El muro de la ignominia

Presentación con vida del maestro Esteban Arredondo Ávila.

Nos sumamos a la exigencia de agilizar su búsqueda para dar con su paradero.

Este lunes 4 de septiembre el Congreso del Estado de Guerrero celebrará a las 10 de la mañana una sesión solemne para develar en el muro de honor de este poder legislativo, la inscripción con letras doradas “2023, año del bicentenario del Heroico Colegio Militar”. En el orden del día realizarán honores a la bandera y entonarán el Himno Nacional. En la primera intervención participará la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la mesa directiva, que hablará en nombre de la sexagésima tercera Legislatura. Enseguida participará el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y representante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por último, intervendrá la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero. Como punto final develarán en el muro de honor las letras doradas que rememora el bicentenario del Colegio Militar.

Nada más alejado del sentir del pueblo combativo de Guerrero lo que han decidido realizar los diputados y diputadas de la sexagésima tercera Legislatura. Para centenares de víctimas que fueron ejecutadas y asesinadas por miembros del Ejército mexicano, la celebración de esta sesión es un agravio, porque las autoridades en turno han cubierto con el manto de la impunidad a los perpetradores castrenses que utilizaron toda la fuerza del Estado para perseguir, encarcelar, torturar, desaparecer y ejecutar de manera arbitraria a mujeres y hombres que fueron catalogados como enemigos del régimen autoritario. Es importante retomar las luchas heroicas de guerrerenses que se atrevieron a encarar a los caciques y a los generales del Ejército para desbaratar el sistema de privilegios que ha sumido a nuestro estado en la extrema pobreza, siendo subyugado por la bota militar.

En lugar de que el Congreso atienda el clamor de las víctimas, celebra pomposamente el bicentenario del Colegio Militar, donde realizaron su carrera centenares de elementos castrenses que declararon la guerra a los sectores empobrecidos de nuestro país, por atreverse a cambiar las condiciones de explotación que padecían. En el 2008 la LIX legislatura creó la comisión de la verdad del estado de Guerrero (Comverdad) a través de la ley 932 como un mecanismo de justicia alternativa, para contribuir a que la sociedad guerrerense conociera lo que sucedió en aquellos años. Fue un gran esfuerzo para acceder a la verdad y dar un gran paso hacia la justicia y la no repetición. Este valioso informe fue ignorado y archivado por las últimas legislaturas que han sido cómplices de estas atrocidades cometidas por el Ejército.

El informe de la Comverdad fue presentado el 15 de octubre de 2014, 20 días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Con estas nuevas desapariciones se abrió otro capítulo de la actuación funesta del Ejército, como lo han plasmado los seis informes que elaboraron especialistas en estos temas y que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). A pesar de que estas graves violaciones a los derechos humanos sucedieron en Iguala, Guerrero, siendo víctimas 43 estudiantes de la histórica Normal de Ayotzinapa, la presente legislatura ha ignorado a las madres y padres de los 43 normalistas y, más bien, se ha obstinado en criminalizar a los jóvenes por ejercer acciones de protesta. Es muy grave que los diputados y diputadas no hayan emitido un pronunciamiento para exigir la presentación de los 43 normalistas. Es inverosímil que para este Congreso el caso Ayotzinapa no forme parte de su agenda legislativa. Lo más grave es que no conocen el informe de la Comverdad ni los seis informes del GIEI. Más bien, es un Congreso que se confabula con quienes han violentado los derechos humanos de estudiantes, normalistas, maestros, campesinos, indígenas, colonos y miembros de la comunidad LGTBI.

La votación unánime de los diputados y diputadas retrató de cuerpo entero a quienes dicen representar al pueblo de Guerrero. Hay una gran distancia entre el Poder Legislativo y los ciudadanos y ciudadanas de a pie que luchan diariamente para sobrevivir y velar por su seguridad ante la inacción de las autoridades. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los colectivos de familiares emplazaron de nueva cuenta a los diputados y diputadas para que aprueben la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas, que en todo momento han demandado su dictaminación.

Es un trabajo arduo que las familias han realizado con el único fin de que la ley plasme sus principales demandas. Plantean la creación de un centro de identificación humana para acabar con el rezago histórico que desde hace varios años sigue arrastrando la Fiscalía del estado. También proponen la independencia de la Comisión de Búsqueda para que se garantice una atención digna y profesional, sobre todo, que cuente con suficiente presupuesto para la compra de equipo y contratación de más personal. Por la experiencia que han padecido las familias consideran necesaria la independencia de la Comisión Ejecutiva de Víctimas del estado que funciona con muchas limitaciones por las trabas burocráticas que se dan en la Secretaría General de Gobierno y por el raquítico presupuesto que ejercen.

Ante lo oneroso que resulta el pago por la renta de las gavetas que asciende a 45 mil pesos por cada resto óseo, las familias consideran que es imprescindible la creación de un centro de resguardo forense que esté en manos de las instituciones del estado, para que deje de ser un negocio. En medio de su dolor y de múltiples sacrificios que realizan para hacer las búsquedas de sus seres queridos, los colectivos de familiares se han dado tiempo para retrabajar una iniciativa de ley que responda a los graves problemas que enfrentan y que las autoridades han desatendido ante la falta de un marco legal que las obligue a brindar una atención digna y eficiente. A pesar de que es una problemática que requiere la convergencia de las instituciones del Estado, la actual legislatura no le ha dado la debida importancia para presentar esta iniciativa al pleno del Congreso para su dictaminación.

Contra el sentir de una sociedad agraviada, los diputados y diputadas rendirán honores al Ejército, recibirán al secretario de la Defensa Nacional, quien dirigirá un mensaje en nombre del presidente de la República. Develarán las letras doradas para enaltecer el reconocimiento del Heroico Colegio Militar. Este acto protocolario muestra el talante de los legisladores y legisladoras que sólo tratan de congraciarse con la jerarquía militar para alinearse a las nuevas políticas del Ejecutivo federal, que ha colocado al Ejército como un actor político que ostenta un gran poder económico por el gran presupuesto público que les asignan. Es inaudito que los representantes populares no tengan memoria de los acontecimientos que marcaron un capítulo sangriento protagonizado por el Ejército mexicano. La sangre de los caídos sigue esparcida en el mar con los vuelos de la muerte, en el Campo Militar Número Uno que fue utilizado como un centro de tortura, donde desaparecieron y ejecutaron a decenas de hombres y mujeres que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

En Guerrero hay una deuda histórica inconmensurable, el costo de vidas humanas es invaluable, los daños causados a sus familiares se han multiplicado de generación en generación. Hasta la fecha muchas familias tuvieron que dejar su casa y salir de la comunidad para ponerse a salvo. La mayoría padece el tormento que desgarra su corazón por la desaparición de sus seres queridos. El mar está manchado de sangre, la tierra agreste esconde los restos de quienes antes de ser desaparecidos fueron torturados, por eso el suelo gime de dolor, por tanto sufrimiento sepultado y tantas atrocidades enterradas en fosas comunes.

Muchas historias que han sido pacientemente documentadas por los familiares, dan cuenta de que sus desapariciones se dieron en un contexto donde los agentes del Estado tenían el derecho de matar. En los años cruentos de la guerra sucia los militares fueron los principales perpetradores, los jefes castrenses como Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Miguel Nazar Haro, Fernando Gutiérrez Barrios, Hermenegildo Cuenca Díaz, Miguel Bracamontes García entre tantos otros implementaron operaciones de contrainsurgencia para aniquilar a la guerrilla. Guerrero fue el laboratorio y el centro de operaciones donde el Ejército aplicó el libreto de la guerra a lo largo y ancho del estado.

Para centenares de familias las letras doradas que aparecerán en el muro de honor del Congreso del estado, representan un agravio, sobre todo, porque no hay verdad ni justicia para las personas desaparecidas. Es el muro de la ignominia que lastima la dignidad de las personas ausentes. Es una ofensa para quienes han identificado a personal castrense en la desaparición de sus seres queridos.

Guerrero es un territorio convulso, marcado por sucesos históricos que han dejado una huella imborrable en las gestas heroicas de la Independencia y la Revolución. Tiene un legado invaluable por su contribución en la defensa de los derechos humanos. Hay un gran número de hombres y mujeres que entregaron su vida para poner los cimientos de un estado democrático. El mismo gobierno se encargó de perseguirlos y desaparecerlos, de denostar su memoria y de tratarlos como delincuentes y forajidos.

El pueblo digno de Guerrero los reivindica como próceres del cambio, como forjadores de nuestro sistema democrático. Ha sabido honrar su memoria y les ha dado un lugar importante en la historia de nuestra entidad.

La sexagésima tercera Legislatura es una afrenta para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército.

Las letras doradas que develarán para honrar el bicentenario del Colegio Militar quedarán grabadas en la memoria del pueblo combativo de Guerrero, como una traición y un insulto a la inteligencia y dignidad de centenares de personas desaparecidas.