En el marco de la visita conjunta que los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizarán del 27 de noviembre al 4 de diciembre, es muy importante traer a la memoria el informe que publicó en el 2016 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH titulado Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión.

El contenido se centra en la grave crisis de violencia y seguridad que afecta –desde hace tiempo– a vastos sectores de la población mexicana. Esta situación que sigue desbordándose a lo largo y ancho de la república, ha llevado a calificar a México como uno de los países más peligrosos del continente para ejercer el periodismo. Para la Relatoría de la CIDH la libertad de expresión de México enfrenta uno de sus momentos más críticos, con graves y complejos obstáculos, pero sobre todo por la enorme impunidad que impera. El Estado ha incumplido su obligación de garantizar el ejercicio a la libertad de expresión y el derecho a la información.

El ambiente que prevalece en gran parte del país es sumamente adverso para quienes ejercen este trabajo con gran pasión y compromiso. Hay una animadversión que proviene de las cúpulas del poder contra colegas periodistas que no se pliegan a las líneas oficiales sobre el acontecer marcado por la violencia y la impunidad. Por sus posturas críticas e independientes se les relega y estigmatiza. Se les señala públicamente como personas non gratas, por ejercer el periodismo con ética profesional. Las autoridades nunca valorarán la posición digna y firme de las y los periodistas que tienen un compromiso con la verdad y que se guían por principios que definen el sentido profundo de quien ejerce el derecho a informar.

El informe desarrolla un tema delicado que lo centra en lo que denomina las “zonas silenciadas”. Han identificado que en la región existen zonas obscuras o que se mantienen en la penumbra y que comparten determinadas características: existen al interior de las comunidades y las mismas zonas urbanas estructuras criminales que operan fuera de la ley y que buscan tener el control de toda la región. Otro elemento clave es la cooperación, la colusión o la omisión de amplios sectores de la administración pública que a diversos niveles trabajan con el crimen organizado.

Por otra parte, existe un desentendimiento entre los poderes constituidos para garantizar la libertad de expresión y asumir el compromiso de prevenir, proteger, investigar y sancionar a personajes públicos que amenazan y buscan acallar a las y los periodistas. Esta situación ha llegado al extremo de atentar contra la vida misma de hombres y mujeres que se consagraron a ejercer con total libertad e independencia su trabajo periodístico.

El informe con gran contundencia afirma que “hay zonas de México en las que hoy día las y los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales”. En esta situación de mucho riesgo resulta extremadamente difícil que las y los periodistas realicen investigaciones y publicaciones sobre temas muy espinosos, sobre crimen organizado, corrupción, inseguridad, violencia institucionalizada e impunidad. Para muchos periodistas que se atreven a evidenciar estas redes del crimen con los grupos políticos, se puede considerar que se colocan en el umbral de la violencia por parte de actores estatales y no estatales. Es optar por el silencio para mantener cierto nivel de seguridad o destapar la cloaca y ser puesto ante el paredón.

Esta realidad que a diario enfrentan las y los periodistas ha causado múltiples agravios porque los márgenes de la legalidad han sido desbordados por los mismos gobernantes que –movidos por intereses obscuros– pactan con los grupos que han hecho de la violencia un modo de vida.

El Informe detalla que las entidades federativas que padecen una fuerte presencia del crimen organizado son Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca. En estas entidades la Relatoría pudo constatar con preocupación que la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas, permanecen impunes, mientras que los mecanismos de protección presentan graves deficiencias y omisiones que hacen difícil el cumplimiento de su objetivo.

En las zonas silenciadas, las organizaciones criminales son las que ejercen el control territorial y tienen una fuerte presencia en las instituciones gubernamentales, esta realidad temeraria coloca a las y los periodistas en medio del fuego cruzado y en situaciones extremas no tienen otra alternativa que alinearse a los intereses de algún grupo delincuencial para salvaguardar su vida o integridad física. Lo que implica dejar de informar y guardar silencio.

En nuestro estado en varias regiones, las comunidades están siendo desinformadas y silenciadas a consecuencia de la delincuencia desatada por el crimen organizado, con el fin de asegurar sus negocios ilícitos que son protegidos por las mismas autoridades locales y regionales.

El concepto de “zonas silenciadas” se aplica para describir la violencia ejercida contra la integridad física y psicológica de periodistas  y trabajadores de medios de comunicación, por estructuras criminales con la aquiescencia del Estado. También se dan situaciones donde los periodistas se sienten amenazados por el poder coercitivo del Estado que hace uso del derecho penal para sancionar, reprimir, e inhibir las expresiones críticas de las y los periodistas sobre determinadas actuaciones de las autoridades. Es otro tipo de violencia que se ejerce desde el poder, que tiene como único fin censurar u obstaculizar el trabajo de la prensa.

Guerrero es una zona silenciada por el poder que ejercen varias organizaciones criminales en varias regiones del estado. En ciertas municipalidades, las autoridades y corporaciones policiales se supeditan a los grupos que ejercen la violencia en la zona. La ley queda encarnada en su poder de fuego. El terror impuesto es el nuevo orden que arroja diariamente siete asesinatos. No existen contrapesos institucionales ni la fuerza represiva del Estado ha mostrado su eficacia para contener esta avalancha delincuencial que ha sembrado tumbas clandestinas para tapar el horror y acallar para siempre estos crímenes.

La delicada situación que enfrenta el gremio periodístico de Guerrero ha llegado a preocupar enormemente a las relatorías de la ONU y la CIDH, por esta razón han logrado formalizar una visita oficial conjunta a nuestro país que inicia este lunes 27 de noviembre y que concluirá el 4 de diciembre. El señor David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; y el señor Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH,  programaron visitar los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México. El sábado 2 de diciembre el señor David Kaye visitará nuestro estado para reunirse con el gremio periodístico para conocer de viva voz la situación general y los casos en particular de las agresiones que han enfrentado compañeros y compañeras que por ejercer el derecho a informar han sido asesinados, amenazados, hostigados, difamados y desplazados de manera forzada por personajes públicos y actores privados.

En esta misma semana el defensor comunitario Arturo Campos Herrera cumplirá cuatro años privado de su libertad de manera injusta por mantenerse fiel a su compromiso de promover y defender los derechos de los pueblos na savi y me’ phaa de Ayutla. Las autoridades estatales recurriendo a las mismas prácticas ilícitas de fabricar pruebas, lo han acusado de secuestrar a 43 personas. Lo confinaron ilegalmente en el penal de máxima seguridad de Almoloya, donde estuvo detenido Joaquín El Chapo Guzmán, fue víctima de tortura física y psicológica y le negaron el derecho a tener una defensa adecuada. El fin perverso fue doblegarlo y destruir su proyecto de vida como defensor comunitario por más de mil 461 días ha persistido en su convicción de que es una persona inocente y lo ha demostrado en todos los careos que ha tenido con las supuestas víctimas del secuestro. Ninguna de ellas lo ha señalado y más bien Arturo ha podido demostrar durante todo el proceso penal que es una persona respetada y reconocida por su pueblo. Un luchador que, en medio de la pobreza y los tratos discriminatorios, se abrió paso para denunciar crímenes atroces como la masacre de El Charco, las torturas sexuales de Inés y Valentina, los estragos de la militarización y la colusión de las autoridades locales con el crimen organizado.

Arturo es una de las voces silenciadas y perseguidas por las autoridades del Estado. Han criminalizado su lucha y le han dado trato de un delincuente sumamente peligroso.

Lo han privado de su libertad de manera arbitraria y por no alinearse a los intereses de los grupos políticos, lo han perseguido y encarcelado en los penales donde también se vive el mismo fenómeno, y los territorios son controlados por grupos de la delincuencia. Es en las zonas silenciadas donde los defensores de los derechos humanos tienen que luchar contra todo un proceso plagado de irregularidades y un clima adverso que en muchas ocasiones los obliga a guardar silencio.

En esta semana seremos testigos del encuentro que tendrán las y los periodistas con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, por su parte, el defensor comunitario Arturo Campos tendrá la visita de representantes de organizaciones sociales y civiles para hacer pública su exigencia al juez de que libere de manera inmediata e incondicional al defensor de los pueblos me’phaa. El viernes primero de diciembre, al cumplir cuatro años de su injusta detención intensificaremos la campaña a nivel nacional e internacional denominada “Libertad para Arturo” para evidenciar que Arturo es inocente y que por su lucha en defensa de su pueblo ha sido también una voz silenciada por parte del gobierno de Guerrero.