La defensa de los derechos humanos en la Montaña de Guerrero se hace con el corazón por delante ¡Siempre cuesta arriba y con la fuerza de los pueblos!.

¡Se parte de este movimiento por la igualdad y la justicia!

OPINIÓN | La tragedia que no vemos

22 años desangrando nuestras vidas,

22 años sin recibir protección del Estado,

22 años sin castigar las atrocidades del ejército.

¡Justicia ya! para las viudas y huérfanos de la masacre de El Charco.

Comandante Toño,

a 5 años de que los policías federales te arrancaran la vida,

la complicidad y el encubrimiento,

 se mantiene intocadas entre las castas del poder.

Con la lucha de los pueblos, la justicia tiene que llegar a la Montaña.

Tu testimonio sigue siendo el símbolo de la dignidad y de la resistencia

 entre las nuevas generaciones, que luchan por la justicia.

Este domingo 7 de junio escuchamos con sorpresa los informes que proporcionaron los directores de los hospitales de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, en el marco de la conferencia de prensa presidida por el gobernador del estado, Héctor Astudillo. El director del hospital El Quemado, informó que cuenta con 46 pacientes en el área de COVID y de éstos, hay 17 pacientes intubados. Resaltó que hay 31 camas disponibles, arriba del 60%. El director del hospital Renacimiento, reportó que hay 17 pacientes en el área de COVID con 4 pacientes intubados y con un 49% de ocupación. Por su parte, el director del hospital de Chilpancingo explicó que hay 24 pacientes internados por COVID, 6 de ellos intubados y 12 camas disponibles. En la ciudad de Iguala, reportaron que hay 6 pacientes internados en el área de COVID, solo uno grave y ningún paciente intubado, con una ocupación del 24%. En el hospital de Taxco, solo hay 4 camas ocupadas por pacientes de COVID y diez de ellas, se encuentran libres. Tampoco hay pacientes intubados.

Lo contrastante de estas cifras, es que son muy holgadas, en comparación con el grave problema del contagio que se ha dado en nuestro estado en las últimas dos semanas. El mismo gobernador, en todas sus conferencias de prensa ha remarcado que tomemos en serio el llamado de quedarnos en casa, porque hay una gran afluencia de la población en la mayoría de municipios que no están atendiendo el llamado de las autoridades.

Lo que parece estar bajo control dentro de los hospitales más grandes del estado, en la realidad el contagio se ha salido de control. El hecho mismo de que en el municipio de Acapulco, en solo 15 días se hayan sepultado 86 personas de escasos recursos, de las 300 fosas proyectadas, y que, al día, se estén reportando 20 cuerpos cremados, nos indica que la tasa de letalidad es muy alta.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal, en su informe del 6 de junio, reportó que Guerrero ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a disponibilidad de camas para hospitalización, después de la ciudad de México que asciende al 80%, el Estado de México a un 79% y Guerrero a un 64%. Es decir, que en el estado seguimos teniendo un grave problema en cuanto a la disponibilidad de camas. Esto mismo lo manifestó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hace doce días en su conferencia mañanera, al expresar su especial preocupación por la saturación de camas COVID en Acapulco, “porque teníamos una ocupación del 80 por ciento de las camas, pero ya se enviaron ventiladores y se está ampliando la capacidad”.

El mapa de Guerrero sigue mostrando la expansión del coronavirus en 61 municipios, siendo 19 municipios vecinos sin contagio y solo el municipio de Juchitán se ha reportado sin contagio y sin vecindad. Este panorama nos coloca en una situación sumamente critica, porque tanto a nivel federal como estatal, no se están realizando pruebas suficientes de PCR, que nos arrojen resultados más precisos y objetivos del número de personas contagiadas. Nuestra geografía escabrosa nos impide saber lo que está sucediendo en las comunidades más apartadas. Además de las dificultades que existen, y lo oneroso que resulta trasladar a pacientes a los centros hospitalarios, no existen laboratorios para realizar las pruebas de PCR. Las pocas que se realizan, dejan en incertidumbre total a los pacientes porque tardan en llegar los resultados. Lo desconcertante, es que se reciben reportes de resultados negativos en pacientes que presentan síntomas altamente sugestivos de COVID. Se habla de un 30% de casos que presentan estas deficiencias en las pruebas. El universo de las muestras, básicamente se circunscribe a las personas hospitalizadas, y a un número reducido de quienes se animan a ir al hospital, por presentar algunos síntomas que requieren la atención del personal médico.

El número de pruebas de PCR es muy bajo, y al mismo tiempo, el número de camas disponibles para pacientes de COVID aparentemente no es alto, de acuerdo con los datos que proporcionan los directores de estos hospitales. El sentido común nos diría que los contagios no serían tan altos, y que, en los municipios más poblados, no se correría el riesgo de que las personas realizaran sus actividades normales. Lo catastrófico es el alto número de fallecimientos que se están registrando en los principales centros de contagio, pero que lamentablemente no se están documentando dentro de las estadísticas oficiales, porque todo pasa por el filtro de los laboratorios reconocidos oficialmente por la Secretaría de Salud.

La lógica nos dice que, si existe un aumento en el número de fallecimientos de los 81 municipios del estado, quiere decir que la pandemia del COVID está haciendo estragos al interior de las comunidades, y que es la principal causa del aumento de los fallecimientos. Además, la disponibilidad de camas para pacientes COVID están destinadas a los pacientes no críticos, es decir, a quienes nos necesitan ventilación mecánica. Por otra parte, en los hospitales donde existen estos ventiladores hay poco personal especializado para el manejo de los equipos. Regularmente el personal médico que está bajo su responsabilidad de atender en los diferentes turnos a estos pacientes, no son especialistas, sino más bien personal de enfermería o médicos generales. Esta realidad impide que se pueda brindar una atención especializada a los pacientes COVID en estado crítico.

Una reacción generalizada que se ha ido registrando tanto en la ciudad como en los municipios rurales, es que un buen número de personas enfermas prefieren no acudir a los hospitales para recibir un tratamiento acorde a los síntomas que presenta. Está pesando mucho una opinión sumamente perniciosa, al dejar correr la versión de que los médicos dejan morir a los pacientes. También es muy determinante el sentido afectivo y de cercanía, que es crucial para la familia que prefiere no hospitalizar a sus seres queridos, porque no los pueden ver, y ante todo tienen miedo, de que mueran solos. Estos hechos y sentimientos imponderables han llevado a que la familia tome la decisión de que sus enfermos permanezcan en sus domicilios, considerando como un mal menor permanecer con ellos en el lecho de su muerte. La misma estigmatización que se ha ido construyendo en el imaginario colectivo, está obligando a que muchas personas oculten información sobre el estado de salud de algún familiar enfermo. El riesgo del contagio, en lugar de centrarse en la implementación de medidas preventivas, se manifiestan más en el rechazo público y en el rumor que alimenta el morbo y la desinformación. El mismo trato que reciben los pacientes en los hospitales influyen para infundir temores y reforzar versiones de que sus familiares empeoraron por los medicamentos que les aplicaron. La falta de personal capacitado para establecer una comunicación menos hostil con las familias de los pacientes, que están angustiadas y deseosas de recibir información, es lo que está dañando la imagen de los centros hospitalarios.

Preocupa que, en pleno pico de la pandemia, las cifras oficiales no estén reflejando lo que está sucediendo en los sectores sociales más empobrecidos del estado. Una gran mayoría de esta población difícilmente va a llegar a los centros hospitalarios, como ha sucedido a lo largo de los años, con mucha gente que ha muerto por enfermedades curables, y que no se documentaron. Así está pasando con el COVID -19.

El caso de doña Guadalupe, una madre jornalera que después de trabajar en los campos agrícolas de Sinaloa, regresó a su comunidad en el municipio de Tlapa. Se vio obligada a retornar a los campos agrícolas del estado de Zacatecas. Llevaba un embarazo avanzado que se le complicó durante el viaje. Cuando la atendieron, los médicos constataron que era portadora del coronavirus. Solo por la complicación del parto, doña Guadalupe supo que estaba contagiada. El segundo caso es más dramático. Se trata del señor Silvestre, quien después de trabajar cuatro meses en el campo agrícola El Gallo de Navolato, Sinaloa, retornó con varios de sus paisanos el pasado domingo 31 de mayo. En el trayecto se sintió mal, y lamentablemente, nadie le prestó auxilio. Murió al cruzar la ciudad de Toluca. El chofer del autobús, en lugar de reportar a las autoridades el deceso, prefirió llegar a su destino. En el libramiento de Tixtla a Chilapa, un filtro sanitario constató la muerte de don Silvestre. Procedieron de inmediato a sepultarlo en su comunidad de Zoquiapa y a confinar en un albergue a los demás pasajeros. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, mientras tanto, las personas confinadas, solo fueron obligadas a cumplir con la norma, pero a ninguno le aplicaron la prueba PCR. Hoy se encuentran en sus domicilios sin tener la certeza si son portadoras del coronavirus.

Lo que sucedió a mediados de mayo en la minera Equinox Gold, que aplicó 170 pruebas a los trabajadores foráneos, 51 de ellos resultaron positivos. Lo sorprendente es que un gran número de personas eran asintomáticas. Como los intereses económicos son exorbitantes, la minera optó por aplicar las pruebas PCR a todos sus trabajadores, para garantizar que su negocio no vaya a tener problemas de contagio, con el riesgo de algunas muertes entre sus trabajadores. Esta situación los colocaría entre la espada y la pared, ante las comunidades donde se asienta la mina y frente a sus mismos trabajadores.

Hace falta dimensionar el tamaño de la tragedia que no se ve en nuestro estado. Las estadísticas oficiales no están reflejando lo que está pasando en los 81 municipios de Guerrero. Se requiere con urgencia aplicar más pruebas, y no solo reducirse al llamado reiterado de la población para que permanezca en sus domicilios. Necesitamos saber por qué hay muchos fallecimientos de personas, sin saber la causa de su muerte, y en contraste, que haya muchas camas COVID – 19, que están disponibles en los principales hospitales.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”