Minería en tiempos de la 4T

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República los Pueblos y Comunidades Indígenas le apostaron a un cambio en las relaciones de subordinación y explotación que han padecido por siglos con los gobiernos colonialistas. Creyeron que sus territorios se respetarían por encima de cualquier proyecto extractivista. Confiaron que con la nueva mayoría en el congreso federal su palabra sería tomada en cuenta. A pesar de su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, la criminalización persiste contra los pueblos que se organizan de manera autónoma y que resisten los embates de los megaproyectos y del crimen organizado. En los debates de la reciente reforma a la ley general de aguas y los ajustes que se hicieron a la ley de aguas nacionales, la voz de los indígenas fue excluida.

En su sexenio el presidente Obrador se comprometió a no autorizar más concesiones mineras, sin embargo, fue condescendiente con los emporios mineros al impulsar el modelo extractivista con la construcción de megaproyectos energéticos y de infraestructura. El Sureste Mexicano es el enclave de la acumulación capitalista de la 4T que con el Tren Maya y el corredor Interoceánico desplazan la visión comunalista del buen vivir y pulverizan la vida comunitaria con los apoyos individuales que se otorgan a través de los programas federales.

En la Montaña de Guerrero la principal amenaza que acecha a las comunidades son los grupos de la delincuencia que ya controlan las rutas comerciales y hacen migas con los presidentes municipales. Ofrecen seguridad para tomar el mando y afianzar su dominio. Arman a grupos con jóvenes de las mismas comunidades y los presentan como policías comunitarios para legitimarse ante los cuerpos de seguridad del estado y asentarse en lugares estratégicos. En medio de esta avalancha delincuencial las empresas mineras también están presentes: en la Montaña hay 14 concesiones y en la Costa Chica 15.

Los grandes contrastes se remarcan entre la opulencia del Acapulco Diamante y la indigencia de las comunidades rurales que se extiende por todo el litoral hasta las hermosas playas de Oaxaca. Este corredor turístico es parte de la disputa de los grupos de la delincuencia que quieren controlar las rutas terrestres y marítimas. Además de la pelea entre los grupos políticos por los ayuntamientos la confrontación también se da por los territorios que son atractivos por sus playas y muy codiciados por la reserva de minerales que aguardan. No es casual que exista una concesión minera en solicitud conocida como don Julio, que abarca 555 mil hectáreas y que inicia en la Costa Chica, pasa por la Montaña y llega hasta el Centro del estado.

En la inauguración de la XXXVI convención internacional minera realizada en el mes de noviembre en Acapulco, el secretario de Economía Marcelo Ebrard apareció como el gran emisario del extractivismo minero. Públicamente se comprometió a reanudar las exploraciones mineras a gran escala y a acelerar los permisos que están pendientes. En el mismo acto la gobernadora Evelyn Salgado expresó “Que la minería debe de crecer con sostenibilidad y justicia social, destacando que el estado de Guerrero ocupa el quinto lugar nacional en la minería metalúrgica y representa el 3,8% del producto interno bruto del estado, con una derrama anual de diez mil millones de pesos generando 10 mil empleos directos e indirectos.”

Con el apoyo decidido del secretario federal quedó puesta la mesa para que las empresas mineras incursionen en los territorios indígenas. Saben que la guardia nacional protegerá sus intereses, porque tienen mayor peso que los derechos territoriales de los pueblos indígenas del sureste mexicano.

La codicia de las empresas mineras que ha devastado regiones enteras desencadenó procesos de resistencia comunitaria como sucedió con el concejo regional de autoridades agrarias en defensa del territorio (CRAADET) que aglutina 13 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Las comunidades han declarado en sus asambleas que sus territorios están libres de minería. Su principal compromiso es defender colectivamente sus bienes naturales, como parte de su derecho a la libre determinación.

El CRAADET desde hace 13 años se ha erigido en un bastión contra el extractivismo minero. El gran referente de esta lucha es la comunidad Me pháá Juba Wajíín, que ganó dos amparos a empresas extranjeras obligándolas a cancelar sus concesiones otorgadas por la secretaría de economía. La organización comunitaria fue la clave para blindar su territorio e impedir que se asentaran las empresas extranjeras.

En otro momento Felipe Calderón al final de su sexenio quiso imponer una reserva de la biosfera con 157 mil hectáreas, abarcando 13 núcleos agrarios. Las comunidades reaccionaron con virulencia porque se sintieron traicionadas por los funcionarios que impulsaron asambleas amañadas para supuestamente dar su aprobación. La oposición de las comunidades demostró su enojo con la retención de los funcionarios y el bloqueo de la carretera Tlapa-Marquelia. La población impidió que el gobierno federal se apropiara de la reserva acuífera de la Montaña, donde nace el río Balsas. En esta zona núcleo la secretaría de economía ya había otorgado permisos para la explotación minera.

Ante la embestida neoliberal el CRAADET se ha organizado para implementar acciones orientadas a la protección de su territorio. Sus asambleas regionales son el muro de contención, la fuerza comunal que se parapeta en lugares estratégicos para impedir la entrada de las empresas mineras. Han evidenciado que el gobierno federal sigue diseñando programas para la extracción de la biodiversidad, los minerales y el agua.

En el terreno de los hechos el CRAADET ha diseñado varias estrategias para hacer frente a las políticas que facilitan el saqueo: los diferentes grupos de la policía comunitaria se encargan de vigilar las entradas a sus comunidades, instalan retenes y hacen recorridos en su territorio. En la estrategia jurídica varios núcleos agrarios han inscrito sus estatutos comunales ante el registro agrario nacional, para ejercer su derecho a la libre determinación. Su ley comunal ha determinado que ninguna persona ni gobierno ajeno a la comunidad disponga de sus bienes naturales.

La lucha ha sido tortuosa porque el RAN no está dispuesto a reconocer la forma de organización interna que deciden los pueblos en asamblea. En enero del 2025, la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, Juba Wajíjn, logró que el RAN aceptara que en su territorio se declarara libre de minería. En un hecho inédito logró también que su estatuto comunal, escrito en idioma Mè’phàà, quedará inscrito en su lengua materna ante el RAN.

En la zona centro del estado, en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri los ejidatarios protagonizan un conflicto con la empresa minera Equinox Gold de origen canadiense. Los dueños de la tierra llevan 8 meses plantados en la entrada de la minera porque ha incumplido los compromisos de rehabilitar sus tierras por daño ambiental a causa de la extracción del mineral. También se niega a resarcir la multiplicidad de daños ocasionados a las familias de Carrizalillo. Su lucha la libran en el territorio y en los tribunales. Se encuentran en desventaja porque las autoridades morenistas de Guerrero se han colocado del lado de la empresa canadiense. En la convención internacional fue claro el espaldarazo que le dieron a las empresas mineras que se encuentran en territorio Guerrerense.

Recientemente la procuraduría federal de protección al ambiente PROFEPA, suspendió a la empresa Equinox Gold porque constató los impactos negativos que han ocasionado, sin embargo, la secretaria de medio ambiente y recursos naturales SEMARNAT se niega a proteger los derechos de los ejidatarios, que no tienen tierras para trabajar mucho menos medios para obtener alimentos básicos. La devastación ambiental es irreversible por la destrucción de su hábitat y la afectación a los ecosistemas de la cuenca del río Balsas. La empresa le apuesta al desgaste de los ejidatarios, a que se dobleguen con el tiempo y a imponer su raquítica reparación económica. Su felonía ha llegado al extremo: ofrece mil 500 pesos por hectárea como reparación de daños. Esta mezquindad la ha llevado a demandar a los ejidatarios por daños a la empresa. De manera falaz ha denunciado que los trabajos de la minera están detenidos, cuando en realidad había un equipo que estaba trabajando en la mina.

La apuesta de la 4T por la explotación minera a gran escala, como lo pregona el secretario de economía y lo respalda la gobernadora del estado, profundizará la desigualdad social y la expoliación de los bienes comunes, fomentará la devastación ecológica y colocará en la indefensión total a las comunidades rurales, como Carrizalillo, que resiste contra el monstruo que extrajo el oro de sus entrañas y que envenenó la vida de la comunidad. Los ejidatarios no tienen otra alternativa que dar la batalla contra varios frentes: el empresarial, el gubernamental, y para colmo de males, el delincuencial.

Al gobierno federal parece no importarle la devastación ambiental, lo que priorizan es que haya mayores inversiones, por eso acelerarán el otorgamiento de nuevas concesiones. Dejan a los pueblos en las garras de los destructores de la naturaleza. Con el caso de Carrizalillo el gobierno de la 4T demostrará si defiende los derechos del pueblo o se confabulan con las empresas que violan los derechos de los ejidatarios.

Publicado Originalmente en Desinformemonos