OPINIÓN | Tirar a matar: ejecuciones extrajudiciales en La Concepción, Guerrero

Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos Castillo, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de La Concepción, Guerrero, fueron ejecutados extrajudicialmente el 7 de enero después de la llegada de elementos de diversas instituciones de seguridad del Estado entre ellas: policía ministerial, estatal, federal, gendarmería y el ejército. Eran alrededor de las 11:00 de la mañana cuando los más de 200 elementos arribaron a la comunidad en un operativo masivo, en donde además de elementos en tierra, había un aproximado de 35 vehículos y un helicóptero del gobierno del Estado sobrevolando La Concepción.

La llegada de tantos elementos provocó tensión y miedo, ya que el director de la Policía Estatal ordenó desarmar a la policía comunitaria. Empezaron a jalonearlos y según relatos de testigos recabados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los policías estatales empezaron a abrir fuego, en especial contra aquellos que identificaban como integrantes de la CRAC-PC y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

En el contexto del uso desproporcionado de la fuerza, durante la refriega feroz de los policías, los pobladores afirman que uniformados gritaban, “ahora sí perros”, “denles con todo”. Un disparo de los policías del Estado habría sido la señal para dar inicio al tiroteo.

Ante la balacera y la persecución que se había emprendido tanto por los policías estatales como ministeriales contra los policías comunitarios y miembros del CECOP, se empezaron a dar las primeras ejecuciones extrajudiciales. Según testigos, integrantes de la policía estatal fueron al patio trasero de la Casa de Justicia de Enlace de la CRAC-PC en donde sometieron a Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos Castillo, y apuntándoles con sus armas, los obligaron a que se hincaran con las manos en la nuca, para después dispararles. Feliciano habría muerto agachado con las manos en la nuca y Alexis de pie.

Otro de los policías comunitarios acaído es Crescenciano Everardo Lorenzo, se presume que también fue una ejecución extrajudicial ya que a él lo detuvieron cuando se encontraba en el patio delantero de la Casa de Justicia. Ahí llegaron dos elementos de la Policía Estatal, le solicitaron su arma y, sin oponer resistencia, la entregó. De inmediato los policías lo sujetaron y se lo llevaron detenido rumbo al establecimiento de la CONASUPO que está junto a la iglesia de la comunidad; posteriormente su cuerpo apareció sin vida, no se conoce la forma en cómo murió.

El día anterior 

La tormenta llegó, en el marco de la fiesta patronal de La Concepción que se realiza cada año del 5 al 8 de enero. El 6 de enero se realizó un baile en la cancha del pueblo. El conflicto inició cuando una persona que llegó a la Casa Enlace de la Policía Comunitaria orinó y aventó piedras hacia la misma como una forma de burlarse y de retarlos. En ese momento los policías comunitarios quisieron detenerlo, pero éste corrió a la Comisaria Municipal que está aproximadamente a unos 100 metros. Cuando los policías comunitarios se aproximaron a la Comisaría fueron recibidos por detonaciones de arma de fuego por personas armadas que se encontraban en el interior, cayendo en ese instante privados de la vida dos elementos de la CRAC-PC: Eusebio Elacio Martínez y Ulises Martínez García. Debido a la sorpresa del acto se abrió un fuego cruzado donde perdieron la vida seis personas más: Alejandro Melchor León, Obdulio Mongoy Dorantes, Daniel Evelardo Miranda, Alejandro Melchor Ángel, Jesús Estrada Calixto y Alexis estrada Asencio.

Cabe señalar que los testimonios recabados señalan que desde que el Comisario Municipal Florentino Melchor llegó a la comunidad, señaló que iba a sacar al CECOP y la CRAC-PC, lo que agudizó la división que ya existía en la comunidad. Además, comentó que él mismo tenía vínculos con el gobierno y grupos de presión que apoyan el proyecto la Parota. Los mismos testimonios indican que el comisario había anunciado en una reunión -en la que también acudieron instancias del gobierno- que cuando llegara la fiesta “los iba a desaparecer uno por uno”, “que costara lo que le costara, no iba a quedar ningún comunitario con vida”.

La Parota 

Desde 1976 el gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con apoyo del gobierno de Guerrero proyectó la construcción de una presa hidroeléctrica la cual alimentaría a la ciudad de Acapulco, sustrayendo el agua de los ríos Papagayo y Omitlán. La cortina de la presa se programó para ser de 162 metros de altura y generar un promedio de mil 349 GWh anualmente, con una capacidad para 6 mil 790 Mm3.

No obstante, para hacer realidad la construcción de dicha presa se tendrían que inundar alrededor de 21 comunidades indígenas y rurales, siendo que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), aprobado -en forma condicionada- por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en diciembre de 2004, señaló como afectadas directa e indirectamente a 24 localidades. En total de 5 municipios del estado de Guerrero se verían afectados y más de 20 mil personas tendrían que desplazarse de manera forzada, así como otras 70 mil sufrirían de otras afectaciones.

En 2003 la CFE decidió empezar a construir la presa. La maquinaria pesada entró a las comunidades y se cavaron túneles. Fue por lo que en 28 de julio del 2003 las comunidades decidieron conformar el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota como una instancia de los pueblos para hacer efectiva la defensa de su territorio. Y así enfrentarse a las asambleas agrarias cooptadas e ilegales con las cuales se intentó dar por “consultado” dicho proyecto y dañar su tejido comunitario ya que se empezó a buscar dividir a las comunidades. En muchas de estas asambleas se recurrió a la fuerza pública en donde se agredieron a los comuneros y ejidatarios. En compañía de Tlachinollan emprendieron una lucha jurídica y social con lo cual se logró invalidarlas y suspender el proyecto; sin embargo, las autoridades del Estado han intentado en varias ocasiones reactivarlo como en 2007 y 2009 donde se volvió a intentar hacer pasar por “validas” asambleas ilegales.

Son 14 años de lucha tenaz y ejemplar, logrando 5 triunfos inobjetables en los tribunales agrarios. Su apuesta por la vía legal atrajo el reconocimiento y el respaldo de los relatores de la ONU que emitieron varias recomendaciones orientadas a salvaguardar su derecho al territorio. Su organización cimentada en las asambleas agrarias consolidó un movimiento de resistencia que ha logrado resultados favorables, porque han impedido que la CFE entre a su territorio para construir la hidroeléctrica. A pulso, han logrado el reconocimiento de las autoridades, como los verdaderos dueños de las tierras comunales que baña el río papagayo.

El 23 de abril del 2017 se llevó una asamblea comunitaria conjunta entre miembros del CECOP y la CRAC-PC, en la cual se tomó como acuerdo que los bienes comunales de Cacahuatepec se integraban a la CRAC-PC, con lo cual comenzó alianza entre ambas organizaciones.

Después de los hechos ocurridos el 7 de enero en La Concepción, el 15 de enero fueron vinculados a proceso 25 personas: la mayoría del CECOP y personas que llegaron para la Asamblea dominical ordinaria que realiza esta organización social que desde 2003 defiende la tierra. Entre los detenidos se encuentra Marco Antonio Suástegui Muñoz, su líder histórico y 2 personas que permanecían en proceso de reeducación.

Una vez más, Guerrero se vuelve foco rojo a nivel internacional por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra defensores comunitarios que desde hace 14 años defienden su tierra y territorio, la defensa de los derechos de los pueblos, su autonomía y libre determinación. Las actuaciones deliberadas de las autoridades, evidencian la estrategia del gobierno de dividir las comunidades y desgastar al CECOP para generar condiciones que propicien la construcción de la Parota. Con sus actuaciones dan muestra de que privilegian obras que afectarían a la comunidad y ponderan velar por los intereses políticos y económicos de unos cuantos, a costa de la vida, seguridad y libertad de los verdaderos dueños de la tierra.  No les importa tirar a matar. Sin embargo, la batalla que durante más de una década el CECOP ha dado para defender los bienes comunales de Cacahuatepec sigue vigente, la población ha manifestado que no tolerará nuevos atropellos en su contra y acudirá si es necesario a los tribunales internacionales para sancionar a quienes ejecutaron a los defensores, a quienes mantienen en prisión a otros más y a quienes rompen el tejido social para salvaguardar intereses mezquinos.