30 años de la policía comunitaria: la persecución que no cesa

En memoria del defensor aguerrido:

 Ranferi Hernández (de Lucía, Juanita y Antonio).

A 8 años de su asesinato exigimos justicia.

 

Castigo a los responsables materiales e intelectuales

de la desaparición y asesinato del defensor comunitario:

Arnulfo Cerón Soriano

La persecución y la criminalización de la policía comunitaria (CRAC-PC) son parte del golpeteo permanente que ha caracterizado tanto a los gobiernos priistas y perredistas como a morenistas. Todos están cortados con la misma tijera: hacen causa común para no reconocerlos en la constitución local. La fiscalía se ha encargado de fabricar delitos y los jueces los tratan como delincuentes. Todo el aparato de justicia del estado se empeña en colocarlos fuera de la legalidad, en catalogarlos como delincuentes peligrosos. En los políticos prevalece la simulación y la traición, el discurso falaz y la obstrucción permanente para no legislar a su favor.

A pesar de abatir los índices delictivos en la Costa Montaña, la clase política sigue tratando a los pueblos indígenas como menores de edad. Con su visión racista catalogan a la justicia indígena como primitiva, remitiéndose a la justicia por propia mano. En 3 décadas han afianzado un sistema de seguridad y justicia que ha enfrentado muchas pruebas, amenazas y violencias. En medio de estas tormentas se han ganado la confianza de la población. La gente de las comunidades ha experimentado que la justicia es un bien tangible y que la seguridad es un derecho que se salvaguarda. Los policías comunitarios se forjan en la lucha, en la defensa diaria de la gente, enfrentando a los grupos de asaltantes, confrontándose con las organizaciones delincuenciales, garantizando seguridad en los caminos agrestes y velando en todo momento por los derechos de la gente pobre. Ser policía comunitario es poner a prueba el valor y el compromiso para defender los derechos de la comunidad.

Hace 30 años, por mandato de la asamblea regional se conforma la policía comunitaria. Las autoridades comunitarias agotaron todas las instancias y los esfuerzos para coordinarse con los agentes del estado y tomaron la decisión de nombrar a sus policías, sus comandantes regionales y sus coordinadores, como la nueva estructura de su sistema de justicia y seguridad comunitarias. El principal obstáculo que encontraron fueron las autoridades del estado, los cuerpos de seguridad y el ejército. Detuvieron y encarcelaron a comisarios, desarmaron a los policías y llamaron a los coordinadores a Chilpancingo para darles un ultimátum: no permitirían que la policía comunitaria existiera.

Las comunidades en asambleas regionales reafirmaron su postura y con una marcha masiva le dieron fuerza y sustento a la policía comunitaria. Lo que no ha podido hacer el estado lo está haciendo la comunitaria: bajar los índices de violencia. A pesar de esta gran contribución, las autoridades siguen empeñadas en perseguir y detener a los policías comunitarios, a sus comandantes y a sus coordinadores.

El 6 de mayo de 2013 fue detenido por el ejército, la Marina y la policía federal, el coordinador Raúl de Jesús Cabrera, por portación de armas de uso exclusivo del ejército, cuando llevaba a dos menores a Acapulco para atención médica. El 21 de agosto más de 300 elementos de la Marina, el ejército y la policía federal detuvieron a Nestora Salgado, promotora y miembro de la policía comunitaria de Olinalá. En la noche, un aparatoso operativo con tanquetas y torton de militares, elementos de la Marina, de la policía estatal, la policía federal y la ministerial tomaron por asalto la casa de justicia de El Paraíso, del nuevo municipio Ñuu Savi. En la incursión detuvieron a 40 policías comunitarios. Seis policías comunitarios permanerieron en la cárcel y fueron liberados en el 2016: Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Benito Morales Justo, Ángel García y el finado indígena Na Savi, Bernardino García Francisco, sobreviviente de la masacre de El Charco.

Una semana después, el 27 de agosto, un grupo de la policía comunitaria protestó por la represión en la Casa de Justicia de El Paraíso en Cruz Grande. El ejército detuvo a tres policías comunitarios acusados de delincuencia organizada y portación ilegal de armas, siendo trasladados a Acapulco.

El 6 de octubre de 2013 fue detenido el indígena Na Savi Samuel Ramírez de 17 años, originario de la comunidad de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, acusado por portación de arma de fuego y sentenciado a 4 años y 6 meses en Chilpancingo. Un mes después fue detenido Gonzalo Molina, coordinador de la casa de enlace de Tixtla, por secuestro y otros delitos. En diciembre detuvieron a Arturo Campos, fundador de la policía comunitaria, después de una protesta por la liberación de seis policías comunitarios presos de la casa de justicia de El Paraíso.

El 20 de febrero de 2025 cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac fueron detenidos por la guardia nacional después de que trasladaron de urgencia a un enfermo al hospital general de Tlapa. El 20 de agosto José Molina, hermano de Gonzalo Molina fue detenido en la Ciudad de México, y el 21 de agosto, Claudia Molina, hermana de Gonzalo Molina González también fue detenida acusada por terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra particulares, derivado de la toma del ayuntamiento de Tixtla en el 2013. El 27 de agosto fueron liberados por falta de pruebas.

La lista de los policías comunitarios que han sido encarcelados y que tienen órdenes de aprehensión es extensa. Lo peor de todo es que esta pesadilla no termina. Las autoridades estatales y federales siguen hostigando a los coordinadores regionales, comandantes y policías comunitarios por el único delito de velar por la seguridad de las comunidades indígenas.

El pasado jueves 9 octubre a las 7:40 de la mañana fue detenido Jaime Morales Castro en un retén instalado por elementos del ejército mexicano, la guardia nacional, policía estatal y policía ministerial en Ayutla de los Libres. Sus familiares consideran que lo estaban esperando porque sólo detuvieron el carro donde él iba. Le pidieron su credencial y no le permitieron seguir su camino.

Jaime Morales, es comisario de la comunidad Na Savi de Coapinola y consejero de la casa de justicia de la comunidad de El Paraíso. Es acusado de secuestro agravado contra 43 personas, es el mismo delito que se le endilgó a Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina. Su detención es parte de la persecución que mantienen vigente las corporaciones policiacas y el ejército contra las autoridades indígenas que son parte de la CRAC-PC. Siguen tratando como delincuentes a quienes desempeñan un cargo comunitario, lo paradójico es que en estos operativos aparatosos no dan con la detención de personajes que el mismo gobierno cataloga como generadores de violencia.

El viernes 10, cuando fue declaración preparatoria, Jaime se reservó el derecho a declarar. Ahí los abogados de Tlachinollan pidieron que el delito se reclasificara como privación ilegal. Lo mismo había pasado con el caso de Ángel García, que en un amparo un juez federal resolvió que no había delito de secuestro, lo reclasificó por el delito de privación ilegal de la libertad. Posteriormente obtuvo una sentencia absolutoria porque no había elementos para condenarlo.

El ahora consejero municipal y comisario de Coapinola tenía el cargo de primer comandante regional de la casa de justicia de El Paraíso en el 2013. Su compromiso con el sistema comunitario sigue intacto desde hace más de una década. El día de su detención iba a una asamblea donde se verían los preparativos del 30 aniversario de la CRAC-PC.

Este miércoles 15 de octubre el juez dictará un auto de formal prisión o lo dejará en libertad. Jaime Morales paga muy caro su compromiso de servir a su comunidad como comisario y consejero regional de la CRAC-PC. Para las autoridades federales y estatales se trata de un presunto delincuente. Se repite el mismo patrón de criminalización que implantaron los gobiernos priístas y que reprodujeron los gobernadores del PRD, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero. La morenista Evelyn Salgado Pineda mantiene intocada la estructura del poder que protege a quienes han atentado contra la vida del coordinador de la CRAC-PC, Julián Cortés Flores y contra defensores comunitarios como Marco Antonio Suástegui, Ranferi Hernández, Rocío Mesino, Antonio Vivar, Arnulfo Cerón y recientemente el abogado Anselmo Bautista.

La violencia que sigue en ascenso en el estado es una señal funesta de que la estrategia de seguridad sigue dando tumbos. El asesinato del sacerdote Bertoldo Estrada es parte del desbordamiento de los márgenes de la civilidad, de un entramado delincuencial que se ha extendido en nuestra entidad y que las fuerzas del orden parecen estar rebasadas. Detener a una autoridad comunitaria como Jaime Morales es focalizar la persecución contra la policía comunitaria dejando de lado a los grupos delincuenciales que han cometido crímenes arteros y que no son investigados ni detenidos. Lo inaudito es que en esta avalancha delincuencial no se toquen las estructuras delincuenciales que se anidan dentro del aparato estatal y que las víctimas sigan inermes sin un atisbo de justicia. La impunidad es el hilo indeleble que todos los gobiernos protegen para no llamar a cuentas a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y para mantener las parcelas del poder económico de una clase política depredadora.

 

Fotografia: SEDEPIA