¿Derechos o cárcel para la policía comunitaria?

La pobreza y la desigualdad social en las comunidades indígena de la Montaña son más devastadoras que el agua del río jale de Xalpatláhuac. Los caseríos que cuelgan de los acantilados fueron levantados con blocks y cemento desplazando los adobes y las tejas. El paisaje perdió el color vivaz de la tierra roja y se tornó grisáceo y desolador. Entre la gente mayor estas obras representan el éxito de los jóvenes que mandan sus remesas desde Nueva York.

La calle principal es el arenal que atraviesa la comunidad. Antes era el campo de batalla entre la gente de los barrios y ahora son las peleas entre las pandillas de jóvenes nahuas. Al caer la noche los jóvenes bajaban para protagonizar batallas campales, porque sabían que la autoridad municipal no intervendría. Los principales del pueblo hablaban con los padres y madres de los jóvenes, pero era en vano. Poco a poco las confrontaciones empezaron a darse en el día, sin que los policías municipales pudieran conternerlos. El escenario se complicó con dos homicidios y varios lesionados. También empezaron a darse robos en las casas. Miedo y enojo había entre las familias, sin embargo, las divisiones políticas impedían enfrentar el problema con medidas más efectivas.

Algunos líderes comunitarios junto con varios principales, mayordomos y catequistas de la parroquia de Xalpatláhuac, vieron necesario formar un grupo de la policía comunitaria. A pesar de que el padre Mario Campos la había impulsado a su llegada como párroco, no tuvo una respuesta favorable por parte de los feligreses. El clima de inseguridad los obligó a retomar su propuesta. Fue en el 2020 cuando se conformó un grupo de la policía comunitaria que se adhirió a la casa de justicia de Espino Blanco. Su aparición provocó muchas resistencias y enconos con los presidentes municipales. Acudían con el ejército para que los desarmara y con el ministerio público para que les abriera una carpeta e investigación. En octubre de 2021 se suscitó un conflicto grave con la presidenta municipal como producto de la disputa política que generó encono entre la población de la cabecera municipal. Se dio una confrontación con la policía municipal, hubo balazos, forcejeos y toma del ayuntamiento. Este conflicto dio pie para que la presidenta municipal despachara en la comunidad de Cahuatache, relegando del presupuesto a los habitantes de la cabecera municipal. Desde esa fecha la policía comunitaria de Xalpatláhuac ha padecido el hostigamiento y persecución del ejército.

El domingo 16 de febrero de 2025 la síndica municipal, Cecilia Tapia, giró una solicitud de apoyo a la casa de justicia de Espino Blanco, para trasladar en l camioneta de la policía comunitaria de Xalpatláhuac a una persona que se accidentó al caer de la azotea de su casa. Por tratarse de un herido se autorizó para que los policías comunitarios prestaran el auxilio. El accidentado estaba inconsciente y perdía mucha sangre, por lo mismo su traslado era urgente. De parte de la presidencia municipal no hubo respuesta por la ausencia de la autoridad y porque no cuenta con ambulancia, ni tiene suficientes policías. El apoyo de la policía comunitaria fue efectivo, en ese momento prepararon la camioneta de inmediato para trasladar al paciente al Hospital General de Tlapa.

Como las 11:30 de la noche llegaron al centro hospitalario. Los cinco policías comunitarios bajaron al herido, sin entrar a las instalaciones, lo entregaron con el personal de guardia, en urgencias y se regresaron a Xalpatláhuac. No imaginaron que la Guardia Nacional había seguido sus movimientos. De inmediato les marcó el alto y los empezó a interrogar. Fueron revisados por portar sus uniformes verde olivo y por las armas que les habían asignado para reguardar a la comunidad. Sin tomar en cuenta el motivo de su presencia en Tlapa, la guardia nacional procedió a la detención de Juan Simón Melgarejo, primer comandante, Teodoro Francisco Dircio Simón, segundo comandante, Agustín Vitinio Montes, Pedro Javier Álvarez Villareal y Leobardo Rosendo Gabino Gómez, policías comunitarios, por portación de armas de uso exclusivo del ejército. Inmediatamente fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Chilpancingo. Los coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco trataron de seguirlos para establecer contacto con las autoridades del estado con el fin de que fueran liberados, pero los esfuerzos fueron en vano.

El coordinador Juan Gabino Simón señaló en una entrevista: “pedimos la intervención de todos los diputados para que resolvieran pronto el caso, pero lamentablemente pasaron las 48 horas que tenían que estar en la Fiscalía y no se resolvió nada porque fueron turnados a un penal federal. Ahí les dieron 72 horas para comprobar que son comunitarios, sin embargo, el gobierno les da un trato de delincuentes. La verdad es que son compañeros policías comunitarios que están prestando su servicio gratuitamente sin recibir algún salario”.

El 21 de febrero la CRAC-PC se movilizó en el crucero de Xalpatláhuac, en Paraje Montero, en Colombia de Guadalupe y Ayutla de los Libres para exigir a las autoridades estatales y federales la libertad inmediata de los cinco policias comunitarios, electos por las comunidades. Demandaron que cese la persecución y la represión contra la CRAC-PC. Que no se criminalice su sistema comunitario ni se trate como delincuentes a los 5 policías. “Nosotros también vamos a buscar nuestros derechos como pueblos indígenas, y le decimos al gobierno que vamos a seguir dando la batalla”, señaló Juan Gabino.

Los cinco policías comunitarios han tenido que trabajar en el campo en la siembra de maíz y frijol para mantener a sus familias, mientras los más jóvenes se emplean como peones en la construcción. En la CRAC-PC no reciben sueldo porque cumplen con la encomienda de la asamblea, de servir como policías comunitarios. Con mucho sacrificio y esfuerzo van sacando adelante a sus hijos, pero ahora con este encarcelamiento sus esposas quedaron desamparadas y a la deriva. Ellos eran los únicos que sostenían sustentos sus  casas.

Lo que les preocupa a Juan Simón Melgarejo y Pedro Javier Álvarez es que sus esposas están embarazadas y requieren chequeo médico. Ellas cargan con la pena de su esposo y de sus hijos porque no tiene recursos para comer, mucho menos para ir a visitarlo. La tranquilidad y la paz por la que luchaban sus esposos ahora se hace trizas. No conciben que por brindar apoyo a una persona lesionada tuvieran que ser llevados como delincuentes.

Los ojos llorosos de los hijos de Juan Simón expresan la impotencia, buscan a su padre y no entienden su ausencia desde hace una semana. Sólo saben que ayudó a un herido. La pequeña hija de Pedro está enferma, el dolor es poco sólo de imaginar a su padre tras las rejas. Busca con ansias el alivio, pero todo es en vano, porque nadie sabe cómo la está pasando.

Agustín Vitinio Montes es principal con 78 años. Su esposa necesita su apoyo porque ya no puede caminar. Se apoyan mutuamente porque sus hijos no están. Sus fuerzas con el paso de los días disminuyen, sin embargo hacen un esfuerzo para ganarse unos pesitos para no morir de hambre. Cuando se enferma su esposa don Agustín tiene que atenderla.

Los policías comunitarios no solo han tenido que resolver las necesidades económicas para su familia, sino que se han organizado para dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. La ola de violencia ha disminuido. Lo más cruento es el abandono en que está la cabecera municipal de Xalpatláhuac, sobre todo, en cuanto a la inseguridad que persiste. Por eso se organizaron para adherirse a la CRAC-PC porque no tuvieron más alternativa. En lugar de que el gobierno estatal y federal los reconozca como un sistema de justicia comunitario, que forma parte de los derechos de los pueblos indígenas,  prefieren criminalizarlos, tratarlos como delincuentes, tirando por la borda la nueva reforma constitucional que los reconoce como sujetos de derechos público.

Juan Gabino asegura que la CRAC-PC va abrazar a los policías comunitarios. “No vamos a desmayar, vamos a seguir luchando hasta que liberen a nuestros compañeros.  No están solos, no los vamos a dejar encerrados. Tenemos que defenderlos para defender al sistema comunitario.  No cometieron un grave delito como dice el gobierno y la fiscalía. Quizá ellos querían que dejaramos al herido tirado en la calle y que se muriera. Nosotros creemos que tenemos que ayudar y proteger a la gente, sobre todo cuando nos piden auxilio. Creo que harían lo mismo los del gobierno, la misma guardia nacional, el ejército, la policía estatal y municipal. Fue un error lo que hizo la guardia nacional”.

Con la visión racista y neocolonial, las autoridades estatales y federales no han entendido la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. Desconocen los sistemas de justicia comunitaria preexistentes en los pueblos originarios. La ausencia de los gobiernos en las regiones indígenas ha sido aprovechada por los grupos de la delincuencia que se han erigido en un poder que amenaza la convivencia pacífica entre las comunidades. La región de la Montaña es de las más seguras gracias a la policía comunitaria que ha sacrificado su propia tranquilidad para que la población pobre viva sin miedo, luchando por la sobrevivencia. Esperamos que las autoridades federales tomen en cuenta que este sistema de seguridad comunitaria es un gran aporte para el país que no ha podido revertir la violencia ni ha arrancado de raíz las redes de la macrocriminalidad que se anidan en las mismas instituciones gubernamentales. La guardia nacional en lugar de investigar y perseguir a quienes atentan contra la vida de la población y generan terror con sus acciones violentas se focaliza contra la policía comunitaria. El gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado, prefieren cárcel para los policías comunitarios en lugar de reconocer y respetar sus derechos. Así no se construye el segundo piso de la 4T.