Esclarecer el atentado contra campesino ecologista y garantizar la seguridad en la sierra de Petatlán, Guerrero, exigen organizaciones y campesinos

25 de mayo de 2005

Tlachinollan. Ante la nueva escalada de violencia e injusticia que se ha desatado contra los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, en Guerrero, organizaciones civiles y gente de la comunidad demandaron la urgente intervención de las autoridades estatales y federales para poner fin a esta ola de violencia y garantizar la integridad física de los pobladores de esta región, a la vez que exigieron que se atienda la causa de este conflicto: la tala ilegal y la impunidad de los caciques talamontes de la región.
Destacaron que la noche del pasado jueves Albertano Peñalosa, defensor de los bosques de su comunidad y fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), fue emboscado por un grupo armado cuando llegaba a su casa acompañado de sus cuatro hijos, dos de los cuales murieron. Este ataque se suma al injusto encarcelamiento que desde noviembre de 2004 sufre Felipe Arreaga, líder de la misma organización, y a una larga lista de acciones represivas contra la OCESP que incluyen el encarcelamiento de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes pasaron más de dos años en la cárcel acusados falsamente de narcotráfico y de portar armas exclusivas del ejército.
Ante esta escalada de agresiones, Reyna Mojica y Bartolo Peñalosa, esposa y hermano de Albertano Peñalosa, así como Celsa Baldovinos, esposa de Felipe Arreaga, acudieron a la Ciudad de México para demandar, con el respaldo de diversas organizaciones civiles, que las autoridades del estado de Guerrero y las autoridades federales competentes brinden las garantías necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad física de los campesinos ecologistas en la Sierra de Petatlán, así como las condiciones que les permitan continuar con su labor de defensa y cuidado de los bosques.
Asimismo, las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, la Red Nacional de Derechos Civiles “Todos los Derechos para Todos”, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, SOS Bahía y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, junto con familiares de los líderes campesinos ecologistas, exigieron a las autoridades de justicia que investiguen a fondo el atentado contra la familia Peñalosa, sin descartar líneas prioritarias como las que apuntan a que la emboscada contra Albertano fue una represalia por su labor de defensa de los bosques que realiza desde 1998. Asimismo, exigieron que se ponga fin a esta ola de violencia e injusticias, toda vez que la impunidad ha permitido el libre actuar de grupos de poder que, en contubernio con las autoridades formales, se han enriquecido de la explotación maderera y han instaurado una estrategia de persecución en contra de los defensores del medio ambiente.
Las organizaciones y los familiares de los campesinos ecologistas advirtieron que los hechos recientes confirman que el Estado mexicano no brinda condiciones de seguridad que permitan a los defensores del medio ambiente y de derechos humanos realizar su trabajo libres de hostigamiento y represalias.
Más aún, consideraron preocupante la actitud del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien para responder a las críticas por la falta de seguridad en la región ha descalificado el trabajo de organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, aduciendo que sólo buscan “salidas fáciles” y culpan de todo a las autoridades. En respuesta, las organizaciones señalaron que el gobierno del estado debe asumir su responsabilidad y encontrar e implementar medidas que resuelvan el problema de fondo.
El ataque contra Albertano Peñalosa no es casual ni es un hecho aislado. Él fue uno de los iniciadores del movimiento campesino ambiental de la Sierra de Petatlán. En el año de 1998, junto con Felipe Arreaga, Rodolfo Montiel y otros líderes más, comenzó su lucha comprometida en contra de la extracción excesiva e ilegal de la madera en la región. Albertano participó activamente en el paro de la tala que efectuó la OCESP y en la denuncia formal que fue presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la tala ilegal. Estas acciones finalmente derivaron en la cancelación de los 15 permisos de aprovechamiento forestal autorizados para la región. Desde entonces hasta ahora ha continuado el trabajo por la defensa del medio ambiente como miembro de la OCESP.
En esa misma defensa trabaja la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petlatlán, fundada por Felipe Arreaga y su esposa Celsa Valdovinos. Arreaga permanece preso por una acusación fabricada por Bernardino Bautista Valle, cacique maderero local, y elementos de la Procuraduría del estado. Claramente se advierte que se trata de una venganza en contra de las personas que organizaron el movimiento ambientalista.
Las organizaciones reiteraron que el riesgo en que viven los campesinos ecologistas de Petatalán se debe a la nula atención que han prestado a la problemática regional las autoridades estatales y federales. Asimismo, establecieron que resulta vergonzoso que los defensores del medio ambiente sean perseguidos y su lucha sea criminalizada en tanto aquellos que atentan en contra del medio ambiente permanezcan en la impunidad.