Gobiernos sin justicia

La población pobre de Guerrero ha librado batallas emblemáticas contra los caciques desalmados. Ha tumbado gobernadores que reprimieron movimientos disruptores y, que con gran determinación salió a las calles para pelear por sus derechos y castigar con sus votos a los políticos corruptos. Fueron luchas que dejaron heridas profundas por el terror que sembraron los gobiernos represores con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales.

Los cambios de gobierno que se han dado en el estado fueron producto de movilizaciones sociales; de marchas masivas, toma de ayuntamientos, protestas en las calles, confrontaciones sociales y políticas, peleas en las urnas y largas jornadas de lucha. Los líderes sociales que sobrevivieron a esta guerra sin cuartel sufrieron persecuciones, encarcelamientos, amenazas, desplazamientos forzados y hasta el exilio.

Toda esta fuerza emancipadora fue aprovechada por los partidos políticos y sus dirigentes que se montaron en la ola democratizadora emergida de la base social. Aprovecharon la coyuntura para aparecer como los protagonistas del cambio, como los forjadores de la nueva transformación social. Las demandas históricas del pueblo combativo de Guerrero fueron usurpadas por una clase política que se asumió como progresista, acuerpándose en un primer momento en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) liderada a nivel nacional por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.  El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsado por su fundador y líder moral el licenciado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), marcó un nuevo derrotero político de tinte progresista que enfrenta serios desafíos por la violencia imparable y por las grandes falencias en el sistema de procuración de justicia.

Para la gente que luchó por un cambio, los triunfos electorales de Morena representaron una esperanza, sobre todo, por la posibilidad de desmontar las estructuras de poder ancladas en la corrupción y de arribar a una nueva etapa de la lucha social cimentada en la verdad y la justicia. Las demandas históricas estaban a punto de materializarse con la búsqueda de familiares desaparecidos de la guerra sucia y con el impulso de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales cobrarían fuerza legal con la judicialización de los casos contra generales del ejército y autoridades civiles que implementaron los planes de contrainsurgencia.

Corrieron vientos a favor en los primeros años del gobierno de AMLO. Fue muy significativa su postura de no criminalizar ni perseguir a los sobrevivientes de la guerrilla, de reconocerlos como actores legítimos que lucharon por un cambio. Los escuchó y entabló reuniones con los colectivos, sobrevivientes y familiares de desparecidos y ejecutados. Un gran acuerdo fue su decreto presidencial para la creación de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH).

Su gobierno empezó con tambor batiente al reunirse con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y al emitir el decreto que creó la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa. Para darle mayor fuerza a la nueva Comisión pugnó para que el Fiscal General de la República creara la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) como una instancia encargada de investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales sobre el caso Ayotzinapa.

Estas dos grandes iniciativas dibujaban un nuevo escenario nacional: el gobierno de la cuarta transformación (4T) combatiría la impunidad y castigaría a los militares que diseñaron y aplicaron los planes contrainsurgentes. A lo largo del sexenio los colectivos de víctimas fueron relegados y las fuerzas armadas se ubicaron en el primer plano, como los principales aliados del presidente para impulsar megaproyectos, como el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco y el tren maya.  Al mismo tiempo se erigieron en los artífices de la nueva política de seguridad con la creación de la guardia nacional, quedando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una de las instituciones con mayor presupuesto y con multiplicidad de funciones, suplantando a las autoridades civiles.

Este proceso de militarización no ha revertido la ola imparable de violencia que se expande por todo el país. Las consecuencias son devastadoras porque se han debilitado a las corporaciones policiacas que encontraron en las organizaciones criminales a sus principales aliadas para delinquir y tener mejores prebendas. La captura de las instituciones del estado por parte del crimen organizado se fue afianzando con la inacción y complicidad de la guardia nacional, al grado que la mayoría de municipios de Guerrero cuentan con un jefe de plaza.

Nos aterra ver a un gobierno lejano de las demandas de justicia que más afectan a la población que se siente inerme: no hay un combate frontal contra la inseguridad. Los asesinatos se multiplican porque no hay una estrategia que se oriente a contenerlos. Hay permiso para cometer crímenes. El clima de impunidad es atroz. Tiene que haber protestas para obligar a que la fiscalía investigue, sin embargo, es insuficiente, porque no rinden cuentas ni entregan resultados tangibles. Hay un desface abismal entre los crímenes que se cometen y las investigaciones que se judicializan.

Las deficiencias del órgano investigador son graves porque esperan que las pruebas las aporten las víctimas. Sin estos elementos las indagatorias no avanzan, no hay interés por recabar otras pruebas, por identificar patrones en el modo de operar de quienes delinquen, tampoco privilegian los análisis de contexto. Es inconcebible que las cámaras del C4 no funcionen en Acapulco y que nadie se interese en repararlas. Estas actuaciones son parte del engranaje de la impunidad que impera desde hace décadas en nuestra entidad.

El caso de Marco Antonio Suástegui es un ejemplo de esta inoperancia de la fiscalía. A 30 días de su asesinato no hay avances en la investigación. Es grave que no se hayan recabado más pruebas en el lugar del crimen y que no cuenten con datos duros para trazar las líneas de investigación. Esperan que la víctima se encargue de dilucidar los hechos.

En este gobierno de la 4T no es una prioridad transformar las fiscalías, en lugar de fortalecerlas dotándoles de infraestructura, equipamiento, tecnología, personal especializado, se toma el control de las investigaciones por parte del ejército alejándolas de las víctimas. Tampoco vemos que esté en la agenda de la gobernadora cómo reformar por completo el sistema penitenciario. Los reclusorios son una bomba de tiempo, las mismas cárceles preventivas en los gobiernos municipales, son lugares tenebrosos donde se violentan los derechos humanos y se hace un gran negocio con las faltas administrativas que se resuelven con exacciones ilegales. Estamos muy lejos de imaginar que el aparato de seguridad del estado acuerpado en la mesa de coordinación para la construcción de la paz tenga una estrategia para desmantelar las redes macro criminales (político-criminales) que se han enraizado en nuestro estado.

La clase política sigue negándose a perder el control político de la verdad y la justicia, por eso ha optado por dejar en manos de mandos militares las fiscalías y que la estrategia de seguridad pase por el filtro del ejército. Las consecuencias han sido desastrosas por el descomunal fracaso en materia de seguridad y la nula reducción de la impunidad. La lucha de los guerrerenses parece difuminarse porque es imposible reducir el horror y ser un estado que pueda garantizar la vida, que logre controlar el territorio, que rompa el vínculo político-criminal y se empeñe en desmantelar las redes criminales que son el gran desafío para la 4T.

La violencia y el vínculo de los grupos delictivos con las autoridades son el caldo de cultivo que generan un clima propicio para las agresiones a los luchadores sociales. En este contexto de violencia irrefrenable son los grupos delictivos y los cuerpos de seguridad los actores que agreden. Este gobierno no reprime directamente pero el entramado delincuencial (delincuentes-autoridades) se encarga de silenciar a los que incomodan a caciques y gobiernos locales o intereses económicos de empresarios extractivistas.

Son ilustrativos los casos de los defensores Quintin Salgado Salgado, Arnulfo Cerón, Samir Flores y Gustavo Salgado, Marco Antonio Suastegui, el líder Yaqui Tomás Rojo Valencia, Ricardo Lagunes en Michoacán y otros más. Eran líderes que defendían el agua, la tierra y los derechos de los más pobres. Lamentablemente estas luchas legitimas las ha silenciado el actual gobierno con tal de aparentar que ahora las cosas ya no son como antes. Con el entramado delincuencial se diluye la responsabilidad de los actores del estado en estos crímenes, sin embargo, el clima de impunidad que impera, la inacción de las autoridades para investigar los delitos y para someter a los que delinquen, los hace corresponsables y cómplices con los perpetradores que se sienten protegidos por un gobierno que no procura justicia.

Con la 4T ⁠los programas sociales se han ampliado para que llegue a los sectores sociales más olvidados, sin embargo, estos apoyos se diluyen porque los grupos del crimen organizado ha tomado el control del comercio y son ellos los que imponen precios y cobran cuotas a los pobres que sobreviven con ventas raquíticas y de sus precarios ingresos. El tejido social se ha roto a causa de la violencia que se enseñorea en las comunidades rurales.
El caso Ayotzinapa es el ejemplo más nítido de los entramados delictivos que se dan entre gobierno y el crimen organizado. La desaparición de los 43 estudiantes debió ser un punto de quiebre para que las autoridades implementaran nuevas políticas que permitieran reformar las estructuras del gobierno municipal, y que se impulsaran nuevas reglas de participación político-electoral, para evitar el arribo de perfiles delictivos en la administración pública y sobre todo para esclarecer el caso Ayotzinapa. A 128 meses el caso Ayotzinapa se encuentra lejos de su esclarecimiento. Las líneas de investigación están diluidas y sin impulso procesal. Los archivos militares que pueden ofrecer nuevos bríos a la investigación quedó trunco. Puede más el poder militar que la exigencia de las madres y padres de los 43 para que haya verdad y justicia en México.