Un congreso que desacata las sentencias de SCJN

Dentro de las múltiples irregularidades que el poder legislativo de Guerrero ha cometido para supuestamente dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de las acciones de inconstitucionalidad 78/2018 y 81/2018, esta semana se sumo una más. Solo faltaba que la misma gobernadora les corrigiera la plana al emitir una observación total al Decreto 183, porque presenta inconsistencias importantes en su estructura.

El 20 de abril de 2020 la SCJN aprobó por unanimidad de votos la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 81/2018, que declaró la invalidez del Decreto Número 778, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 701. También declaró la invalidez de la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Por esta razón la SCJN determinó que la invalidez surtiera efectos a más tardar a los doce meses a partir del 14 de abril de 2021, sin embargo, la legislatura pasada ignoro la instrucción y fue hasta febrero del presente año cuando los nuevos integrantes del congreso se dieron a la tarea de realizar una consulta simulada.

Es importante resaltar que el 23 de septiembre de 2021, la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN notificó el acuerdo emitido por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que solicita a los nuevos integrantes del Poder Legislativo de Guerrero, que informen y remitan copias certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo de la acción de inconstitucionalidad.

Por su parte la presidenta de la nueva Mesa Directiva de la LXIII legislatura, Flor Añorve Ocampo, evadió su responsabilidad al manifestar que la legislatura anterior tuvo la responsabilidad de atender este requerimiento, además justificó su inacción con el argumento de que la nueva legislatura se había instalado el primero de septiembre de 2021 y que por lo mismo, no estaban integradas las comisiones ni los comités legislativos. Ante esta falta de oficio legislativo, el Ministro Presidente de la SCJN mediante el acuerdo fechado el 22 de octubre de 2021, les reitera que informen sobre el cumplimiento del fallo constitucional, que a la letra dice:  “dicha ejecutoria deberá quedar cumplimentada dentro de los doce meses siguientes a la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, situación que aconteció el catorce de abril de dos mil veintiuno.”

Además de este revés, la SCJN emitió el 18 de mayo de 2021 una segunda sentencia relacionada con la acción de inconstitucionalidad 78/2018, donde se declara la invalidez del Decreto 756 por el que se reforma el Artículo 14 de la Constitución de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena. La legislatura pasada también tuvo conocimiento antes de que concluyera su gestión, sin embargo, no le dio seguimiento puntual a la determinación del máximo Tribunal.

Es importante resaltar que las dos acciones de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN se fundaron en la grave omisión cometida por el Congreso de no realizar una consulta indígena y afromexicana, al tratarse de una modificación legislativa que incidía de manera directa en los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero. Por esta razón los ministros y ministras establecieron que era trascendental pronunciarse sobre la necesidad de que en los procesos de consulta se apliquen metodologías, protocolos y planes que tomen en consideración las diferentes fases de este referéndum comunitario, a saber: fase preconsultiva, Informativa, deliberativa, dialógica y decisiva.

La supuesta consulta realizada por el Congreso del estado de Guerrero violó los principios básicos, porque no fue previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Tampoco se cumplieron con las fases mínimas establecidas.

El protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe, el proceso de consulta no se realizó con la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es decir, no se cumplió con la fase preconsultiva para establecer de común acuerdo la forma de llevar el proceso de consulta. Lo hicieron de manera unilateral, ignorando a los sujetos de la consulta. No fue libre ni informada, porque el protocolo de consulta no fue publicado ni dado a conocer a través de los medios de comunicación que utilizan los pueblos y comunidades, sobre todo que la cultura oral es determinante para cualquier dialogo con estas poblaciones. Los diputados y diputadas sólo se circunscribieron a la publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la página de internet del congreso, que son medios que discriminan las lenguas indígenas.

Tampoco fue una consulta informada porque no se transparento ni se puso a discusión con las comunidades indígenas y afromexicanas el protocolo de consulta. En ningún momento plantearon los contenidos de la consulta, es decir, los temas de fondo que violentan los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, sólo se redujeron a cubrir un trámite administrativo con las formalidades legales para justificar con las firmas de la gente una supuesta consulta.

Lo más grave de este proceso es que los mismos diputados y diputadas desconocían las iniciativas que supuestamente se discutirían con la población indígena y afromexicana. En el mismo protocolo no iban incluidas las iniciativas que tendrían que discutirse en los marcos de las asambleas comunitarias. Todo se redujo a reuniones informativas sin que los consultados tuvieran la iniciativa de la JUCOPO, que sólo se redujo al tema de seguridad, ignorando totalmente el sistema de seguridad y justicia que desde hace 27 años aplican los pueblos indígenas y afromexicano de Guerrero. Fue un proceso regresivo y atentatorio a los derechos colectivos porque en ningún momento los diputados y diputadas establecieron un dialogo intercultural con la población consultada.

Fue una consulta que reprodujo las prácticas discriminatorias y racistas que acostumbran aplicar los supuestos representantes del pueblo, ignorando la historia, la cultura, el patrimonio intangible, la memoria colectiva, las practicas ancestrales, las formas de organización comunitaria, la cosmovisión y el ethos que le dan identidad al pueblo combativo de Guerrero. En algunas reuniones usaron las lenguas maternas como mero folclor para simular un dialogo intercultural. Fue simplemente un acto político que reprodujo los acarreos de la gente como si se tratara de una campaña electoral.

La farsa de la consulta no fue un trabajo gratuito, implicó varios millones de pesos que destinaron a dilapidar los recursos públicos, utilizando como siempre a la población pobre de Guerrero. Pagaron publicidad para hacer creer a la opinión pública que su trabajo estaba dando cumplimiento a lo ordenado por la SCJN. Sobresalió la intolerancia y la soberbia de los diputados y diputadas al tomar el control de todo el proceso de consulta como la forma más segura para imponer una ruta que  facilitara conseguir las firmas y contar con fotografías que acreditaran la supuesta consulta.

Lo inaudito fue la acción perversa y delincuencial de algunos diputados que se atrevieron a alterar un artículo transitorio de la Ley de Seguridad Pública, para que apareciera en el diario oficial del estado de Guerrero que se realizaría una nueva consulta con el fin de reformar el artículo 14 de la Constitución del Estado y la Ley 701, contraviniendo lo que el pleno del Congreso aprobó. A pesar de este escándalo que implica responsabilidades jurídicas muy graves, todo quedo entre comparsas al conformar una comisión de investigación que encubrirá a los responsables.

La nueva legislatura demostró su torpeza y falta de pericia en estos temas que requieren un conocimiento exhaustivo de los procedimientos que dicta la SCJN. Los integrantes del legislativo desacataron la sentencia de que tenían que reformar la ley 701 y la ley de seguridad pública en la misma fecha que los ministros y ministras acordaron. Sin ninguna base jurídica determinaron postergar la reforma a la ley 701 hasta el 25 de mayo de 2022, evidenciando su desconocimiento sobre estas determinaciones.

La gota que tiró el tepache fue la intervención de la gobernadora para corregir la plana al legislativo. El pasado 9 de junio la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió un oficio firmado por la gobernadora donde le manifiesta que el Decreto 183, presenta inconsistencias importantes en su estructura derivado de que para su integración fue tomada como base la Ley 701, cuando lo correcto debía tomarse como documento base la ley original, lo cual no ocurrió y por tanto se devuelve para los efectos procedentes.

Tomando en consideración esta observación de la gobernadora es importante clarificar que la nueva legislatura en lugar de reformar la totalidad de los 60 artículos de la ley 701, de los cuales la Corte declaró su invalidez, sólo se limitó a modificar 25 artículos, sin saber el motivo de esta grave deficiencia. Es increíble que ningún diputado y diputada con el apoyo de sus asesores y asesoras hayan verificado lo que les ordenó la Corte y que en base a esa determinación realizaran las reformas a la totalidad de los artículos de la Ley 701. El Congreso no solo ha desacatado lo que ordenó la SCJN sino que también actuó con impericia legislativa, al grado que la gobernadora tenga que regresar la iniciativa aprobada para que corrijan las inconsistencias del Decreto 183. Mientras tanto el pueblo de Guerrero tendrá que seguir pagando muy cargando con esta legislatura que además onerosa es ineficiente.

Foto: Especial