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La simulación es una práctica constante en el sistema político mexicano, una herencia que sigue haciendo estragos a pesar de la apertura democrática de un país que pasó de la autocracia a una democracia procedimental apenas en 1997, pocas veces se obtienen buenos resultados aunque a veces parece que ésta sirve para modificar patrones cuyo epicentro se encuentra en otro lado.

Artículo 19 ha trabajado los últimos seis años defendiendo el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en nuestro país, para hacerlo lo hemos hecho en distintas vías: el diálogo con los actores estatales, la construcción de propuestas conjuntas, la sistematización y difusión de datos relacionados con las agresiones a periodistas, la asesoría legal y el litigio de casos relacionados y la evaluación de las políticas públicas tendientes a hacer éste un país de garantías respetadas e instituciones. No es poco trabajo.

Se aprobó la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y no, no estamos celebrando, hay muchas razones para no hacerlo, la principal se encuentra en los efectos que ha tenido la legislación actual en la cotidianidad de quienes ejercen la libre expresión en nuestro país, podemos decir que los efectos son mixtos por un lado hoy contamos con mecanismos legales específicos y oponibles que permiten asignar responsabilidades claras a los responsables del Estado en la garantía del ejercicio de derechos pero por otro lado los principales agresores a la prensa siguen impunes. Esto podría significar que los esfuerzos no son suficientes o que el Estado simula defender y garantizar para no hacer su trabajo, preferimos pensar lo segundo.

Concentremos la atención en la nueva ley que salió con el apoyo de varias organizaciones civiles, a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado que aprobaron la iniciativa de Ley de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Organizaciones especializadas consideran la ley como un avance, por ello llevan trabajando meses con el Senado para su elaboración.

Según las organizaciones civiles: “La iniciativa busca garantizar la protección rápida y efectiva de las y los defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentren en riesgo por el ejercicio de su labor. Para ello, la ley contempla un mecanismo que contará con las facultades para la implementación tanto de medidas de prevención que busquen atacar las causas estructurales que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos humanos y a periodistas, así como medidas de protección encaminadas a disminuir los factores de riesgo cuando éstos enfrenten actos de agresión en su contra”.

La ley en cuestión no es el primer intento en materia de protección a periodistas que se gesta en nuestro país. El ejemplo más bochornoso sería la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión. Su instalación, se pensó, aseguraría investigaciones diligentes en la materia. Nada más lejano a la realidad. Luego vino el mecanismo de protección a periodistas. Es tal el desgobierno dentro del ejecutivo federal, que hoy existen dos mecanismo de protección, uno para periodistas y uno para defensores. Ambos con historias diferentes, documentos fundacionales distintos pero ambos sumamente ineficaces para hacer frente al incremento evidente de agresiones a la prensa. El de defensores se elaboró y firmó al vapor para ser presentado como logro por el gobierno a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de advertir que el documento carecía de elementos esenciales la Oficina de la ONU en México solapó la pifia y engaño del gobierno.

¿Por qué habría que ser optimistas con esta nueva ley? Los argumentos escasean por lo abrumador que son los ejemplos negativos. Se debe recalcar que es el documento en materia de protección más terminado que hay en México, con lo que podemos confirmar que de ser aprobada sería un avance legal. Contrario a lo hecho anteriormente, el ejercicio entre senadores y algunas organizaciones de derechos humanos durante cuatro meses produjo un documento serio. Sin embargo, siguen existen algunas carencias importantes en el documento legal para su aplicación. Por ejemplo, la ley es de obligado cumplimiento para autoridades federales. Sin embargo, los principales perpetradores de la prensa en número son las autoridades estatales. A pesar de asegurar la obligatoriedad para las autoridades federales, por límites del federalismo, las autoridades estatales tienen que firmar un acuerdo de cooperación. Un sistema que está claramente probado como ineficaz. Es decir, el problema más serio para brindar protección no es resuelto por la ley. Así mismo, la definición de “agresiones” no incluye asesinato y desaparición. Las agresiones más graves contra la prensa son estas dos. La ley claramente duplica protección, es decir, ya existe fuentes legales que dan un paraguas de protección similar al que impondría la ley. Al mismo tiempo lo que resulta debatible es la idea de que es necesario crear una ley para asegurar la creación de un mecanismo de protección y no se haga a través del diseño de una política pública. Engordar nuestro marco legal no necesariamente asegura eficacia.

La crítica a la nueva ley no es gratuita, seremos los primeros que corroboremos que sea eficaz y seguiremos insistiendo en que el problema hoy se encuentra en la impunidad de quien viola la ley y no en la ausencia de mecanismos para protegernos. La evidencia nos indica que los instrumentos legales actuales no funcionan, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos Humanos en la CNDH el año pasado emitió 3 recomendaciones por 98 quejas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión lleva una reducción presupuestal del 72.36% y en el último año de 214 averiguaciones iniciadas solo se había ejercitado acción penal en 23 casos, el Mecanismo de Protección de la SEGOB se mantiene como inoperante y en 14 estados de la República siguen criminalizados los delitos contra el honor (difamación, injuria y calumnia) aunado a la falta de autonomía y transparencia del Ministerio Público se puede asegurar que el problema se encuentra en otro lado y que esta nueva ley puede correr la misma suerte.

No por estar del lado de la sociedad civil se debe aplaudir todo lo que salga de nuestro trabajo pues, en el largo plazo, puede hacer que perdamos la capacidad de autocrítica y con ella la de proponer cosas nuevas a la sociedad, estamos sujetos doblemente al escrutinio público y hay que asumirlo así.

Chilpancingo, 17 de abril. A cuatro meses de que se propusiera la iniciativa de crear una Comisión de la Verdad que investigue las violaciones a los derechos humanos durante los años 60 y 70 , diputados locales tomaron protesta a los comisionados que la integrarán. Pilar Noriega, representante de los comisionados, aseguró que la comisión es autónoma, no forma parte de la estructura del estado y sus integrantes “somos ajenos a intereses partidarios y de orden electoral”.

La Comisión de la Verdad está integrada por María del Pilar Noriega, Nicomedes Fuentes García, Arquímides Morales Carranza, Enrique González Ruiz e Hilda Navarrete Gorjón, por ser personas “honorables, por haber participado en la defensa y promoción de los derechos humanos, además de no ser dirigente de partido u organización política, ni funcionario público”, argumentó el presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos.

ALBANY — Gov. Cuomo’s 14-year-old daughter and his ex-wife endured a frightening Easter experience when they were detained and interrogated by heavily armed Mexican soldiers.

Kerry Kennedy, Cuomo’s ex — who is the daughter of the late U.S. Attorney General Robert F. Kennedy — wrote in an op-ed article that she and her daughter, Michaela, were traveling to Acapulco for Easter Mass when they ran into trouble at a military checkpoint.

Kennedy wrote that she and her companions were “stopped, harassed, threatened, and detained by eight soldiers in battle fatigues brandishing automatic weapons,” and that she was “merely concerned” at first, as a lieutenant began questioning them.

But things went downhill quickly. “After establishing that we were an international human rights organization, the lieutenant responsible for the checkpoint maliciously demanded to inspect our belongings for narcotics,” wrote Kennedy, who is president of the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, and was traveling in Mexico in that capacity.

“‘I am the authority! I have the power!’” the lieutenant “raged,” she recounted. “At that moment, my heart stopped.”

Kennedy’s group was allowed to leave after a half-hour of questioning, but she noted that others are not so lucky — and in her piece called on the United States to pressure Mexico to crack down on its military.

“After all, we were traveling with RFK Human Rights Award Laureate Abel Barrera and his legal team, among the brightest lawyers in Mexico,” she wrote in the piece, which was published on the center’s website and in the Huffington Post. “Our attorneys immediately cited four articles of the Mexican constitution that the infantry lieutenant violated.”

“On Sunday, I experienced what few leaders in Mexico’s elite know: the fear of a military that turns its power on the very people it has vowed to protect,” she continued, adding: “For many Mexican human rights defenders, confronting the military does not end so well.

Amnistía Internacional (AI) adoptó ayer a los activistas mexicanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz como presos de conciencia, luego de comprobar que ambos "fueron encarcelados con base en pruebas falsas, como represalia por haber asumido la defensa del derecho al agua en su comunidad".

Rupert Knox, jefe del equipo de investigación de AI sobre México, señaló en conferencia de prensa que la sentencia de seis años de cárcel contra ambos hombres, dictada en 2010 por el supuesto robo de un auto, fue resultado de un proceso judicial lleno de vicios e irregularidades.

El funcionario federal reconoció que se siguen dando estas pláticas con los representantes de los núcleos agrarios, en una conferencia de prensa a la que convocó a los estudiantes y egresados de las instituciones educativas del nivel medio superior y superior a incorporarse a esa dependencia federal, para que presten su servicio social o sus prácticas profesionales y colaboren en la elaboración de proyectos para el desarrollo del campo guerrerense.

En el momento en que los funcionarios federales se decían satisfechos por las acciones en materia de derechos humanos, integrantes del Circuito de la Diversidad Sexual se colocaron frente al presidium para increpar al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Le reclamaron que no han sido escuchados y que mientras en las oficinas se producen documentos y libros en materia de derechos humanos, continúan los asesinatos de activistas de esta comunidad. Al lado de Poiré se hallaba la procuradora General de la República, Marisela Morales, y minutos antes se había retirado la canciller Patricia Espinosa.