La policía comunitaria y el embate de la delincuencia

 

Abel Barrera Hernández

 

Desde su creación en la Costa-Montaña la policía comunitaria se abrió paso entre los grupos de asaltantes que tenían azorada la región. Hicieron frente a los pistoleros de caciques que se dedicaban al robo de ganado. Confrontaron a los ministerios públicos que hacían migas con los delincuentes, encañonaron con sus armas a los policías judiciales por la detención arbitraria del padre Mario Campos, líder moral del movimiento comunitario. La aprehensión de un cacique alarmó a los mestizos ricos y a las autoridades del estado al constatar que los pueblos indígenas instalaban su casa de justicia en la ciudad colonial de San Luis Acatlán.

El Ejército incursionó en las comunidades para amedrentar y fichar a los jóvenes indígenas que se incorporaban a la policía comunitaria. Irrumpían en las comisarías y amenazaban a las autoridades con encarcelarlas. En los caminos interceptaban a los grupos de la comunitaria. Los desarmaban e investigaban. Como en tiempos de Genaro Vázquez, el Ejército desplegó su presencia en las comunidades que se adscribían a la comunitaria. Coparon el territorio comunitario ante el temor de una irrupción armada.

En febrero de 2002 el gabinete de seguridad de Guerrero citó a palacio de gobierno a los coordinadores de la policía comunitaria de San Luis Acatlán. Los esperaba el secretario de Gobierno, el mayor Luis León Aponte, acompañado por el comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, el secretario de Seguridad Pública del estado, el procurador general del estado y el delegado de la entonces Procuraduría General de la República.

De pie escucharon el lenguaje osco y amenazante del ex militar: señores, deben saber que los grupos de los policías comunitarios son ilegales. No tienen permiso para portar armas ni patrullar los caminos. Sus autoridades no pueden girar órdenes de aprehensión. Les daremos 30 días para que informen a sus comunidades que sus policías comunitarios desaparecerán.

Los coordinadores respondieron con firmeza y contundencia: nosotros sólo acudimos para atender su llamado, no venimos para responder a sus amenazas. El pueblo es el que nos manda y serán las asambleas las que decidirán qué vamos hacer. Si quieren desarmar a nuestros policías suban a la Montaña. A los 15 días de la cita se manifestaron más de 3 mil indígenas me pháá y na savi para respaldar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y encarar al gobierno que no hace justicia a los pobres ni brinda seguridad a los pueblos.

La efectividad del sistema de seguridad y justicia comunitario atrajo a muchas comunidades de la Montaña Alta y de la Costa Chica. Los liderazgos indígenas se fortalecieron y diversificaron. En 2011, después de la creación de la casa de justicia en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, se dio la primera ruptura de la CRAC-PC con la irrupción de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) liderada por Bruno Plácido Valerio. A esta nueva casa se incorporaron grupos de la policía comunitaria de Olinalá, Huamuxtitlán y Tixtla que radicalizaron sus acciones atizando la represión del gobierno.

El 21 de junio de 2013 un operativo conjunto de 200 elementos entre cuerpos policiacos y militares detuvieron a la comandanta Nestora Salgado García, que fue trasladada al penal de Tepic, Nayarit. Al siguiente día otro operativo similar se realizó en la casa de justicia de El Paraíso liberando a más de 40 presos. También detuvieron a 13 autoridades comunitarias, sumando más de 40 en dos semanas. En noviembre Gonzalo Molina fue aprehendido y en diciembre lo hicieron con Arturo Campos, dos dirigentes de la policía comunitaria de Tixtla y El Paraíso; fueron recluidos en Almoloya de Juárez.

La agresión a la casa de El Paraíso y la detención de sus autoridades representó una gran amenaza para todo el sistema comunitario. Fue una lucha tortuosa, que por las divisiones internas alentadas por los gobernantes del PRI y del PRD, diezmaron la fuerza de la CRAC-PC y dejaron en la indefensión a su compañera y sus compañeros presos. La pelea en los tribunales rindió sus frutos y después de cinco años la totalidad de los detenidos salieron por falta de pruebas. Los mismos jueces reconocieron su labor como autoridades comunitarias, sin embargo, la fractura persistió.

Con el asesinato del coordinador Julián Cortés Flores, en las inmediaciones de la casa de justicia de San Luis Acatlán se tuvo conocimiento que un comandante y algunos policías de la CRAC-PC estaban vinculados con la delincuencia organizada de San Luis y Marquelia. La situación se agravó cuando algunos coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco, en 2019 promovieron la creación de varios grupos de la policía comunitaria, a solicitud del presidente municipal de Zapotitlán Tablas. No sopesaron los riesgos que implicaba esta decisión sin tomar en cuenta a la asamblea regional.

Fue como un pago de favores, lo que propició la creación de la casa de enlace en San Juan Escalerilla. Las consecuencias fueron fatales porque varios policías comunitarios tienen órdenes de aprehensión. En varias comunidades la violencia ha sido generada por elementos de la policía comunitaria.

La preocupación mayor es que la casa de San Juan realiza operativos fuera de su jurisdicción. En los hechos actúan como una casa de justicia independiente. En octubre, varios grupos de la policía comunitaria acudieron a Olinalá para liberar a una persona secuestrada. En la balacera detuvieron a dos jóvenes que fueron amarrados, golpeados y sus cuerpos quemados. Días después, habitantes de Huitzapula se enfrentaron a balazos con policías de San Juan. El saldo fue una persona asesinada. El 15 de diciembre habitantes de Zapotitlán Tablas, Acatepec y Atlixtac impidieron que el Ejército destruyera varios cultivos de amapola. La población reclamó la ineficacia de sus operativos contra el crimen y les advirtió que no volvieran más. Por las grietas de la CRAC-PC la delincuencia se ha infiltrado.

 

Publicado originalmente en La Jornada