XXXXX, a XX de mayo de 2013

Lic. Mario López Valdez 
Gobernador del Estado de Sinaloa
Lic. Bladilena Ahumada Romo
Directora del Trabajo y Previsión Social de Sinaloa	
Arq. Gonzalo Beltrán Collantes.
Presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES).
PRESENTES.- 

Reciban saludos cordiales de XXX organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra más profunda preocupación por el caso de 37 jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero que se encuentran demandando el pago legítimo de su trabajo a la agrícola Agroger del Évora S.P.R. DE R.L., cuyo  propietario es el empresario José Alfredo Gerardo Ríos. 

Tenemos información de que estas familias fueron contratadas para laborar en la siembra y corte de calabaza, con un horario de trabajo de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, percibiendo un salario diario de $135.00 (ciento treinta y cinco pesos 00/100 M. N.). Durante mes y medio, la empresa agrícola cubrió los salarios correspondientes, sin embargo, a partir del 5 de febrero de 2011 se les dejó de pagar. El día 11 de mayo del 2011, el agricultor comunicó al grupo de jornaleras y jornaleros que ya no había trabajo y debían retirarse sin liquidar el pago de su salario. Las y los jornaleros acudieron a la Procuraduría de Defensa del Trabajo del Estado, dependiente de la Dirección de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. Posteriormente, el 28 de febrero de 2012, la Procuraduría citó al representante de la agrícola, el señor José Alfredo Gerardo Ríos; quien reconoció el adeudo a las 37 personas y mediante un acta compromiso se comprometió al pago. Sin embargo, incumplió el acuerdo, ante lo que la Procuraduría de Defensa del Trabajador permaneció pasiva sin asesorar a las y los trabajadores sobre la manera de hacer efectivos sus derechos. 

Es de nuestro conocimiento, que después del incumplimiento del agricultor, las y los jornaleros agrícolas con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, interpusieron una demanda formal el 25 de febrero de 2013 ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, ubicada en Guasave, como último recurso legal para reclamar el pago de su salario. Igualmente, sabemos que tras la demanda, en la primera audiencia de conciliación, la empresa se negó a pagar a las y los trabajadores el adeudo e incluso llegó al extremo de negar la relación laboral, incurriendo nuevamente en un trato discriminatorio. 

En este contexto es que instamos a las autoridades del ámbito laboral de Sinaloa a que garanticen los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas y a que hagan valer el convenio firmado ante la Procuraduría de Defensa del Trabajador. De la misma forma, urgimos a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), a que respete los derechos de los jornaleros agrícolas indígenas y a que asegure que sus agremiados cumplan con sus obligaciones patronales.

Finalmente, solicitamos a las autoridades y empresarios que se comprometan con el respeto a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.  Por nuestra parte seguiremos de cerca el desarrollo del caso y de los resultados de la próxima audiencia. 

Saludos cordiales,

XXXXX

Ccp. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”