Libertad consumada para José y Claudia Molina  

Tlapa, Guerrero, 27 de agosto de 2025. A las 11 de la noche de este 26 de agosto fueron liberados José Molina González y su hermana Claudia del Centro del Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo tras seis días de estar en la cárcel supuestamente por del delito de terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, portación de arma sin licencia y delitos contra particulares. Sin embargo, el trasfondo es criminalizar a la policía comunitaria a pesar de que en Tixtla ya no existe porque fue socavada por las autoridades y los grupos del crimen organizado.

El pasado miércoles 20 del mes en curso el maestro José Molina, hermano de Gonzalo Molina y coordinador de la casa de enlace de la policía comunitaria de Tixtla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando fue a realizar unos trámites de su centro de trabajo.

Se trata de la ejecución de una orden de aprehensión con la causa penal 59/2013 que fue liberada por el juzgado séptimo de distrito en Chilpancingo en contra de Gonzalo Molina, José Molina y otras personas en un contexto de crispación social, donde la policía comunitaria que surgió en la Costa-Montaña para combatir la violencia endógena se expandía, pero era violentamente reprimida por el Estado.

En agosto del 2013, en ese entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, la casa de justicia de la CRAC-PC de El Paraíso sufre una embestida de las fuerzas armadas con el argumento de que tenían personas en reeducación de Olinalá y de Tixtla que no se les estaba respetando sus derechos. El ejército, la Marina y el cuerpo de policías con tanquetas y torton como si fueran hacer la guerra, así detienen a decenas de indígenas y a Gonzalo Molina, Nestora Salgado y Arturo Campos. Las protestas fueron inmediatas para exigir la libertad de los coordinadores y policías comunitarios. En Ayutla de los Libres y Tixtla se toma el ayuntamiento, pero el gobierno federal los criminaliza, los hostiga y les armaron los delitos.

Bajo estas órdenes de aprehensión detienen a José Molina hace seis días. Lo trasladaron a Chilpancingo sin que sus familiares supieran de su paradero y sin saber de qué era acusado. A las cinco de la madrugada del jueves 21 fue ingresado al penal. Su hermana Claudia y familiares acudieron el Cereso de la capital de la entidad para buscarlo, pero en lugar de darles respuestas agentes ministeriales la detuvieron y la llevaron al reclusorio por los mismos delitos que su hermano.

El vienes 22 le tomaron su declaración, pero se reservaron el derecho porque no sabían de qué se trataba. Además, los abogados de Tlachinollan necesitaban revisar el expediente para poder aportar las pruebas como defensa que este 26 de agosto tuvieron la fuerza suficiente para darles la razón y que salieran libres José y Claudia Molina. No les probaron nada.

Un elemento fue que en el 2013 el comandante de la policía municipal de Tixtla obligó a sus subordinados a declarar en contra los policías comunitarios del comité de enlace. Sin embargo, ante el juez los policías preventivos se retractaron y desmintieron que habían sido agredidos por Gonzalo Molina. Textualmente dijeron: «yo no fui a declarar, a mí el director de seguridad pública nos dijo -van a firmar estas hojas por la acción que hizo la CRAC y las firmamos, pero nunca hicimos una declaración”. Más bien, señalaron que les habían dicho que iban a protestar por la liberación de sus compañeros y que luego se retiraron. Gonzalo salió en libertad el 12 de diciembre de 2018.

La otra prueba fue la libertad de Fortino, tío de José Molina. Lo detienen en el 2017 con el nuevo sistema penal acusatorio que obligó a los jueces a analizar qué derecho de la ley le ayuda a las personas. En el análisis jurídico se determinó que los cuatro delitos que les fabricaron no se acreditaban. Es una resolución relevante porque aplica el bloque constitucional, aplica el principio pro persona y la convención americana.

La defensa de Tlachinollan probó que no hubo ningún testigo. La ex policía federal fue al lugar de los hechos, pero no pudo recabar ninguna entrevista de los ciudadanos y ciudadanas. Evidentemente se trataba de una protesta de la CRAC-PC legitimada por la población. Todas las sentencias fueron avaladas por altos tribunales. Por eso es preocupante la detención de José Molina y su hermana Claudia porque hay un continuum de criminalización y hostigamiento al sistema de justicia comunitaria. En Tixtla fue eliminada del mapa a la policía comunitaria, dejando un río de sangre.

Se vuelven a reeditar estos hostigamientos contra la CRAC-PC en un escenario donde las comunidades indígenas y afromexicanas están exigiendo que se les reconozca su libre determinación y autonomía. Aun con la reforma de septiembre de 2019 han estado alzando la voz para armonizar la ley de los pueblos con el código nacional de procedimientos penales. Las reuniones que se han llevado a cabo en el Congreso local para reconocer la figura de la policía comunitaria han quedado en el aire. Las recientes detenciones sólo son muestra de que los diputados y diputadas, las autoridades estatales y federales no tienen voluntad política para avanzar en una reforma integral de los derechos colectivos.

No son detenciones fortuitas y aisladas, al contrario, hay una intención de aplastar las luchas de los pueblos indígenas y afromexicanos. A pesar de que hay derechos constitucionales reconocidos limitados pareciera que en el plano real hay un retroceso, criminalizando a la policía comunitaria y dejando en el olvido a las comunidades indígenas.

José y Claudia Molina exigen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Fiscalía de Guerrero, a la presidenta Claudia Sheinbaum y la FGR que dejen de criminalizar a la CRAC y paren las detenciones porque sólo están ejerciendo sus sistemas normativos propios.

Foto: Jessica Torres