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No a la presa La Parota

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La construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota se viene planeando desde el año de 1976, cuando se realizaron los primeros estudios técnicos. Sin embargo es a partir de 2003 cuando la presa La Parota comienza a tomar mayor relevancia, tanto por el nivel de insistencia por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como por el nivel de rechazo y resistencia organizada a partir del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP).

El proyecto hidroeléctrico La Parota pretende la construcción de una planta hidroeléctrica en la cuenca del Río Papagayo. Éste proyecto tiene un costo de entre 850 y mil millones de dólares, e implicaría una seria afectación a varias decenas de comunidades repartidas en 3 municipios: Juan R. Escudero (Tierra Colorada), San Marcos y Acapulco. Se calcula que alrededor de 25.000 personas de las comunidades ribereñas tendrían que ser desplazadas y cerca de 75.000 personas serían afectadas por las alteraciones al cauce del río.

En el año 2005 la CFE, a través de comisariados ejidales y de bienes comunales cooptados y con apoyo del gobierno estatal, fomentó la realización de asambleas agrarias con el objeto de obtener la anuencia para iniciar el proceso expropiatorio y celebrar el convenio de ocupación previa con los comisariados ejidales y/o de bienes comunales de los respectivos núcleos agrarios.

Las asambleas se llevaron a cabo entre agosto y diciembre de 2005 en los bienes comunales de Cacahuatepec y los ejidos de Dos Arroyos, los Huajes y La Palma. En esos cuatro núcleos, que representan el 63% de las tierras afectadas por el proyecto, existe una fuerte oposición en contra de La Parota, articulado en torno al CECOP.

La CFE manipuló las asambleas, recurriendo a irregularidades para obtener las anuencias. Frente a esa situación, el CECOP junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, impugnaron todas las asambleas ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 41, con sede en Acapulco. En 2007, el TUA declaró nulas las cuatro asambleas impugnadas, ya que se comprobó de manera fehaciente que la CFE incurrió en irregularidades que contravienen lo que establece la Ley Agraria.

El 20 de mayo del 2007, después de un segundo intento del gobierno por realizar una asamblea en Cacahuatepec, se logró abrir un proceso de diálogo entre los supuestos simpatizantes (encabezados por el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, impuesto por el gobierno y la CFE) y el CECOP para acordar la realización de una asamblea sin la intervención de los gobiernos y sin presencia policíaca o militar; bajo los usos y costumbres, para incluir a avecindados, posesionarios y ciudadanos y no sólo a comuneros o ejidatarios (en Cacahuatepec, sólo 18% son comuneros 7.286 de 40 mil habitantes); con información real sobre las ventajas y desventajas de la presa.

La asamblea se realizó el día 12 de agosto de 2007, en el núcleo de Cacahuatepec, con la participaron de más de tres mil comuneros. Después de las presentaciones de las ventajas y desventajas del proyecto por parte de la CFE y de cuatro expertos independientes, se realizó un voto a mano levantada por unanimidad, los presentes (opositores y supuestos simpatizantes) votaron en contra del proyecto La Parota.

La decisión de Cacahuatepec significaba la cancelación total del proyecto.