantamiento zapatista en 1994; también aparece en la parte frontal del edificio, una imagen del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos y en otra aula una pintura de campesinos a caballo.

La mañana de hoy, entre consignas, deudos, familiares y sobrevivientes de la masacre de El Charco acompañados de integrantes de organizaciones de Guerrero, marcharon por la calle principal de El Charco hasta llegar a la cancha de la escuela Caritino Maldonado, en donde se realizó un acto político.

“Seguimos esperando que se nos haga justicia”: Viudas y sobrevivientes

Durante las participaciones, la indígena Eustolia Castro Ramírez a nombre de las viudas de El Charco, dijo que los familiares de los caídos “seguimos en espera de que se nos haga justicia y de que se nos cumpla con los que hemos estados exigiendo” durante 10 años, y que tiene que ver con el castigo a los culpables de la masacre, al ex presidente de la República, Ernesto Zedillo y al ex gobernador priísta Ángel Aguirre Rivero así como una indemnización a los huérfanos a partir de parámetros internacionales, esto es, que no sean indemnizados con dinero sino con recursos para su educación, salud y recreación.

Por los sobrevivientes habló la estudiante de la UNAM, Erika Zamora Pardo, quien criticó que el Estado mexicano lejos de responder a la petición de justicia de los deudos de El Charco, “mande militares y paramilitares” y que haya evitado que el General Alfredo Oropeza Garnica, fuera juzgado por violar los derechos humanos y haber ordenado la matanza de los indígenas, así como por la represión contra la APPO de Oaxaca a donde fue enviado por su trayectoria en Guerrero.

“Hoy a 10 años de la masacre de El Charco, seguimos pidiendo justicia, pues el único delito que cometieron  los indígenas fue organizarse por querer mejores condiciones de vida”, dijo Zamora Pardo y recordó que esa justicia no sólo la esperan las viudas, sino también los huérfanos “no han recibido justicia, pues no pueden estudiar porque siguen siendo pobres”.

Por su parte el presidente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) a la que pertenece la comunidad de El Charco, Raúl Lucas Luciano, reprochó que hasta ahora siga pendiente la justicia para las familias de los masacrados en El Charco y advirtió que por ello los pueblos nunca “vamos a dejar de unirnos, porque sólo así se van a reconocer nuestros derechos”.  

“La gente indígena nunca ha tenido justicia”: Organizaciones

En las intervenciones de las organizaciones, la secretaria de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, resaltó que igual que hace 10 años pasó con El Charco, el gobierno continúa atentando contra los pueblos indígenas, “sigue encarcelando a inocentes” y hostigando a los pueblos.

Señaló que como OPIM han denunciado una serie de atropellos de los guachos (soldados), efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y policías estatales, pero que lejos de que las autoridades hagan caso “los mete a la cárcel, aunque sean inocentes” como los cinco indígenas de El Camalote presos en la cárcel de Ayutla por el asesinato de un informante del Ejército, “y por eso exigimos su libertad…si nosotros no fuéramos pobres no tendrían porque existir organizaciones, deberíamos vivir en paz”.

Obtilia resaltó en seguida que con entre los atropellos de los militares también está la violación sexual de dos de sus compañeras me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú “cuyo caso se encuentra en la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” y en referencia a las criticas que hiciera en un periódico local de Guerrero, el comandante de la Novena Región Militar, Sergio Magaña Mier, contra las afectadas y la organización, la dirigente destacó que “si hay todas las pruebas de que fueron  violadas por militares, todo se comprobó”.

Le secundó la indígena Reyna Soto Navarro, esposa de Natalio Ortega uno de los presos de El Camalote. Ella además de exigir la libertad de sus esposos y sus compañeros, pidió al Estado mexicano que “ya no mande a militares porque sabemos de los casos de Inés y Valentina, queremos que salgan, no los queremos, aquí sólo hacen daño”.

Enseguida la hermana de otro de los detenidos, Manuel Cruz Victoriano, Concepción Cruz Victoriano, criticó que el gobierno en lugar de mandar obras sociales y garantice la salud en comunidades indígenas, además de que “haga justicia a los pueblos, esté enviando soldados, ya no los queremos y tampoco queremos que el gobierno se siga burlando de nosotros, queremos que el gobierno nos respete”.

Participaron en el mismo temor, representantes de organizaciones como la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDI), el Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos (PAIR), El Consejo Ciudadano de Chilapa así como autoridades tradicionales e integrantes de la Radio Ñomdaa de Xochistlahuaca.

El Charco es un ejemplo del desprecio y exterminio del gobierno contra los indígenas: Tlachinollan  

Al tomar la palabra, el Coordinador del Área Educativa de Tlachinollan, Roberto Gamboa, señaló que la masacre de El Charco “es la larga historia de los pueblos indígenas y de la cotidiana violación a los derechos humanos en nuestro país” y que el 7 de junio “es un ejemplo vivo del desprecio y el exterminio contra quienes buscan construir desde distintos lugares y formas un futuro mejor y justo para su pueblo   

Destacó que desde aquel 7 de junio de 1998 se inició una guerra en contra de los pueblos mixtecos y me´phaa de la región de Ayutla, que no sólo ha implicado la criminalización de su lucha o de llenar a las comunidades de soldados y paramilitares y los caminos de retenes, sino también la violación a sus mujeres, la esterilización forzada de decenas de personas, la destrucción de cultivos, el allanamiento de moradas, interrogatorios y detenciones.

“Es decir, el gobierno se ha empeñado en ver en cada indígena de la región especialmente de aquellos que continúan en pie de lucha como la OPIM y la OFPM a un enemigo potencial al que hay que hacerle la guerra para acabarlo y por eso ha utilizado al Ejército”, dijo.

Agregó que por eso es indispensable que sigamos construyendo desde abajo la dignidad de nuestros pueblos, que sigamos defendiendo nuestros territorios y que no renunciemos a luchar por una vida mejor y más justa para nuestro pueblo y por eso hoy seguimos demandando: Castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y de Estado como la de El Charco y Aguas Blancas, Acteal y del Bosque; un cese a la militarización y a la persecución de lideres y organizaciones sociales en Guerrero y México; Libertad a los cinco indígenas presos de El Camalote y un alto al cerco militar y a la guerra de baja intensidad en Ayutla y la desmilitarización del país así como la salida del Ejército de todos los territorios indígenas

 

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Teresa de la Cruz
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