CNDH: golpear al movimiento de los 43

Exigimos una investigación exhaustiva sobre los móviles de la

desaparición y asesinato del periodista Alex Serna

Las investigaciones realizadas desde el 2014 para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de ese año, no sólo están empantanadas, sino que retroceden al tirar por la borda todos los esfuerzos realizados tanto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La reciente recomendación (208VG/2026) emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo reafirma al desacreditar las investigaciones que impulsó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tirando por la borda sus 6 informes y desestimando los hallazgos obtenidos. Lo mismo hizo con la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) demeritando el compromiso que asumió el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas cuando fungió como titular de esta Comisión.

Contrario a la denostación que hace contra los organismos internacionales, la CNDH hace una defensa a ultranza del Ejército, exculpándolo de todas las acusaciones relacionadas con la participación y el ocultamiento de los hechos. “…lo que pudimos establecer es que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de contrainsurgencia o estrategia especial para el exterminio de los normalistas. Lo que ha sustentado la narrativa des responsabilidad, por omisión, se refiere a conductas individuales y sin embargo, ya se ha explicado la naturaleza de las funciones de las Fuerzas Armadas, que explica el por qué el personal militar no podía ni debía actuar por mandato de ley.” La CNDH deslinda al Ejército de cualquier tipo de responsabilidad en el caso de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa, y para blindarlo mejor afirma que en caso de que haya incurrido en omisión, la culpa fue de algunos individuos, no de la institución.

En los 6 informes del GIEI y en los mismos informes de la CoVAJ quedó demostrado que el Ejército tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes y en el ocultamiento de la verdad. Se tienen pruebas que el Ejército desde el 2010 infiltraba sus elementos en la normal de Ayotzinapa. Monitorearon la salida de los jóvenes la tarde del 26 de septiembre de 2014, en el trayecto y a su llegada a Iguala. La información la tuvieron minuto a minuto en tiempo real. Varios OBI (informantes del Ejército) estuvieron desplegados en lugares estratégicos dónde fueron agredidos los estudiantes.

Las cámaras de C4 estaban a cargo de los militares. Registraron los momentos cruciales cuando los estudiantes corrían para salvar sus vidas, y no hicieron nada para impedirlo. También hay datos de que un grupo de estudiantes que se fue a refugiar y a pedir auxilio al hospital Cristina fueron amenazados por los militares que ahí llegaron.

La intercepción de una llamada teléfonica de Francisco Salgado Valladares, comandante de la policía municipal de Iguala y de Gildardo López Astudillo, jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, en la que hablan de 17 jóvenes que estuvieron detenidos en barandillas de Iguala y que iban a ser trasladarlos a la periferia de la ciudad, fue realizada por el Ejército. Tenía en dos hojas transcritas esas conversaciones que llegaron a manos del GIEI, pero que fueron desconocidos por los altos mandos de la Sedena.

A mediados de febrero del 2026, el Juez Quinto de Distrito emitió una sentencia de un amparo que interpusieron las madres y padres, donde ordena al ejército la entrega de 853 folios del CRFI sobre el caso Ayotzinapa. No dieron una respuesta sobre el requerimiento, sin embargo, ahora la CNDH exime al ejército de toda responsabilidad.

La recomendación es una investigación que recupera extractos de investigaciones que ya se realizaron, pero no hay un aporte sustantivo porque no ayuda a desentrañar los hilos de la macrocriminalidad que se tejen en Iguala. Se concentra en denostar al GIEI y en absolver al Ejército de toda culpa.

Para la CNDH la estrategia del centro PRODH y Tlachinollan de ejercer presión social e internacional logró que el Estado se sintiera “arrinconado” y obligado a aceptar la ayuda del GIEI. De esta manera “el eje Centro PRODH-Centro Tlachinollan-Serapaz-Fundar” tuvieron un peso e influencia importantes.

Señala que “el Centro PRODH siempre ha tenido acciones que se acercan a ciertas tendencias partidistas y específicamente a Emilio Álvarez Icaza; también seña que Álvarez Icaza ha colaborado como consejero o asesor de Tlachinollan. Además, elucubra sobre una especie de maquinación para crear a la Red TDT, que ha sido “continua litigante contra la actual gestión de la CNDH y en favor de causas afines a los grupos o partidos de la derecha, o por lo menos han acompañado su agenda contra los grupos de izquierda”.

Señala que la CIDH es “un instrumento más del intervencionismo norteamericano, encubierto de cruzada por las libertades y la democracia representativa.” Descalifica a los miembros del GIEI y dice que sus aportaciones a la búsqueda y localización de los normalistas fueron prácticamente nulas. Señala que sus informes son “meras interpretaciones de algunos hechos” que tratan de imponer la versión que más les conviene, a la vez que lo acusan de injerencismo internacional, el cual tiene cabida al Centro PRODH. Señala que se exagera sobre los aportes del GIEI y se desprecia el trabajo de las autoridades mexicanas.

Para algunos padres la CNDH no tiene pruebas para desestimar los informes del GIEI, porque realizaron un trabajo impecable y con mucho rigor científico. Es lo más claro que hemos tenido en estos 11 años de lucha. La CNDH en su recomendación cortó y copió parte del libro de Obrador porque recordemos que el expresidente también descalificaba las líneas de investigación del GIEI, al Centro PRODH y a las organizaciones que nos acompañan. Es terrible. Quieren darle fuerza a la narrativa de Obrador, pero no les alcanza.

Vuelven igualmente con la narrativa de que Álvarez Icaza movió los hilos, pero no tenemos nada que ver con ese señor. Es evidente que no quieren avanzar en las investigaciones para encontrar a nuestros hijos. No hay líneas de investigación, solo se empeñan en defender al Ejército, para eso escribieron esas 800 páginas. Descalifican a las organizaciones internacionales que nos acompañan y atacan a nuestros representantes. Las consideran ilegitimas, con intereses ajenos y agendas propias. Ahora resulta que quienes están a nuestro lado son los culpables de que no se avancen en las investigaciones y en cambio para la CNDH el Ejército es la institución más pulcra. Nunca creímos que una comisión nacional que está para defender a las víctimas defienda ahora a los perpetradores.

La presidenta de la CNDH no tiene sensibilidad alguna hacia las víctimas.  ¿Con qué pruebas estás desacreditando más de 11 años de investigación? No tiene pruebas para desestimar el trabajo de los expertos. Además, señalan que hay injerencismo, ¿solo porque se ejerce con independencia las investigaciones y se señalan a los militares como parte de esta urdimbre delincuencial?

Están preparando el terreno para septiembre. Los mismos golpes que nos daban los priistas los estamos recibiendo con mayor fuerza de los gobiernos de la cuarta transformación. Están armando una estrategia para desviar las investigaciones porque se resisten a impulsar las líneas que propuso el GIEI. No hay la voluntad política para exigir al ejército la entrega de los 853 folios. Tampoco el fiscal especial está dispuesto a profundizar en actos de investigación de los 17 normalistas que estuvieron detenidos en barandillas.

Como padres rechazamos la recomendación de la CNDH. ¿Cuándo se acercó la presidenta para dialogar con nosotros? ¿En qué momento trató de escucharnos y de atender nuestros reclamos al gobierno? ¿Por qué sacó la recomendación sin antes compartirla con nosotros? ¿Por qué hay ese empeño y mala fe de seguir lastimando nuestro corazón, de causarnos más daño, de revictimizarnos y tratarnos como seres que no tenemos derechos?

Nosotros si honramos la memoria de doña Rosario Ibarra de Piedra, la respetamos y reconocemos por su entrega y compromiso con las víctimas. Sabemos que nunca se doblegó ante los gobernantes y les espetó en su cara a los presidentes de la república su complicidad con los perpetradores, con el ejército que fue el que aplicó los planes de contra insurgencia siendo el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos en los años cruentos de la guerra sucia.

No se nos olvida que doña Rosario dejó en custodia al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador la medalla Belisario Domínguez, manifestándole en voz de su hija Claudia lo siguiente: “Te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector”. Este mensaje de doña Rosario es el que sigue inspirando a muchas madres y padres que buscan a sus hijos desaparecidos porque en ella habitó un espíritu indómito, su gran amor por la verdad y su enorme pasión por alcanzar la justicia. Luchó contra un sistema represor, cimbró al poder presidencial y desenmascaró a un poder militar que implantó el terror con sus planes de exterminio contra una población indefensa. Que lejos estamos del legado de doña Rosario Ibarra con la recomendación (208VG/2026) firmada por su hija que exonera al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.