Opinión / Crímenes sin castigo

En la madrugada del 7 de junio de 1998, los indígenas que dormían en la escuela primaria “Caritino Maldonado Pérez” de la comunidad na savi de El Charco municipio de Ayutla de los Libres, despertaron por las balas que disparó el ejército contra ellos. ¡Salgan perros! “fue el grito de un militar que con el megáfono les espetaba que se los iba a carga la chingada si no entregaban las armas”. Esta acción militar dejó como saldo a 11 personas asesinadas. 10 de comunidades indígenas y un estudiante de la UNAM, 5 personas resultaron heridas y 22 fueron detenidas. La versión de la comandancia de la Novena región militar habló de un enfrentamiento entre tropas del Ejército mexicano y miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Para evitar que esta información fuera desmentida, el ejército mexicano acordonó el área e impidió la entrada de las autoridades civiles como el presidente y el síndico de Ayutla. Esa misma tarde los 11 muertos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Acapulco, donde se impidió la entrada a los periodistas, varios de ellos fueron golpeados por policías judiciales al intentar tomar imágenes de las personas asesinadas.

La escuela quedó tapizada de balas con todas las ventanas y puertas rotas. En dos aulas quedaron charcos de sangre en el piso y manchas sobre las paredes. Fueron las huellas de una masacre en una comunidad sumida en la pobreza, donde toda la fuerza del Estado se aplicó por parte del ejército contra un grupo de civiles que pernoctaban en la escuela primaria. La versión del ejército mexicano de que los eperristas los atacaron y que tuvieron que repeler la agresión fue la gran justificación para mantener hasta la fecha en la impunidad este crimen cometido por el ejército mexicano como parte de su estrategia guerrerista implantada desde la década de los 70 por órdenes presidenciales y que en la memoria colectiva del pueblo guerrerense se le conoce como la Guerra sucia.

A veinte años de la Masacre de El Charco los familiares de las víctimas sobreviven en un ambiente de hostigamiento permanente sumidos en la miseria. En lugar de castigar a los responsables de estos crímenes, las autoridades civiles y militares han implantado el terror en las regiones indígenas para desarticular todo movimiento de protesta y desactivar cualquier indicio de organización comunitaria. En nuestro estado la estrategia bélica que se instaló desde hace más de 40 años ha dejado una cauda funesta marcada por graves violaciones a los derechos humanos. Esta violencia proveniente del Estado es la que nos ha colocado como la entidad más insegura y sangrienta del país. Los actores armados del Estado como el ejército, la marina y las corporaciones policiales actuaron como agentes represores de gobiernos caciquiles, que daban órdenes de asesinar a quienes se atrevían a alzar la voz o a encarar al poder impune.

En este contexto se dio la matanza de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. En esa mañana unas 300 personas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) bajaba de la sierra del Tepetixtla rumbo a Atoyac de Álvarez. Aquel día habían decidido hacer una manifestación en esta cabecera municipal para demandar al gobierno la dotación de insumos agrícolas y la presentación de Gilberto Romero Vázquez, uno de los compañeros desaparecidos de la OCSS. En el camino de terracería que va de Paso Real a Aguas Blancas, se parapetaron varios policías motorizados y policías judiciales. Se escondieron entre los árboles y esperaron a que llegaran al vado del río Las Hamacas. Fue una emboscada planeada, porque estaban listos para accionar sus armas contra las camionetas que llevaban a los campesinos. Hubo primero una balacera intensa y posteriormente cuando varios pasajeros que estaban ilesos se tiraron al suelo para protegerse vieron como varios policías le daban el tiro de gracia a los campesinos identificados como miembros de la OCSS para aniquilarlos. “Eso les pasa por mitoteros” les decían y al mismo tiempo seguían disparando. Fueron más de 200 policías que participaron en esta emboscada donde 17 campesinos fueron acribillados y otros 24 quedaron heridos.

Después de esta acción pendenciera de los policías, el gobierno procedió a montar una escenografía que mostrara imágenes de un enfrentamiento. Para ello tendieron un cerco para impedir que cualquier persona accediera al vado. Los agentes del ministerio público junto con peritos del servicio médico forense se encargaron de montar este escenario para justificar la matanza armando la teoría del caso como un enfrentamiento. Varios testigos lograron ver como los policías colocaban armas largas en las manos de los muertos. Su explicación burda se basaba en el señalamiento falaz de que eran guerrilleros zapatistas o narcotraficantes. Este montaje llevó a que la misma policía exhibiera sus armas entre los campesinos masacrados. La perversidad del gobierno de Rubén Figueroa lo llevó a caer en su propia trampa cuando distribuyó ampliamente una videograbación de los hechos realizada por un agente de gobernación de la Costa Grande y que fue editada para reforzar su teoría del enfrentamiento. Todo el teatro se les vino abajo cuando Ricardo Rocha tuvo en sus manos la versión original de la videograbación y haciendo honor a su ética profesional lo difundió en el Canal 2 de Televisa para desenmascarar los hechos atroces de la matanza de Aguas Blancas. De nueva cuenta estamos ante un crimen sin castigo planeado por el mismo gobernador Rubén Figueroa quien diseñó una estrategia bélica para perseguir y aniquilar a la OCSS, considerada como una organización radical vinculada a la guerrilla.

La violencia perpetrada por policías es la que se incubó en todas las corporaciones policiales que existen en nuestra entidad. Sus actos criminales que nuncan han sido investigados y mucho menos castigados marcaron el derrotero sanguinario que hoy nos tiene atrapados en el laberinto de la muerte. Este monopolio de la fuerza y de la violencia que debe ejercer con controles internos y normas muy estrictas por parte de las instituciones del Estado, se desbordó porque actuaron no como garantes de la legalidad y protectores de los derechos humanos sino como detractores y perpetradores, como viles criminales que sin ningún rubor atentaban contra la vida que es el derecho más sagrado de los mexicanos y de las mexicanas. La violencia que se ha enseñoreado en las siete regiones de nuestra entidad provino de esta acción delincuencial tolerada y alentada por las mismas autoridades . Las mismas corporaciones policiales y elementos del ejército carecen de una formación profesional y sobre todo de una cultura del uso proporcional de la fuerza y del respeto absoluto a los derechos humanos. Mas bien estan entrenados para arremeter contra la población para causa daño, provocar tratos crueles, inhumanos y degradantes. Utilizan la tortura como el método más efectivo para la investigación. Accionan sus armas sin que exista un riesgo inminente, por el contrario hay un uso letal de la fuerza. Ejecutan a indígenas, campesinos, maestros y estudiantes porque ejercen su derecho a la protesta y porque encaran al poder para denunciar sus tropelias. Este siete de junio también conmemoramos el asesinato del estudiante Antonio Vivar Díaz, un activista que abrazó la causa de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y se incorporó al Movimiento Popular Guerrerense para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. En la ciudad de Tlapa se gestó un movimiento de resistencia que tomó el Ayuntamiento como medida de protesta para exigir al gobierno la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes. Esta toma de las instalaciones municipales fue acompañada deuna campaña informativa en las comunidades que buscaron en todo momento despertar el interés en torno a este caso que mostraba la acción delincuencial de las autoridades, no solo circunscrita al ámbito municipal sino en los tres niveles de gobierno. Se adhirieron a la exigencia de las madres y de los padres de familia para que se investigara a las policías estatales, federales y al mismo ejército mexicano.

A nivel municipal Antonio Vivar se transformó en uno de los dirigentes más visibles por su tenacidad y su compromiso en esta lucha desigual. También formaron parte de este movimiento que cuestionaba el proceso electoral por este ambiente de impunidad que desligitimaba a los partidos políticos, por ser complices de esta violencia del Estado. El 7 de junio de 2015, el día de la jornada electoral, en Tlapa se vivió un ambiente de mucha polarización. La situación se desbordó cuando una camioneta del INE fue incendiada a la altura del puente conocido como El Jale. Inmediatamente se montó un operativo donde participaron elementos de la Policía Federal que salieron de las instalaciones del 27 Batallón de infanteria para incursionar en las instalaciones de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) ubicada en la colonia Tepeyeca. Este operativo tuvo como finalidad detener a los maestros y maestras que supuestamente allí estan concentrados. Entraron a la fuerza a sus oficinas y al no encontrar a los docentes procedieron a detener a personas que caminaban por la calle.

Fueron ocho ciudadanos detenidos que fueron trasladados a las instalaciones militares, donde llevaron fotografías sembrándoles artefactos explosivos con el fin de justificar su detención. En ese mismo momento los trasladador al puerto de Acapulco. Por su parte la misma Policía Federal volvió a subir a la colonia Tepeyac para remolcar los vehículos que se encontraban adentro de las oficinas de la CETEG. Fue en ese momento cuando los colonos del Tepeyac cerraron el paso a los policías e impidieron que se llevara las camionetas. Exigieron que regresaran a sus domicilios a las personas que habían detenido. Los policías intentaron en varias ocasiones romper el cerco para evadir su responsabilidad. La población enardecida les quitó las armas largas y los encerró en la capilla de la colonia. Se vivieron momentos de gran tensión porque los habitantes demandaban a las autoridades del estado el regreso inmediato de las personas detenidas. Ante la presión del gobierno federal el gobernador interino Rogelio Ortega presentó a los ocho detenidos ante los medios de comunicación para justificar la acción de fuerza que emprendió la Policía Federal con el apoyo del Ejército para rescatar al grupo de policías que se encontraban retenidos en la capilla. Esta orden fue aplicada con un uso excesivo de la fuerza. Golpearon a las personas que encontraban a su paso, utilizaron gases lacrimógenos y al interior de la capilla un policía federal, aprovechando la estampida que se daba por parte de la población que se refugiaba en algunas casas, desde dentro de la capilla accionó su arma contra Antonio Vivar que se encontraba enfrente de la puerta de la capilla tratando de calmar a sus compañeros. La bala pegó en el pecho de Antonio Vivar que de inmediato lo privó de la vida. No hubo tiempo de nada, sus compañeros lo levantaron pero inmediatamente sintieron que ya nada podían hacer. Antonio se desangraba y la impotencia se apoderaba de la gente al ver que los policías federales arremetían contra toda la gente que pedía auxilio.

Se cumplirán tres años este 7 de junio de otra acción letal cometida por la Policía Federal sin que hasta la fecha la Procuraduría General de la República haya avanzado en las investigaciones. Se ha cubierto a los policías que estuvieron retenidos dentro de la capilla y lo inaudito es que Antonio Vivar en lugar de ser víctima de una ejecución extrajudicial, se le señala más bien como responsable de la detención de los policías federales. Es decir que aún muerto cuenta con órdenes de aprehensión mientras que de parte de las autoridades se siguen reproduciendo crímenes sin castigo.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan