Pronunciamiento |  Alto al fuego

Pronunciamiento

Indigenous Peoples Rights International-Derechos de los Pueblo Indígenas Internacional

6 de julio 2021

 #AltoAlFuego

 

Al Estado mexicano y a la comunidad internacional.

 

Ante los múltiples casos de intimidación, asesinatos y reiterados actos de violencia hacia pueblos y comunidades indígenas en México, Indigenous Peoples Rights International-Derechos de los Pueblo Indígenas Internacional[1] manifiesta lo siguiente:

Primero: Históricamente, los pueblos indígenas se han mantenido firmes en la defensa de sus territorios; sin embargo, en los últimos años, se ha presenciado episodios de violencia que han cobrado varias vidas dejando a los responsables en la impunidad. En el último año, hemos documentado 14 víctimas mortales como represalia a las luchas por la defensa de sus derechos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

El día de ayer, por la mañana, alrededor de la 10:00 horas, en la cabecera municipal de Simojovel, fue asesinado de un disparo de arma de fuego Simón Pedro Pérez López. Él era defensor de derechos humanos, pacifista, catequista, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), de la cual fue Presidente de la Mesa Directiva en el año 2020. Desde este trabajo en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, había estado acompañando a comunidades que han denunciando la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia.

En Chiapas, desde el año pasado, se ha reportado una situación particularmente grave. En el municipio de Aldama, en medio de la región de los Altos, hay una disputa territorial que data de 1970 entre ejidos colindantes de Manuel Utrilla en Chenalhó y Aldama por 60 hectáreas. Las comunidades Tsotsiles que habitan ese territorio han reportado que son víctimas de un asedio que pone en riesgo sus vidas. Como consta en la documentación entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] existe un grupo armado que de manera permanente mantiene amenazada a las comunidades disparando con armas de fuego en contra de la población civil. En el 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó, en un período de 17 días, 56 agresiones armadas en contra de 12 comunidades de Aldama. Hasta este momento, se han reportado 3499 personas en desplazamiento forzado intermitente, 23 heridos de bala y 7 personas asesinadas, una de ellas este año.

En Oaxaca, el pasado 28 de marzo, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna quien fue parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER). De manera previa, también fue asesinado el 23 de enero Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal y defensor del territorio. Así mismo, en la noche del 14 al 15 de marzo de 2021, fueron asesinados a tiros Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, también en la comunidad Paso de la Reyna. Es decir, en un periodo de 3 meses, han sido asesinados 5 defensores indígenas en una comunidad de apenas 500 habitantes, que defienden su territorio  desde hace más de una década, contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, hay 5 comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía frente al avance desmedido del crimen organizado en sus comunidades. En el marco de esa lucha, desde diciembre del año pasado hasta el día de hoy han sido asesinadas 5 personas. María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados en medio de sus tareas como parte de la ronda comunitaria, sin que hasta el momento el gobierno del estado haya visitado el lugar de los hechos para documentar los asesinatos y expedir las actas de defunción correspondientes. Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio.

El pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora, en territorio Yaqui, fue desaparecido el vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia. Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada.

Segundo: Condenamos y manifestamos nuestra preocupación sobre los actos que vulneran los derechos fundamentales de los pueblos y líderes indígenas.

Tercero: Recalcamos que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, también en las comunidades en su conjunto. La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello.

Cuarto: Exhortamos a la sociedad civil en su conjunto a que se sensibilicen sobre la necesidad de demandar y visibilizar la terrible situación que se presenta en las comunidades y, sumar esfuerzos, desde sus formas y medios propios para que se escuchen las dignas voces de los pueblos indígenas por justicia y el respeto a sus derechos colectivos sin impunidad.

Quinto: Las organizaciones que integramos la Iniciativa Global de Indigenous Peoples Rights International en México señalamos la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno y le recordamos al Estado mexicano la obligación de investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad. Además, exhortamos un acompañamiento con las medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad personal de las comunidades señaladas y prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.

Octavo: Finalmente, demandamos al Estado mexicano la homologación de los más altos estándares internacionales con la legislación nacional para el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación de los pueblos y se establezca una nueva relación de respeto a las definiciones jurídicas de las comunidades emanadas de sus propios sistemas normativos.

Atentamente

Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos indígenas

“Indigenous Peoples Rights International”

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Colectivo Emancipaciones

Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA),

Consultoría Técnica Comunitaria

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario

 

 

Datos de contacto:

Citlalli Hernández Saad.

Celular: 5519390511

Correo electrónico: mexico.ipri@iprights.org

 

[1] Acerca de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) es una organización mundial de pueblos indígenas legalmente registrada y sin ánimo de lucro que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y unificar y amplificar la reclamación de justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos Resolución 35/2021. Medida Cautelar No. 284-18. Familias indígenas tsotsiles1 de doce comunidades identificadas de Aldama, Chiapas respecto de México.  23 de abril de 2021. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-21_mc_284-18_mx_es.pdf