Las elecciones tienen precio

Para Josefino Tapia,

 comandante de la policía comunitaria

de El Otate, municipio de Tlapa.

Fue arteramente asesinado,

en compañía de otro joven

cuando se dirigían a las labores del campo

 

El escenario político-electoral es devastador en Guerrero.  A las cúpulas partidistas les tiene sin cuidado la violencia que a diario enluta hogares y que pone en jaque a la población que lucha por su sobrevivencia. El poder destructor de los grupos criminales se ha colocado por encima de las autoridades. En Acapulco, la guardia nacional está al margen de los asesinatos que se cometen en las playas, las calles y las colonias. Su presencia no inhibe a quienes cobran la cuota o venden droga. Tampoco actúan para detener a quienes portan armas o para desmantelar la red de negocios ilícitos que proliferan a lo largo de la bahía. Los lancheros y vendedores de las playas tienen que negociar con los que controlan los espacios donde trabajan. La gente está sometida por el crimen; en los taxis, los mercados, el ambulantaje, los expendios de pollo, las tortillerías, la venta de cerveza, las lanchas, las sombrillas, la venta de comida, todo tiene un pago extra, ya sea diario o semanal. Además de esta extorción cotidiana, la población padece asaltos a mano armada, las mujeres son víctimas de violencia sexual, de atracos, secuestros, amenazas de muerte y asesinatos.

En las ciudades como la capital del estado, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, las mismas autoridades municipales han pactado con la delincuencia a cambio de protección y de hacer redituable económicamente su cargo. En estos municipios los grupos delicuenciales son actores con mucho poder económico que logran imponer sus candidatos. Tienen una gran influencia entre la misma clase política, al grado que pueden poner en jaque a las mismas autoridades si sienten que se les relega o se les quiere aplicar la ley. Se han incorporado como prósperos empresarios que van supeditando a los grupos económicos acostumbrados a mantener un nivel de ingreso que no les permite ampliar ni diversificar sus negocios. El éxito de los nuevos emprendedores se consolida con las alianzas que establecen con quienes hacen negocio dentro del gobierno. Se transforman en los grandes proveedores y se involucran en las tareas públicas.

La pinza se cierra cuando los funcionarios del gobierno del estado encuentran a estos personajes y los visualizan como sus principales aliados. Los grandes negocios en un estado sumido en la corrupción y la pobreza crecen vertiginosamente. Se buscan las formas que mejor encubren estas operaciones truculentas, para no dejar duda de que se actúa con transparencia y dentro de la legalidad. Hay un contubernio al interior de las instituciones que va creando nuevas redes delincuenciales dentro del aparato del estado. Nadie de los beneficiarios del erario truncará estos megaproyectos que deslumbran a cualquier mortal. Todo funciona sincrónicamente y acorde a los intereses de quienes se obnubilan con el poder.

La rapacidad de las cúpulas partidistas del estado esta carcomiendo nuestro sistema político. Los partidos son repugnantes para el electorado, porque han denigrado el rol que desempeñan como institutos que representan el sentir popular. Han trivializado su relación con los ciudadanos y ciudadanas. Los tratan como simples votantes, que fácilmente pueden ser manipulados o cooptados con dinero. Han mercantilizado los cargos de representación popular y todo se puede arreglar con quienes ofrezcan más dinero. Los representantes de los partidos políticos han tirado por la borda todos los principios ideológicos que dieron origen a la creación de los principales partidos políticos en México. Fue una lucha histórica que costó muchas vidas. Los hombres y mujeres que se atrevieron a desafiar a un poder omnímodo y patrimonialista, sufrieron persecuciones, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas y hasta ejecuciones extrajudiciales.

Fueron hombres y mujeres con ideales, dispuestos a correr los riesgos con tal de tumbar al mal gobierno. Desde 1960 se da una efervescencia política en el estado que causó masacres y desapariciones. La Asociación Cívica Guerrerense (ACG), el Partido Comunista Mexicano (PCM)  y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron ejemplos paradigmáticos de la lucha político-electoral que libraron innumerables líderes históricos contra los caciques y el PRI. Fue una gesta por la democracia que implicó mucho sufrimiento y sacrificio. El PRI-gobierno utilizó al aparato represivo del estado para reprimir las marchas y manifestaciones. Fueron maestros universitarios, estudiantes, amas de casa, colonos, campesinos e indígenas los que emergieron como un actor político que reclamaban sus derechos a la libre manifestación de ideas y a la libertad para organizarse de manera independiente.

La historia de Guerrero tiene pasajes siniestros por la participación del ejército para matar a guerrilleros y destruir todo vestigio de organización disidente, sea pacífica o armada. El poder caciquil tuvo como brazo armado a los militares que actuaron como criminales al implantar una política del terror para violar flagrantemente los derechos humanos de la población. Torturaron, desaparecieron y ejecutaron a líderes sociales, a hombres y mujeres que empuñaron las armas para defenderse del horror, para increpara al poder y luchar contra la opresión y el oprobio. Fueron momentos dolorosos, lúgubres, terroríficos, porque arremetieron de manera cobarde contra la población civil. Esta gesta por la democracia y la justicia sigue viva en la gente de la ciudad y del campo. Solo ellos saben lo que han costado los cambios en el gobierno. Tirar gobernadores y sacarlos de los palacios no fue una acción sencilla y pacífica. Implicó sacrificio, compromiso, entrega y determinación. La disputa fue muerte no para pelear cargos, sino para transformar las estructuras políticas que se negaba a reconocer los derechos del pueblo a decidir libremente a sus autoridades.

En esta segunda década del siglo XXI, después del triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, en Guerrero los partidos políticos son una afrenta para el pueblo digno de Guerrero. En la presente contienda electoral los dirigentes de los partidos nacionales y estatales se comportaron como mafias políticas, porque decidieron en la penumbra y a hurtadillas quienes serían sus candidatas y candidatos para los diferentes cargos de elección popular. Las negociaciones que hicieron fueron turbias, cada grupúsculo impuso sus reglas, utilizó el doble lenguaje, la simulación, la diatriba, el engaño y la traición. Prevaleció la compra de candidaturas, las negociaciones truculentas, los acuerdos amafiados, los pagos de favores. Dieron rienda suelta a sus ambiciones personales y al derroche de dinero para repetir en el mismo cargo.

El negocio de los cargos públicos ya se dibuja a lo largo y ancho del estado. En los principales municipios como Acapulco donde el crimen organizado ha tomado el control de las principales actividades turísticas y la violencia se ha enseñoreado en todo el puerto, para la presidenta municipal Adelina López, esta crítica situación no representa algún obstáculo para contender nuevamente. Cuenta con el apoyo del presidente de la república y de Marcelo Ebrard y para el pragmatismo que prevalece en el ambiente de los dirigentes políticos es determinante para palomearla, independientemente que no haya resultados tangibles en temas tan graves y sensibles como es la inseguridad y la violencia. El huracán Otis vino a justificar la mala imagen que tiene Acapulco, no solo por la basura y la falta de servicios básicos, sino todo el abandono en que se encuentran las colonias pobres y las comunidades rurales.

Otro centro turístico de proyección internacional que se encuentra atrapado en las redes de la delincuencia es Taxco de Alarcón. La población teme que con la reelección del presidente municipal Mario Figueroa, ahora por Movimiento Ciudadano, la violencia cobre más víctimas. En la elección pasada la mayoría de comisarios fueron amenazados por la delincuencia, para asegurar que las gentes de sus comunidades votaran por Mario. Los resultados fueron fatídicos por el incremento de personas asesinadas y desaparecidas. El pago de la cuota se extendió a la misma grey católica, principalmente los encruzados que participan en la procesión del silencio. Hay trabajadores del mismo ayuntamiento que se encuentran desaparecidos, se consumaron 3 asesinatos de funcionarios municipales y el mismo presidente fue víctima de un atentado por personas que balacearon su camioneta. Lo que más causó indignación y consternación fue la desaparición y asesinato de la niña Camila, que mostró la inacción de las autoridades municipales y estatales para dar con su paradero y evitar el linchamiento de una mujer, que presuntamente fue la responsable de este crimen artero.

David Gama es otro presidente, que a pesar de que la ciudad de Iguala es de las más inseguras y violentas del estado, siente que puede continuar otro trienio en medio de este valle desolador. La plaza de Iguala es estratégica para bajar de la sierra y para salir a Morelos y a la región de la Tierra Caliente. Es un centro económico por ser parte del corredor joyero. La disputa de los grupos de la delincuencia, por el control de los diferentes giros comerciales, lleva décadas. Es inadmisible que a pesar de la tragedia de Iguala, donde asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a 43 compañeros de la Normal de Ayotzinapa, las autoridades civiles y militares dejen intacta la estructura delincuencial que persiste en Iguala y en varios municipios de la región norte del estado.

Además de las 3 principales candidaturas para presidentes municipales en el estado, se han registrado 23 que negociaron con sus dirigentes políticos para reelegirse. No importa que el pueblo cuestione su desempeño y que haya señalamientos de mal manejo del presupuesto público o la falta de obras para las comunidades más abandonadas, lo que cuenta y pesa es el dinero esquilmado para comprar las candidaturas. Estas triquiñuelas son formas burdas que causan malestar y enojo en la población. En lugar de impulsar un cambio que beneficie a la mayoría de la población, las autoridades que se reeligen causan quebranto, penas, sufrimiento y luto en los hogares. Este tipo de elecciones en lugar de ser una oportunidad para impulsar los cambios que requiere la gente, representa una práctica que denigra nuestro sistema político y trata como parias y mercancías a los ciudadanos.