OPINIÓN | Permiso para matar

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

 

 

La apreciación que tienen las autoridades sobre la violencia que nos desangra y la posición que han asumido con respecto a los asesinatos de Jonhatán y Filemón, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa asesinados a 4 kilómetros de la capital del estado el pasado martes 4 de octubre, es banal, grotesca y sumamente preocupante y peligrosa.

Fue muy aventurado emitir una versión mediática e inmediatista de los hechos, calificando a los estudiantes como irreflexivos y broncos, a causa de su comportamiento que supuestamente provocó que los delincuentes reaccionaran violentamente. Esta línea de investigación es muy común armar entre las agencias del ministerio público. Fácilmente se hacen montajes que permiten registrar versiones inverosímiles para posteriormente realizar pesquisas a modo, con el fin de entregar resultados inmediatos.

La versión difundida en los medios cae en un terreno fértil, donde la violencia es el pan de cada día. Las mismas autoridades ministeriales han adquirido experiencia para trabajar estos casos y cocinar culpables. Con la versión armada de que los autores del crimen iban alcoholizados y drogados, y que su único móvil era el asalto, se crea un escenario factible para tender la red y atrapar personajes estén involucrados en hechos delictivos.

El caso apunta para fabricar una historia de las ya conocidas; que un grupo de delincuentes alcoholizados se subieron a un transporte de servicio público, que amagaron a la gente para asaltarlos y que a quienes opusieron resistencia los mataron. Esta narrativa es suficiente para descartar cualquier otra línea de investigación. Resulta creíble por lo que diario sucede en el estado, además no presenta mayores complicaciones para redondear otra historia más de delincuencia común.

Estas actuaciones de la fiscalía preocupan mucho a los familiares de los estudiantes asesinados, a la misma comunidad estudiantil de Ayotzinapa y al movimiento social y sus representantes legales, porque no se vislumbran posibilidades de que tomen en serio otras líneas de investigación, que por ejemplo consideren el contexto de criminalización que enfrentan los estudiantes de Ayotzinapa. Que valoren los testimonios de las personas que también fueron víctimas de esta acción delincuencial, y que reconsideren el móvil de los asesinatos.

No se trata de planteamientos que estén alejados de la realidad, son situaciones graves que los estudiantes han enfrentado en varios momentos de su lucha. Para nadie es desconocida la aversión que existe por parte de actores gubernamentales, sobre todo de las fuerzas de seguridad y de la misma fiscalía, por asumir una postura crítica y de acciones directas. Tampoco podemos ignorar la campaña de desprestigio que el gobierno y sus medios incondicionales despliegan, cuando los jóvenes interpelan a las autoridades y cuando se movilizan para exigir la presentación con vida de sus compañeros.

Los han catalogado como vándalos y en los mismos expedientes penales los han ligado con los grupos de la delincuencia organizada, filtrando información a los medios para criminalizarlos. Les han endilgado el mote de “ayotzinapos”, para estigmatizarlos socialmente y verlos como estudiantes pobres, resentidos y violentos. Esta postura pública contra ellos, tiene la intención perversa por parte de las autoridades de generar una campaña de odio, por considerar que son los causantes del caos y la violencia. Alientan la animadversión hacia todo lo que hacen y envían señales funestas a los grupos que delinquen y que están coludidos con personales turbios dentro del gobierno, para ponerlos en la mirilla de sus acciones violentas.

El contexto de impunidad que impera en el estado y el clima de violencia generalizado que padecemos, ha cobrado muchas vidas de jóvenes mayoritariamente pobres. Las estadísticas nos han colocado en el primer lugar de muertes violentas, teniendo a la cabeza cinco de las 50 ciudades más violentas del país. En esta vorágine criminal, el mayor peligro lo corren los estudiantes y familiares de las víctimas de desapariciones, quienes constantemente tienen que movilizarse y encarar a las autoridades para exigir justicia y verdad. Son quienes dan la cara a diario ante la sociedad para obligar a los funcionarios que investiguen estos hechos y den con los responsables.

Esta presión permanente que ha escalado a nivel internacional y que tiene bajo supervisión a las autoridades que realizan las investigaciones no es bien vista por quienes se benefician de esta forma impune de gobernar, Un estilo mafiosos que cobija a los que trabajan en actividades ilícitas y cuentan con el respaldo de agentes del estado. Son quienes han hecho del crimen el gran negocio en uno de los enclaves más pobres y narcotizados del país.

La gran prueba para el gobierno de Héctor Astudillo es atender los planteamientos legítimos de las familias y de las organizaciones civiles que demandan abrir otras líneas de investigación. Se requieren condiciones básicas de seguridad y apoyo institucional para acceder a los expedientes y conocer las diferentes actuaciones ministeriales. Se plantea que se permita la coadyuvancia y que no se torpedee su trabajo con obstáculos burocráticos o generando un ambiente hostil. El interés legítimo es que se realicen investigaciones que tomen en cuenta los más altos estándares internacionales y los protocolos de investigación científica asumidos por el estado mexicano. Se requiere voluntad política, compromiso real con las víctimas, sensibilidad y respeto a las familias. Solo así se pueden generar condiciones de confianza y mostrar disposición para corregir los errores.

El reto es que estén dispuestas a recibir asistencia técnica y que acepten una supervisión externa para que expertos en la materia puedan apoyar en la investigación y los trabajos forenses. Solo de esta manera se podrán revertir las inconsistencias y dudas que prevalecen en la línea de la investigación oficial.

Más allá de lo que se haya actuado en el expediente, se deben atender las sugerencias de los representantes legales de las víctimas, pero sobre es un imperativo jurídico apegarse al debido proceso, siguiendo con sumo rigor científico y transparencia, todas las etapas de la investigación. Es imprescindible superar posturas autoritarias que no permiten una verdadera coadyuvancia y que hacen más tortuoso el camino a las víctimas. En los ámbitos de su competencia es necesario que las autoridades ministeriales atiendan las opiniones y sugerencias de las familias y sus representantes para que puedan reencausar la investigación y robustecerla poniendo en el centro de sus actuaciones a las víctimas

Endilgarle a las mismas víctimas la responsabilidad del actuar violento de los victimarios, para de ahí poder cuadrar sin problemas el móvil del asalto, es un procedimiento inconsistente porque son elucubraciones que no están soportadas en datos ni pruebas científicas. La misma forma de argumentar los hechos, de que solo a los dos estudiantes asesinaron porque opusieron resistencia, amerita que se realicen indagatorias muy rigurosas sobre el lugar de los hechos, que para colmo de males no fue resguardado, como lo indican los protocolos de investigación.

Estamos ante un caso grave por los hechos mismos que arrancaron la vida de dos estudiantes, y porque que la comunidad estudiantil de Ayotzinapa representa un símbolo de dignidad y resistencia por todo lo que han sufrido. Han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones y desapariciones, y en ninguno de estos casos se han hecho investigaciones que den como resultado el castigo ejemplar de las autoridades responsables.

No podemos olvidar que Guerrero sigue siendo la entidad menos pacífica del país. Que si a nivel nacional la tasa de homicidios se incrementó en un 6.3% en los últimos años, llegando a la cifra de 14 homicidios, por cada 100 mil habitantes, en nuestro estado se registran 54.5 homicidios por cada 100,000 habitantes; es decir 4 veces más que la media nacional.

Lo peor que nos ha pasado es que el estado se encuentra también rezagado en varios indicadores de desarrollo, lo que contribuye a generar otro tipo de violencias, por el mal desempeño en los indicadores de distribución equitativa de los recursos públicos. Somos además un estado sumamente desigual, con una clase política corrupta e iletrada que ha lucrado de forma delincuencial con los recursos públicos de las y los guerrerenses.

Otro factor que se añade a nuestros males endémicos son la corrupción y el débil estado de derecho que están estrechamente vinculados con los niveles de violencia, que en buena medida explica los mayores niveles de corrupción, en particular entre las diferentes corporaciones policiales, autoridades ministeriales y del poder judicial.

Para Tlachinollan, esta realidad oprobiosa no puede ser comprendida en su justa dimensión si no es desde el marco de la grave crisis de derechos humanos que arrastramos con el PRI y el PRD que le han fallado gravemente a la población. Uno de los graves obstáculos para abordar esta crisis es la falta de reconocimiento de esta situación por parte de las autoridades. Los diagnósticos son contundentes, sin embargo, la respuesta estatal ha sido sistemática: “matar al mensajero, en lugar de enfocarnos en el mensaje” como lo mencionó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México en octubre del 2015, quien hizo referencia a la intolerancia de las autoridades mexicanas a la crítica pública sobre los informes de los mecanismos internacionales.

Al Hussein lo estableció claramente “Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido […] Señalar problemas estructurales, así como intervenir en casos específicos, es una parte importante de la asistencia internacional”. Por eso resulta imprescindible liberarse de inercias y ataduras como acostumbran hacerlo las autoridades que investigan los delitos. Tienen que respetar las posiciones de las familias agraviadas, de sus representantes legales y de la misma sociedad que demanda una investigación objetiva y no indagatorias armadas por consigna, de lo contrario nuestro estado continuará en la debacle, protegiendo a los perpetradores y otorgando permiso para matar a quienes son incómodos para el poder.

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