Opinión El pacto de impunidad prevalece a 8 años del asesinato de Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio La justicia parece una quimera en el fondo de un torbellino de desesperanza por la creciente violencia en el estado de Guerrero. Es una realidad que se condensa en el asesinato del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juanita Dircio Barrios y su ahijado Antonio Pineda Patricio. Cientos de víctimas ha cobrado la guerra demencial de los grupos de la delincuencia organizada en colusión con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Para Diana Hernández, hija del luchador social Ranferi, son 8 años donde impera un “pacto de impunidad. Sólo significa la podredumbre de las instituciones que deberían aplicar la ley, pero estamos en un estado en el que los intereses son más fuertes que la vida misma. Como que hay una muerte lenta porque nadie luchará por el esclarecimiento y derecho a la verdad y mucho menos el acceso a la justicia. El dinero manda. La falta de resultados a estos 8 años es increíble, sobre todo, donde se pregona a los cuatro vientos democracia, bienestar y justicia. Cómo se puede pensar desde un humanismo si las instituciones no tienen el trato digno que merecen las víctimas. ¿Qué tenemos que esperar para que mis familiares y las miles de víctimas tengamos justicia?” En la mañana del 14 de octubre de 2017 Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio no imaginaban que sus horas estaban contadas. Estaban en Ahuacuotzingo, pero como a las 5:30 de la tarde salieron rumbo a Chilapa. En el camino saludaron a un hermano de Ranferi. La tarde pardeaba con el canto de los grillos. Más adelante cayeron las sombras oscuras. Cuando pasaban por la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa, hombres armados les cerraron el paso. Golpearon a un costado del carro en que iban y los obligaron a salirse de la carretera para ejecutarlos. A las 10:30 encontraron el vehículo de Ranferi entre las llamas con sus cuerpos adentro. A un kilómetro estaban los militares, en el crucero de Atzacoaloya, pero no se movilizaron para auxiliar y menos para perseguir a los perpetradores del atroz crimen. Se interpuso la denuncia en el Ministerio Público de Chilapa para realizar las investigaciones y dilucidar el móvil del multihomicidio. El abogado de Tlachinollan Aron Díaz dice que el “ministerio público envió oficios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque quería saber qué tantos carros pasaron ese día, pero estaba mal el nombre del lugar. Ya no volvió a mandarlo al área jurídica de la Sedena como le habían dicho”. Era importante para saber qué carros habían pasado entre las 8 y 10 de la noche para establecer una línea de investigación. Las autoridades ministeriales trataron de rastrear las llamadas que pudo haber realizado Ranferi por ser un personaje público. Dos años después Tlachinollan tomó el caso, pero “la ley de telecomunicaciones establece que la telefonía tiene la obligación de resguardar la información hasta por dos años”, afirma al abogado Aron. Si Ranferi recibió llamadas telefónicas, de quiénes, cuánto tiempo duraron, ya no quedaba nada de información. Las autoridades nunca realizaron las investigaciones para saber si había amenazas. Los familiares no se percataron si había recibido amenazas por el crimen organizado. Lo único que se sabe es que en esos momentos los atentados contra los políticos estaban al día. Asesinaron a un ex presidente municipal, a los y las candidatas a las alcandías. En el ambiente se sentía la tensión en el contexto de las elecciones electorales del 2018. Ranferi con un grupo de seguidores de Andrés Manuel López Obrador participó en la conformación de la Coordinadora Pro AMLO en Guerrero. Le propusieron contender por la diputación federal del distrito sexto. Su cercanía con las comunidades indígenas de la zona eran importantes para la coyuntura electoral que se avecinaba, pero todo quedó suspendido. No era la primera vez que Ranferi participaba en la arena política en toda la extensión de la palabra. “Participó en la fundación del PRD, de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento Social de izquierda, el Movimiento Popular Guerrerense y, recientemente, la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero. Su exigencia fue crucial para el esclarecimiento de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995”, detalló en un escrito Abel. Lo única certeza que tiene la familia es que Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio están en el mundo de los muertos, y que pueden ir a dejarles flores y velas. Las investigaciones están estancadas, no caminan. La Fiscalía ha girado oficios a la policía ministerial para que investigue, pero sólo en el lugar donde ocurrió el hecho. Se entrevistan con algunas personas que viven cerca, pero no les dicen nada porque son presas del miedo. Lejos de seguir esperan que la familia presente información. El 26 de abril y 2 de mayo de 2025 se presentaron los dictámenes por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero han sido para consolidar la causa de muerte que fue por traumatismo por los disparos que recibieron, la prueba de química de fuego de un perito canadiense, el breve diálogo que tuvo Ranferi con su hermano antes de su asesinato y su vehículo tenía impactos del choque de otro carro. Además de estos elementos no hay nada. La gente tiene miedo de hablar por el terror que implantan los grupos del crimen organizado. De acuerdo con el abogado Aron, la Fiscalía no amplía el espectro de la investigación. Se podrían revisar las causas penales de personas y ofrecer beneficios para tener datos, pero no hay ningún acercamiento por parte de la autoridad. Hicieron una red de vínculos de un pueblo donde había personas de la delincuencia, políticos, transportistas, pero está aislado y no tiene ninguna relación según el expediente. Lo preocupante es que no siguieron investigando para que haya justicia para Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio. Grabado: David Juvenal Share This Previous Article30 años de la policía comunitaria: la persecución que no cesa No Newer Articles 9 horas ago