Entre el desamparo y la denostación

 

En Guerrero, para los luchadores y luchadoras sociales, el mes de octubre es funesto. Conmemoramos fechas trágicas por las pérdidas de vidas humanas de hombres y mujeres que dieron la batalla para defender los derechos del pueblo.

En la tarde del 19 en octubre de 2013, Rocío Mesino supervisaba en Mexcaltepec la reparación de un puente dañado por las tormentas Ingrid y Manuel. De manera sorpresiva llegaron dos personas desconocidas en un vehículo. Uno de ellos se acercó a Rocío para distraerla, preguntándole cómo cruzar el río. En ese instante el otro individuo accionó un rifle AK-47, disparándole en varias ocasiones. Al caer en el suelo, el homicida volvió a disparar contra el cuerpo inerme de Rocío. Norma, hermana de Rocío, pidió el apoyo de las autoridades estatales y a la base militar de La Cumbre, sin embargo, todo fue en vano porque no hubo respuesta efectiva de quienes velan por la seguridad pública.

Rocío formaba parte de la familia Mesino, que ha padecido la persecución de los gobiernos caciquiles al catalogarlos como miembros de la guerrilla. Varios de sus tíos fueron desaparecidos en la década de 1970. En su lucha por la justicia y contra el mal gobierno impulsaron la fundación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). En junio de 1995 la policía estatal atacó a campesinos de la OCSS y ejecutó a 17 de ellos en el vado de Aguas Blancas.

Hilario Mesino Acosta, padre de Rocío, fue encarcelado en 1996 señalado como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR). A los ocho meses fue liberado. Miguel Ángel Mesino, hermano de Rocío, fue preso político y en septiembre de 2005 fue asesinado en Atoyac. En varias ocasiones, Rocío fue víctima de amenazas y agresiones violentas. Este 19 de octubre se cumplieron 10 años del artero asesinato de Rocío Mesino y hasta la fecha no existen avances en las pesquisas.

El sábado 14 de octubre de 2017, cerca del crucero de Nejapa, municipio de Chilapa, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández, su suegra Juana Dircio, de 94 años de edad, y su ahijado Antonio Pineda fueron asesinados cuando salían de su pueblo natal, Ahuacuotzingo. Antes, Ranferi había pasado a su parcela para cortar algunas calabazas con el fin de prepararlas para la fiesta del Día de Muertos. Los familiares al enterarse del asesinato de las cuatro personas se trasladaron al lugar, donde encontraron el vehículo calcinado. Los cuatro cuerpos estaban totalmente calcinados. Al lugar llegaron policías municipales de Chilapa y la policía ministerial, así como peritos de la Fiscalía General del Estado que habían acordonado la zona, tratando de sofocar el fuego. Constataron que un cuerpo calcinado se encontraba en el asiento de atrás, los otros tres cuerpos estaban apilados dentro de la cajuela. Fue un crimen que a seis años no presenta avances sustanciales en la investigación. Hay un reclamo de sus hijas por la indolencia de las autoridades y la permisividad para cometer estos crímenes atroces, sin que se dé con los responsables materiales e intelectuales de estos cuatro homicidios.

Ranferi fue un reconocido luchador social que formó parte del movimiento social de izquierda. Promovió la conformación del Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN). En 1996 fue desaforado como diputado local por supuestamente pertenecer al EPR. Ranferi, junto con Rocío Mesino, abanderaron la lucha para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los 17 campesinos de la OCSS. Denunció las tropelías del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y encaró al gobernador interino Ángel Aguirre Rivero. Se exilió con su familia en Francia, por los fundados temores de que las amenazas de muerte se cumplieran.

Ranferi fue fundador y ex dirigente del PRD en Guerrero. Impulsó el movimiento democrático independiente, conformado por organizaciones populares en los años de 1990. Su lucha incansable lo colocó en la mira de sus enemigos políticos y fue blanco de ataque de los grupos del crimen organizado. A pesar de las amenazas recibidas, persistió en la lucha dentro de un territorio controlado por las bandas delincuenciales.

El 11 de octubre de 2019, alrededor de las 20 horas Arnulfo Cerón Soriano fue desaparecido cuando se dirigía en su vehículo a su centro de alcohólicos anónimos, donde regularmente participaba en las sesiones nocturnas. Nunca llegó a su destino. En la madrugada, su hijo mayor, al cerciorarse que no había regresado a casa, llamó a sus compañeros del Frente Popular de la Montaña (FPM) para preguntar si habían establecido comunicación con él. De inmediato se organizaron para buscarlo. Sólo encontraron la camioneta que manejaba. Ante la incertidumbre de su paradero sus compañeros del frente instalaron retenes en las principales entradas de la ciudad, para exigir la presentación con vida de Arnulfo.

Sus familiares interpusieron la denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Chilpancingo. La desaparición de Arnulfo tuvo un impacto nacional e internacional, al grado que la oficina de la ONU en México solicitó al gobernador del estado que brindara la atención debida al caso de Arnulfo. El 20 de noviembre del 2019, después de dos días de arduo trabajo y con el uso de maquinaria pesada, se encontró el cuerpo del defensor en una fosa clandestina, a más de tres metros de profundidad en el paraje conocido como Los Tres Postes, ubicado en la periferia de Tlapa.

Arnulfo fue un defensor comunitario que se incorporó al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) para solidarizarse con las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Junto con Antonio Vivar impulsaron la conformación de un Concejo Municipal, con la participación de las comunidades indígenas de Tlapa. Tomaron el ayuntamiento por siete meses, y el 1 de junio de 2015, varios compañeros del frente fueron desalojados del corredor del Ayuntamiento, por parte de taxistas que fueron armados con palos y machetes, azuzados por líderes de los particos políticos como PT, PRI y Verde Ecologista. A pesar de esta cruenta represión, donde fue asesinado el joven universitario Antonio Vivar Díaz, en plena jornada electoral, Arnulfo se mantuvo firme en la lucha. Se incorporó al Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg), para exigir la libertad de los campesinos del CECOP acusados de homicidio en la comunidad de La Concepción, municipio de Acapulco.

Impulsó la creación del Frente Popular de la Montaña, que se convirtió en un movimiento de comunidades indígenas que emplazó a las autoridades municipales para rendir cuentas y exigir la construcción de obra,s que fueron acordadas previamente con el presidente municipal saliente. En 2018, con la llegada del nuevo presidente municipal de Morena, se agudizó el conflicto ante la cerrazón del licenciado Dionicio Merced Pichardo, para atender la construcción de las obras pendientes. El liderazgo de Arnulfo Cerón incomodó a las nuevas autoridades, iniciando una campaña de desprestigio por su labor como defensor. Esta confrontación pública colocó a Arnulfo en el blanco de ataque no sólo de las autoridades municipales, sino de la delincuencia organizada. Su denuncia pública y los bloqueos carreteros incrementaron las amenazas de muerte. Él mismo las denunció, sin embargo, las autoridades trivializaron sus señalamientos. La amenaza se cumplió el 11 de octubre de hace seis años.

Apenas hace unos días, el martes 17 de octubre, fue acribillado a balazos el dirigente social Bruno Plácido Valerio, en la entrada de las oficinas de la Secretaría de Salud, junto con su chofer Abad Ruiz García. Bruno Plácido fue un joven indígena que desde pequeño luchó contra el racismo y la discriminación que padecen los indígenas na savi y me’phaa en el municipio de Ayutla. Fue fundador de la policía comunitaria y uno de los principales estrategas de la seguridad construida con la participación de las comunidades y el involucramiento de los comisarios en el diseño de un sistema de justicia y seguridad.

Bruno tuvo la gran virtud de impulsar la organización de las comunidades, de no temer a los caciques y patrones, de confrontar a los ministerios públicos y jueces que se coluden con las organizaciones criminales. Levantó a los pueblos de Costa Chica y logró desmantelar a grupos del crimen organizado. Su pragmatismo lo colocó en disyuntivas sumamente peligrosas, que generó cuestionamientos y reclamos ante los excesos de algunos grupos de la UPOEG, que actuaron por su cuenta en contubernio con el crimen organizado.

Su enfermedad debilitó su liderazgo y perdió el mando de la UPOEG. A pesar de los riesgos que corría y de la falta de protección del gobierno morenista de Evelyn Salgado, Bruno Plácido continuó acompañando a las autoridades comunitarias para abrir puertas de las instituciones públicas y hablar con los secretarios de despacho. En sus desplazamientos solamente viajaba con su chofer y no acostumbraba portar armas. Bruno fue víctima de la violencia y la inseguridad que impera en el estado. A pesar de ser un defensor del pueblo, quedó totalmente inerme ante la indiferencia de las autoridades y la denostación de la que fue objeto. Padeció los estragos funestos de un gobierno ausente.