“No queremos más feminicidios en la Montaña de Guerrero”

La espiral de violencia contra las mujeres indígenas ha sido histórica y sistemática. En la Montaña de Guerrero, han pasado décadas en que las niñas crecen en un ambiente machista violento; sumergidas en una pantanosa pobreza han sobrevivido a los golpes de los hombres, les ha tocado librar batallas contra el hambre alimentándose con un pedazo de tortilla, sin embargo, para adquirir un litro de maíz tienen que hacer trueque con su fuerza de trabajo lavando “ropa ajena” y lo peor es que viven en una desigualdad abismal.

Desde el 2005 al 2025 más de 135 mujeres de la Montaña no han podido sobrevivir al continuum de la violencia feminicida. Tlachinollan acompaña a familiares de 30 feminicidios en la región, pero sólo en cinco hay condenas. La primera sentencia se trata del caso de la niña Abigail de 16 años, originaria de la comunidad nahua de San Lázaro, municipio de Olinalá. Tenía que caminar un kilómetro para estudiar en el colegio de bachilleres, donde cursaba el primer año. El 25 de septiembre de 2006, luego de sus clases caminaba rumbo a su casa, pero cuatro vecinos alcoholizados, uno de ellos era su tío, la llevaron a la fuerza a una casa abandonada, donde fue víctima de violencia sexual y recibió múltiples golpes en el cuerpo. Estuvo varios días en calidad de desaparecida hasta que la encontraron privada de la vida. Tres de los agresores fueron sentenciados a 60 años de prisión por el delito de homicidio calificado y violación tumultuaria en el sistema tradicional. Lamentablemente el código penal fue reformado hasta el 2010 cuando se incorporó el delito de feminicidio.

El primer caso en la Montaña que se condena a un agresor por feminicidio es el de Florencia, originaria de Loma Tuza, municipio de Acatepec. Después de que demandó a Marcelino la pensión de sus dos pequeñas hijas en la sindicatura, saliendo el agresor la amenazó de muerte en agosto de 2014. Con el miedo, la tarde lluviosa del 24 de agosto fue a la clínica por unas papillas para sus niñas. La lluvia torrencial hizo crecer las barrancas y ya no pudo pasar para llegar a la casa de su mamá. No le quedó más alternativa que ir a la casa de su ex esposo, pero no se percató de que la seguían. Media hora después los agresores la agredieron sexualmente y con saña la asesinaron con un martillo. Siete años después se logró una condena de 30 años contra Marcelino por el delito de feminicidio.

Isabel de 35 años, originaria de la comunidad me’phaa de Tapayoltepec y vecina de la Taberna, municipio de Malinaltepec, el 7 de marzo de 2017, estaba lavando ropa cuando su esposo Joviniano, quien estaba tallando una madera, le pidió que le pasara unos clavos. No se los pudo dar porque estaba ocupada, iracundo, el agresor desenfundó su machete y la empezó a cortar por la espalda. Isabel corrió a la calle, pero alcanzó a asestarle otro machetazo que la dejó tirada en la tierra. Fueron 11 cortadas en diferentes partes del cuerpo, sus dos brazos fueron cercenados. El responsable fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de feminicidio.

Melani, originaria de Hermosillo, Sonora, empezó una vida con José Luis, piloto aviador de las fuerzas armadas de México. Después de cinco meses los ciclos de violencia incrementaron, los golpes y los maltratos verbales eran el pan de cada día. Por el trabajo de su pareja vivía en Acapulco. El 28 de noviembre de 2017 el militar llamó a los padres de Melani para decirles que lo perdonaran porque su hija había tenido un accidente, supuestamente se había caído de las escaleras cuando bajó por el biberón de su bebé. Además, les dijo que su última voluntad había sido que la cremaran. Los padres no aceptaron la versión y viajaron al puerto para lidiar con las irregularidades que terminaron hasta el juicio oral donde peritos determinaron que a Melani le habían fracturado el hueso hioides. La familia tardó siete años para que sentenciaran a 36 años de prisión al militar feminicida.

El pasado 14 de mayo de 2025 un juez dictó una sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra Rogelio N, quien se encontró responsable del feminicidio de Maurilia, mujer me’phaa de la tercera edad, y por el intento de feminicidio de su nieta ocurrido el 7 de octubre de 2021 en el paraje Majagua del Toro, municipio de Tlacoapa.

Neil Arias, abogada de Tlachinollan, afirma que “en los cinco casos se tuvieron que acreditar razones de género, es decir, que fue un feminicidio. Uno de los elementos fue la relación de pareja que había con su agresor en los casos de Florencia, Isabel y Melani. En los casos de Abigail y Maurilia había una relación de cierta confianza, una se trataba de su tío y en la otra un vecino que la conocía. Fueron mujeres solas en total indefensión, en la marginación y pobreza. Sus agresores analizaron todos los aspectos que las vulneraban para privarlas de la vida y sabían que nadie las iba ayudar. Todas vivieron un continuum de violencia doméstica una y otra vez”.

“Los antecedentes de ciclos de violencia son importantes que los jueces deben tomar en consideración, así como las asimetrías de poder, el sometimiento y múltiples agresiones. Lo que pasaba con Melani es que su pareja era un militar y la sobajaba, la humillaba, la denigraba, le decía que no había estudiado y la golpeaba”, agrega Neil.

La abogada ha constatado un grave problema cuando las mujeres indígenas “han ido a declarar ante los jueces mestizos que no entienden la cultura y la lengua. Las someten a reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, desconocen porque vienen de comunidades alejadas donde no hay escuelas y ni siquiera terminaron su educación básica. A pesar de que en algunos casos les designan un perito intérprete cuando están ante el juez que escucha los testimonios para ser valorado, las traducciones no son fidedignas. Lo inaudito es que el juez se aburre esperando para que hable la testigo o las niñas que tienen que ir para decir lo que le pasó a su mamá. Por eso es necesario contar con jueces indígenas que hablen la lengua y profundicen en el conocimiento de la cultura de las víctimas”.

Neil Arias ha visto que en las resoluciones los jueces no lo hacen con altos estándares internacionales de los derechos humanos y el derecho de las mujeres. Les gana su visión reduccionista para analizar las leyes y la realidad de las víctimas. Sólo en la sentencia por el feminicidio de Melani se ha profundizado en la perspectiva de género. Se tuvo que llevar a una experta para que explicara el continuum de violencia, la asimetría de poder, la perspectiva de género y los constantes episodios de violencia.

“En el nuevo sistema penal acusatorio las técnicas de litigación no están hechas para población indígena. Es un sistema gringo que para la población indígena en México es complicado. En Guerrero tienen que pasar tres, cuatro, cinco, siete años para que pueda ir a juicio un caso de feminicidio, en el mejor de los casos una sentencia. El problema es que en la Fiscalía General de Guerrero, desde que estaba la fiscal Sandra Valdovinos, hubo despidos de personal y muchos peritos que tienen que ir a los juicios orales actuales ya no podemos llevarlos, otros se fueron a Estados Unidos. Por eso toda la carga de la prueba recae en los familiares. Los jueces le restan valor a las pruebas porque no están los peritos en medicina o forenses. Si quieren los familiares tienen que pagar a particulares que cobran 12 hasta 15 mil pesos para ir ante un juez”, denuncia la abogada.

“Desde el 2018 en Tlapa se había instalado una Unidad Especializada de Investigación por el delito de feminicidio, donde tendría que haber una ministerio público especializada. Estuvo hasta el 2020, pero después se fue. Tenemos conocimiento de que el mes pasado llegó una ante la insistencia de las familias y de Tlachinollan. Hay un sinnúmero de carpetas que se iniciaron por homicidio simple y suicidio. Las autoridades no tienen estrategias para ejecutar las ordenes de aprehensión que están desde el 2015 a la fecha. Estamos hablando de más de 10 años que el Estado no ha volteado a ver a la Montaña para detener a los agresores y evitar más muertes violentas. Esto abona a que se repitan más casos porque los agresores ven que no hay castigos, siguen en la impunidad. Las niñas y niños huérfanos han quedado en el abandono”, reclamó Neil.

En la Montaña las mujeres son sobrevivientes de un sistema patriarcal que pasa por un modelo económico, la etnicidad y la lucha de clase. Las siguen matando sin que las autoridades estatales y federales implementen acciones efectivas para erradicar la violencia feminicida. No queremos más feminicidios en estas escarpadas montañas.