Marco Antonio: ¿Justicia o intereses macrodelincuenciales?

Felicidades a Maribel Gutiérrez:

por su espíritu imbatible,

como periodista infatigable

y con una trayectoria intachable

 

La bahía de Acapulco perdió su encanto, sus olas apacibles contrastan con la sangre impregnada en las arenas de las playas por la violencia imparable de la delincuencia organizada. Las tragedias se consuman en los centros turísticos, el paseo de las familias termina con experiencias traumáticas por las balas que se esparcen entre los bañistas que ven caer a gente que luchaba por su sobrevivencia.

En medio de estos huracanes sucedió el artero asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP). En una tarde repleta de turistas, los asesinos se paseaban tranquilamente por la playa Icacos. Esperaron el momento más oportuno para descargar su pistola contra Marco Antonio. Actuaron con la seguridad de que nadie repelería la agresión ni que las fuerzas de seguridad armarían un operativo para detenerlos. Dejaron constancia que la delincuencia es la que manda en las playas. Los asesinos conocieron a detalle la rutina de Marco; sabían la hora de su llegada, el lugar donde guardaba sus sombrillas, sus mesas y sillas. Tenían identificadas sus 6 motos acuáticas, el patrimonio más apreciado de Marco.

En vísperas de la semana santa la gobernadora había anunciado con bombo y platillo el despliegue de 4 mil elementos de la Guardia Nacional para blindar la zona turística. Los patrullajes aparatosos fueron una exhibición más para el consumo televisivo y no tanto un operativo efectivo para proteger a los lugareños. El contubernio con la delincuencia quedó evidenciado porque la venta de droga siguió circulando en las playas y los sicarios se mantuvieron vigilando sus negocios. El asesinato de Marco Antonio ocurrió en plena efervescencia turística y con la aparatosa vigilancia de la guardia nacional. No reaccionaron ante los disparos percutidos en una de las calles que conectan con la playa.

Turistas y trabajadores fueron testigos que los perpetradores vigilaban al líder del CECOP. Marco Antonio los reconoció, por eso decidió retirarse más temprano de lo acostumbrado. Cuando se dirigía a su camioneta un agresor lo encaró, discutió con él y de inmediato le disparó en tres ocasiones. Marco trató de esquivar las balas corriendo de un lado a otro. Finalmente cayó sobre la playa. La gente corrió despavorida y solo algunos trabajadores se atrevieron a auxiliaron para subirlo en un camastro a su camioneta.

Marco permaneció ocho días en terapia intensiva, sin embargo, su organismo no resistió por la afectación de varios órganos vitales, lamentablemente el 25 de abril murió. Lo más grave es que las autoridades estatales y federales se han desentendido de su caso, solo cubrieron las formalidades legales con las primeras diligencias y descargaron en su familia la responsabilidad de la investigación. No preservaron la escena del crimen y tampoco recabaron indicios en el lugar de los hechos. Dejaron pasar los días sin avocarse a indagar la mecánica de los hechos. Esperaron a que la familia y personas allegadas acudieran a la fiscalía para que aportaran los datos que requerían. La familia quedó inerme sin que recibiera la protección necesaria para garantizar su seguridad. La fiscalía, ante la presión de las organizaciones sociales que marcharon en Chilpancingo se vieron obligadas a investigar los hechos tomando en cuenta la trayectoria de Marco Antonio como defensor del medio ambiente, pero todo quedó en vanas promesas.

A seis meses del infame asesinato las investigaciones no avanzan a pesar de la información y los datos de prueba que se les ha proporcionado. Hay serios indicios de la ubicación y detención del agresor material, pero las maniobras perversas que se dieron dentro de la fiscalía ocultaron su detención y lo dejaron en libertad. El patrón de impunidad se mantiene intacto en una institución totalmente opaca que a nadie rinde cuentas y que sus actuaciones van en detrimento del estado de derecho y la negación de la justicia para las víctimas. Es común que en Guerrero los crímenes cometidos contra defensoras y defensores no se investiguen y mucho menos que se judicialicen. Dejan que la violencia trunque de tajo cualquier esfuerzo por preservar la paz y el estado de derecho. Los delincuentes no son perseguidos ni investigados, más bien son los que realizan el trabajo sucio de quienes regentean los negocios de la economía criminal.

La Fiscalía no tiene mayores avances en la investigación, más bien, ha dejado el caso de Marco Antonio como un expediente rezagado. Para los ministerios públicos se trata de un asesinato más entre tantos hechos violentos que suceden diariamente. Es irrelevante su trayectoria como defensor del territorio y nada les dice que haya tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana por la desaparición de su hermano Vicente Suástegui. El grito de “la tierra no se vende, se ama y se defiende” se convirtió a “la arena es de quien la trabaja”. Sin embargo, las batallas por la limpieza de las playas y contra los grandes empresarios, se tornaron en una amenaza para los empresarios gravilleros que extraen la arena y la grava del río Papagayo de manera irregular. Para mantener sus intereses intocados se han aliado con la delincuencia que ha tomado el control de las comunidades rurales cobrando cuota y ajustando cuentas con los que se resisten.

Son las comunidades pobres del Acapulco olvidado las que junto con su familia honran la memoria de Marco Antonio. En medio de tantas afectaciones a sus tierras y viviendas por los huracanes, resisten y se mantienen firmes como CECOP. Continúan con sus asambleas dominicales para que no decaiga el ánimo. El espíritu de marco siempre está presente. Tienen muy vivo su legado de que la tierra no se vende. Saben que ella es su sustento y por eso no permitirán que las autoridades los quieran relegar e ignorar, porque ellos son los dueños del territorio.

Hay mucho enojo y reclamo porque no fueron tomados en cuenta como comunidades damnificadas, quedaron fuera de los censos y no recibieron los apoyos económicos para reparar sus techos y rehabilitar sus terrenos y huertas. Con sus manos y sus precarios recursos se han levantado. Marco Antonio dio la pelea para que fueran tomados en cuenta y buscó alternativas con fundaciones y organizaciones civiles que llegaron para atender sus demandas básicas. Con ellas siguen trabajando para rehabilitar sus viviendas, sanear el agua que consumen, construir letrinas, recuperar sus parcelas y sus huertas. A pesar de que Marco Antonio ya no está continúa la mística del trabajo comunitario, el cooperativismo y la ayuda mutua. Afortunadamente la solidaridad continúa impulsando proyectos y motivando a las familias que perdieron todo.

Como CECOP luchan contra los que quieren repetir la historia colonialista de imponer proyectos extractivos sin consultarlos, de alentar la división interna para minar su resistencia y de utilizar a los empresarios y a los grupos delictivos para socavar la organización comunitaria. Con Marco Antonio al frente aprendieron a defenderse contra los depredadores y usureros, a alzar la voz y desenfundar el machete para defender los bienes comunes. Por eso su batalla está en dos frentes: defender su territorio y exigir justicia por su líder Marco Antonio.

A seis meses de su asesinato es increíble que la fiscalía aún no detenga al autor material del crimen. Tienen suficiente información para proceder a su detención, pero su inacción genera sospechas y siembra dudas de su profesionalismo e imparcialidad. Hay fundados temores de que predominen los grandes intereses de los grupos que delinquen y que haya complicidad y contubernio al interior de las instituciones del estado.  No hay voluntad para garantizar justicia a las víctimas y combatir frontalmente el flagelo de la impunidad.

Dejar en el olvido el asesinato de Marco Antonio es apostarle a que la violencia nos arrastre como las olas del mar, es ahogar cualquier esfuerzo para construir la paz y sembrar la justicia. Las grandes fallas de los operadores de justicia, sobre todo de quienes tuercen las leyes, los que realizan funciones que no les compete y todos los que hacen negocio con la población más pobre los transforma en los buitres del sistema, en los principales depredadores de la justicia del estado. Son los que siguen tejiendo la red delincuencial al interior de las instituciones gubernamentales.

Las banquetas y las calles ensangrentadas son una realidad que sigue interpelando a las autoridades. Las estadísticas oficiales representan una minúscula parte del terror que han implantado los grupos armados. De enero a septiembre del 2025 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró mil 69 asesinatos en Guerrero relacionados con el crimen organizado; el mes más violento fue abril, con 169 homicidios, incluido el de Marco Antonio Suástegui.

El puerto de Acapulco resalta mes con mes como el municipio más violento del estado. En los primeros nueve meses del 2025 ocurrieron 402 asesinatos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, recientemente compareció en el Senado de la República donde informó que Guerrero tuvo una baja del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en septiembre del 2025, respecto de octubre del 2024. Sin embargo, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Chilpancingo ocupa el tercer lugar como la ciudad más insegura del país y Acapulco está en el lugar 16 con la percepción de seguridad de las y los ciudadanos que día a día viven el infierno de la violencia.

En este clima de violencia se cumplen 6 meses del asesinato de Marco Antonio sin que la fiscalía general presente resultados contundentes de la investigación. Han dejado tirado el caso sin que nadie se atreva a pedirles cuentas. Tampoco hay visos de que en el gobierno de Evelyn Salgado haya buenas noticias para las víctimas de la violencia, no se vislumbra en el horizonte sexenal que haya acciones contundentes que logren la detención de los generadores de violencia y que se reivindique la memoria de los luchadores sociales que impulsaron la organización de los pueblos como ejemplarmente lo hizo Marco Antonio Suástegui.

“Marco Antonio somos todos; es el hombre que nunca muere porque vive entre nosotros que seguimos su ejemplo. Está en nuestra memoria para seguir luchando. Nos quieren silenciar, pero no podrán porque el Tigre sigue con nosotros. ¡Justicia para Marco! ¡El CECOP vive!”, son las voces que se esparcen por el río Papagayo.