Opinión | Cuando la muerte ronda en la CRAC-PC

Cuando la muerte ronda en la CRAC-PC

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Para Manuel Alejandro Gutiérrez, 

quien luchó a brazo partido para garantizar seguridad a su pueblo.

Con su ejemplo demostró su compromiso y entrega como  

fundador y coordinador del Comité de Enlace de la 

Policía Comunitaria de Huamuxtitlán. 

 

A tres días de la muerte del compañero Cirino Plácido Valerio, fundador de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, Guerrero, fue cobardemente asesinado el compañero Manuel Alejandro Gutiérrez, fundador y coordinador del Comité de enlace del grupo de la policía comunitaria de Huamuxtitlán. Actualmente se desempeñaba como consejero regional, y de manera voluntaria fungía como comandante del grupo.

El pasado lunes 9, Manuel manejaba la camioneta de la policía comunitaria. Recogió a sus compañeros como a las siete y media de la noche, para realizar los rondines. Como es costumbre, recorrieron varios barrios de la cabecera municipal y al final comentaron, que al siguiente día apoyarían a las carreras guadalupanas para darles acompañamiento y protección. Uno de los compañeros recuerda que al pasar por el molino del arroz, escucharon el aullido de un perro. Presintieron que algo malo sucedería. Se despidieron en la carretera, a la altura de una bodega de abarrotes, y Manuel se dirigió a su domicilio, en el barrio de San Nicolás. Pasaba de la media noche, cuando Manuel bajó de la camioneta y se dirigió a abrir la tranca, para guardar el vehículo. Cuando se disponía a cerrarla, se escucharon varios disparos que salieron de un coche en movimiento, y que fueron dirigidos contra el compañero Manuel. Varios testigos comentan que fueron muchos balazos. Lamentablemente ocho de ellos, dieron en el cuerpo de Manuel. Sus vecinos y familiares lo trasladaron al hospital de Huamuxtitlán. Nada se pudo hacer, porque varios disparos afectaron sus órganos vitales.

Padre de cuatro hijos y esposo de doña Quintilia, Manuel Alejandro formó parte del Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, que desde el 2012 se conformó para hacer frente a la delincuencia. En aquel año los habitantes detuvieron a seis presuntos secuestradores que formaban parte de una banda. En una sola tarde se llevaron a 17 personas de la cabecera municipal. Fue el 3 de julio del 2012, cuando la gente se amotinó en el palacio municipal y detuvo al presidente Juan Carlos Merino, quien fue acusado de tener vínculos con los delincuentes. En esa fecha la gente incendió la comandancia de la policía ministerial, porque estaba al servicio de la banda de los secuestradores. Ante el riesgo de que lincharan al presidente municipal, las autoridades del estado pidieron la intervención del Obispo de Tlapa, Roberto Domínguez, y del director de Tlachinollan para dialogar con la población, que no permitía ningún acercamiento con los representantes del gobernador, como fue la entonces procuradora Martha Elba Garzón. Se logró amainar los ánimos, sin embargo, la gente mantuvo tomado el ayuntamiento por varias semanas, para pedir la salida del presidente, de la policía ministerial y de todos los elementos de la policía municipal.

Este hecho marcó un nuevo rumbo entre los ciudadanos y ciudadanas de Huamuxtitlán, quienes se decidieron a conformar un grupo de la Policía Comunitaria. Miguel Vitrago, lideró el Frente Ciudadano donde se incorporó con mucha decisión el compañero Manuel Alejandro. Enfrentaron el hostigamiento permanente de las autoridades municipales y en todo momento se trató de impedir la creación de la Policía Comunitaria.

A finales del 2012 el compañero Cirino Plácido visitó la cabecera municipal y se reunió con varios pobladores para compartir la experiencia que dio origen a la policía comunitaria en El Rincón, municipio de Malinaltepec. En esta charla se encontraron por primera vez Cirino y Manuel. El lenguaje directo construido desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas y de la visión comunitaria, cautivó a los asistentes. Cirino motivó a los presentes para que se reunieran en los barrios y analizaran la posibilidad de conformar algún grupo de la Policía Comunitaria. Les enseñó el camino de la organización autónoma y la capacidad que tienen los pueblos para ejercer sus derechos ante un contexto adverso, donde las comunidades indígenas y campesinas son discriminadas, y las mismas corporaciones policiales están coludidas con el crimen organizado. Se trató de un proceso interesante que dio como fruto la conformación de un grupo que estableció comunicación con la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. Este esfuerzo fructificó, porque con el tiempo, se conformaron otros grupos de la policía comunitaria en los municipios de Cualác, Xochihuehuetlán y Alpoyeca, en la región de la Cañada.

Lamentablemente esta lucha tenaz de los ciudadanos y ciudadanas que de forma cotidiana enfrentan los embates del crimen organizado, ha causado varias bajas entre los grupos de la policía comunitaria. En medio de precariedades económicas; de campañas de desprestigio, por parte de las autoridades municipales; de las reformas legislativas, que en lugar de robustecer el sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que es el sustento de la Policía Comunitaria, fue borrado de la constitución local y de la Ley 701, y de un poder judicial que desconoce las facultades de las autoridades comunitarias para investigar los delitos, administrar justicia y reeducar a los detenidos, como lo han reconocido en varios casos que resolvieron favorablemente, los miembros de la Policía Comunitaria, se mantienen firmes ante esta embestida de los poderes constituidos y de la misma delincuencia organizada.

En este año se han consumado varios asesinatos contra coordinadores y comandantes de la Policía Comunitaria: el primer caso se registró en San Luis Acatlán, el 12 de abril, cuando el coordinador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Julián Cortés, salía de la oficina como a las tres y quince de la tarde. Cuando manejaba un coche blanco fue interceptado por personas desconocidas, que se le acercaron y a quema ropa le dispararon cuatro balazos. Fue a escasos 200 metros de la Casa de Justicia, donde se cometió el crimen, sin que pudieran ser detenidos los perpetradores.

El 9 de junio fue abatido el comandante regional de Xochihuehuetlán Javier Ake Cabrera. De acuerdo con información de las autoridades municipales, fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados. Sus compañeros iniciaron la búsqueda y lamentablemente lo encontraron semienterrado en el rio Tlapaneco en los alrededores de Alpoyeca. El 24 de julio fue levantado el comandante regional del Comité de Enlace de Huamuxtitlán, Antonio Ramírez Rincón. La información que se tiene es que fue interceptado por un grupo de personas armadas que se trasladaban en un coche llevándoselo con rumbo desconocido. Su cuerpo fue encontrado cerca del puente de Coyahualco, municipio de Huamuxtitlán. El 9 de agosto fue también desaparecido y asesinado el profesor Domingo España quien se desempeñaba como supervisor de la zona 204 de las escuelas primeras bilingües. Tenía también el cargo de comandante del grupo de la Policía Comunitaria en Xochihuehuetlán. Su cuerpo fue hallado sobre la carretera Tlapa – Puebla a la altura de la comunidad de Jilotepec del mismo municipio. De acuerdo con las investigaciones, el comandante de la CRAC recibió 4 impactos de bala en la cabeza.

Del mes de abril a diciembre del presente año, tres comandantes, un consejo regional y un coordinador de la CRAC- PC han sido asesinados con armas de fuego, en sus oficinas, sus domicilios e interceptados por gente armada que los suben a los vehículos y abandonan sus cuerpos en carreteras o en los afluentes del rio. En nueve meses se ha acrecentado la violencia contra las autoridades de un sistema de justicia y seguridad comunitaria que nació en las asambleas regionales como una necesidad, ante la inoperancia y corrupción de los sistemas de seguridad y justicia del estado. No solo hay una embestida de algunos jueces que han otorgados amparos a personas, que se encuentran sujetas a procesos dentro del sistema de justicia comunitaria, y que han requerido la presencia de las fuerzas de seguridad para en libertad a los detenidos, sino también la legislatura pasada se empeñó en borrar de tajo de la constitución y de la Ley 701 a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y a la Policía Comunitaria, para colocarlas en el limbo de la ilegalidad. No es casual que grupos que se dedican a delinquir, y que se sienten afectados por las acciones firmes y decididas de los coordinadores y los grupos de la Policía Comunitaria, aprovechen esta coyuntura que busca debilitar a la CRAC, para arremeter violentamente y poner en jaque al sistema comunitario.

Esta situación quiere replicarse en la región de Ayutla, donde algunos consejeros de la Casa de Justicia de El Paraíso, han recibido amenazas de muerte por liderar la lucha contra la delincuencia organizada.  Las mismas comunidades indígenas han emplazado a las autoridades del poder judicial para que respeten su sistema de justicia y reconozcan el trabajo que realizan sus coordinadores relacionados con la impartición de justicia. Ante estas amenazas que se ciernen contra la CRAC y ante las acciones violentas que se han suscitado en los últimos nueve meses, las cinco Casas de Justicia decidieron trasladarse a Chilpancingo para hacer visible su protesta contra las posturas que han asumido algunos jueces que criminalizan al sistema de justicia comunitario. También emplazaron al poder legislativo para que impulse una iniciativa de ley que restituya los derechos conculcados en la pasada legislatura donde borraron de tajo a la CRAC y a la Policía Comunitaria. En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varias organizaciones sociales y autoridades municipales de la zona de la Montaña, acudieron a la sede del congreso para atestiguar la entrega de una iniciativa de reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos a la Mesa Directiva del Poder Legislativo. Queda ahora en manos de los diputados y diputadas atender esta demanda histórica de los pueblos originarios de Guerrero, que a pesar de que han defendido con su sangre estas tierras sureñas siguen sin ser reconocidos como sujetos de derechos, por el contrario, son perseguidos y asesinados. Es muy importante establecer una mesa de dialogo con el gobernador del estado para analizar a profundidad un tema de suma trascendencia para el estado que requiere fortalecer los sistemas de seguridad y justicia reconociendo a la libre determinación de los pueblos indígenas. Solo de esa manera la muerte dejará de rondar en la CRAC-PC.