En el inmenso mar de la iniquidad

A más de 11 meses del asesinato de Marco Antonio Suástegui

exigimos la detención inmediata del autor material.

Demandamos investigación pronta y castigo ejemplar

a los autores materiales e intelectuales

del asesinato de Bartolo Casarrubias de los Santos

regidor de Xalpatláhuac.

Con este título presentamos el pasado martes 24 nuestro 31 informe de actividades correspondiente al 2025. En esta entrega retomamos los interesantes comentarios que planteó la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Hass, sobre cómo se expresa con toda su crudeza la desigualdad social en la Montaña de Guerrero.

Se vive un momento de cambio sistémico sin precedente. La riqueza se transfiere masivamente a pocas manos, el autoritarismo crece, la violencia se normaliza y la crisis climática avanza, golpeando desproporcionadamente a quienes menos tienen. Las instituciones multilaterales atraviesan una crisis de recursos tan seria que su labor se ve amenazada, mientras observamos múltiples ataques a la paz y la seguridad internacionales.

Hay una crisis de gobernanza global, México es un ejemplo muy concreto. Según el informe de Oxfam México Oligarquía o Democracia, 22 personas concentran una fortuna equivalente al PIB de Jalisco y Guanajuato combinados, mientras que el 50% más pobre de la población aporta proporcionalmente más en impuestos que el 1% más rico.

En un escenario de bajo crecimiento económico, mala recaudación y una economía dependiente de un vecino que amenaza con desmantelar el tratado del que dependemos, hay que prestar atención a qué políticas se están planteando: El camino de perpetuar las desigualdades, mantener el extractivismo laboral y natural como estrategia de atracción de inversión, asumiendo que más inversión equivale automáticamente a más bienestar sin cuestionar su calidad y sus efectos a largo plazo, o el camino de repensar la política económica poniendo en el centro a las poblaciones más pobres.

La desigualdad no es un accidente, la desigualdad es por diseño. Guerrero es el segundo estado con mayor pobreza multidimensional del país, con el 58.1% de su población en esa condición, y el segundo con mayor pobreza extrema. El 21.3% de sus habitantes vive en esa situación, una cifra que cuadruplica el promedio nacional de 5.3%. Junto con Chiapas,Veracruz y Oaxaca, Guerrero concentra el 54% de todas las personas en pobreza extrema en el país. En los municipios de la Montaña, esas cifras superan el 80%. Hablamos de comunidades donde la pobreza extrema no es la excepción, es la norma heredada de generación tras generación.

Pero los números más estremecedores no están en la pobreza de ingresos, sino en el acceso a los derechos. Guerrero tiene la segunda tasa de informalidad laboral más alta del país. Casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna. La carencia por acceso a seguridad social afecta a la gran mayoría de la población ocupada del Estado.Y los hogares guerrerenses destinan el 43.3% de su gasto en alimentación, la segunda proporción más alta del país.

Cuando no hay Estado que garantice derechos, el gasto de bolsillo llena el vacío que debería ocupar la política pública. Las y los jornaleros agrícolas de la Montaña lo ilustran con dolorosa claridad. El 79% de los jornaleros agrícolas en Guerrero viven en situación de pobreza. El 94% no tiene contrato laboral. El 88% carece de acceso a la seguridad social.Y el 43% gana por debajo del salario mínimo. De septiembre del 2023 a agosto del 2024, la Casa del Jornalero en Tlapa registró a 3 mil 879 niñas y niños de entre 3 y 15 años que salieron hacia los campos agrícolas del norte, muchos de ellos sin poder estudiar.

Son las personas que ponen los alimentos en la mesa, de todas las y los mexicanos, y el Estado las trata como si no existieran, eso no es informalidad laboral, eso es extractivismo laboral por diseño. Y esta es precisamente la contradicción política que no podemos ignorar. Un gobierno que se precie de atender prioritariamente a la gente que menos tiene no puede eludir la exigencia de una política robusta y sostenida de combate a la pobreza extrema. Esto no debe ser un eslogan, esto requiere de mandato operativo con recursos, presencia territorial y rendición de cuentas. Los datos de Guerrero son la prueba más contundente de que esa política todavía está pendiente. Nombrar la desigualdad por diseño es el primer paso para desmantelarlo.

Lo segundo es la complejidad o la contradicción que encontramos entre el fortalecimiento del Estado como garante de derechos y la percepción y la realidad de que el Estado es el perpetrador de muchas de las violaciones a los derechos.

Esto puede generar resistencia, especialmente entre quienes han vivido el abandono y el maltrato del Estado en carne propia. Oxfam, en su agenda de justicia fiscal, pide más y mejor recaudación, un Estado con mayor capacidad redistributiva, a veces es difícil de comprender porque cómo podemos pedirle a alguien que nunca ha experimentado un Estado que la proteja, que confíe en fortalecer a ese mismo Estado.

En la Montaña hay un Estado que funciona al revés, que fortalece a los fuertes y abandona a quienes viven violaciones a sus derechos. La excusa del crimen organizado, ha profundizado la militarización que las comunidades no viven como mayor seguridad, sino como otra capa de control. La pregunta entonces es si debe haber un Estado fuerte, ¿fuerte para quién y para qué? Y, sobre todo, qué contrapesos y espacios de participación garantizan que la soberanía recaiga en el pueblo y no en instituciones que actualmente no funcionan para la gente. Lo que pedimos, lo que exigen las comunidades de la Montaña, es un Estado garante de derechos, uno que nunca hemos tenido, pero que es la única respuesta posible. Porque sin Estado no hay quien redistribuya, no hay quien ponga las reglas del juego, no hay quien proteja a las personas más vulnerables frente al poder del crimen o del capital. La alternativa al Estado que no funciona no es la ausencia de Estado. Es un Estado diferente, construido desde abajo, con participación real y rendición de cuentas efectiva.

Más de 2.5 millones de personas cosechan frutas y verduras que consumimos en México y que se exportan al mundo. Estas personas son en su abrumadora mayoría mujeres y familias indígenas provenientes de Guerrero y otros estados del sur. La jornada excede las ocho horas, el salario cuando se paga en su totalidad apenas alcanza para sobrevivir, y la modalidad de trabajo a destajo permite al patrón desligarse de toda responsabilidad laboral. Lo que permite este sistema no es la ausencia de regulación, es la impunidad estructural frente a las empresas que se benefician de él.

En los campos agrícolas de exportación del norte del país, contratan a jornaleros a través de enganchadores precisamente para evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales. La inspección laboral en el campo no es un mecanismo de cumplimiento. Entre 2006 y 2017, la Secretaría del Trabajo realizó más de 2 mil visitas de inspección y encontró 55 mil irregularidades, sin embargo, el 97.5% de las multas impuestas fueron revocadas, anuladas por tribunales o simplemente no cobradas. Las empresas agrícolas, muchas de ellas exportadoras certificadas con destino a cadenas de supermercados en Estados Unidos y en Europa, contratan a través de enganchadores y no se hacen cargo de la vivienda, de la alimentación y mucho menos de las prestaciones laborales de quienes viajan desde lejos para hacer producir los campos. Se calcula que uno de cada tres tomates cortados en Sinaloa es producto de esta subcontratación irregular. La cadena de valor que llega a las góndolas de los supermercados descansa sobre esa arquitectura de evasión. Las empresas conocen perfectamente las condiciones en que se cosecha lo que venden, eligen no cambiarlas porque les resulta rentable.

Para las mujeres esta precariedad tiene capas adicionales. El 91% de las trabajadoras agrícolas no cuenta con ninguna prestación laboral. El trabajo de cuidados, alimentar, bañar, acompañar a los hijos al surco porque no hay guardería ni escuela en el campo, se suma a la jornada sin reconocimiento ni pago. Las mujeres guerrerenses han compartido públicamente testimonios que lo dicen todo: hincarse en el lodo con nueve meses de embarazo para no perder el jornal, cargar a un bebé recién nacido mientras se cosecha porque no hay alternativa.

No son casos excepcionales, son la norma documentada por Tlachi, por las redes jornaleras y jornaleros, por la propia Alianza Campo Justo que nos une. Y cuando llegan a los hospitales, como el de la Madre y el Niño en Tlapa, enfrentan violencia obstétrica. Las presionan para ligarse las trompas o aceptar implantes anticonceptivos sin que nadie les explique en su lengua de qué se trata, sin consentimiento. Si denuncian el acceso a la justicia es un laberinto. El sistema no está roto, el sistema está diseñado para excluirlas. Una de estas mujeres, en un evento que tuvimos en la Alianza Campo Justo, dijo sin rodeos: dice la presidenta que es tiempo de mujeres. ¿Tiempo de qué? Dice que hay programas para mujeres, pero hasta los 60 años. Si me morí pronto y no llegué a los 60, ¿qué hay para mí? Esa pregunta no tiene respuesta en las políticas actuales y debería tenerla.

La exigencia entonces no puede dirigirse únicamente al Estado.Tiene que llegar con igual fuerza a las empresas que exportan tomates, pepinos y fresas al mercado norteamericano con sellos de certificación y discursos de responsabilidad social, mientras sus proveedores violan la ley de forma sistemática.

Exigimos que las empresas que se benefician del trabajo de las jornaleras de la Montaña de Guerrero garanticen contratos, seguridad social, vivienda digna y cero tolerancia a la violencia de género en sus cadenas de producción. Que lo que vende el supermercado no lleve trabajo forzado invisible a este precio.

Si miramos la economía como una política que debe crear riqueza para distribuirla correctamente, que no debe agotar los recursos ni contribuir al desplazamiento ni a la fractura del tejido social, podemos imaginar algo diferente. Una economía afincada en la proximidad, en la participación social y en la inversión pública donde más se necesita. Una economía social y solidaria como mecanismo de desarrollo comunitario culturalmente pertinente para pueblos y comunidades rurales, en lugar de seguir apostando únicamente a los capitales extranjeros.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan