Hacia el año 1993, en un cuartito de hotel de la ciudad de Tlapa de Comonfort surge el Centro, como da cuenta Abel Barrera uno de sus constructores, en un momento muy álgido en términos sociales y políticos en el país, definido por la profundización del modelo neoliberal, siendo punto culminante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puesto en marcha en 1994.
Ante el nivel de marginalidad y violencia estructural impuesta por la hegemónica reproducción del capital nacional y extranjero, surge un movimiento de base por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente a partir de tres encausamientos: defensa del territorio, defensa de formas propias de producción (en vínculo a la soberanía alimentaria) y defensa de derechos colectivos-sociales2. En este contexto, hitos centrales que definen el surgimiento de Tlachinollan son el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el surgimiento de la Policía Comunitaria (CRAC-PC). También a nivel local en la zona de la Costa-Montaña es importante destacar el trabajo de las organizaciones cafetaleras y la lucha del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas en oposición a la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo. Y señalamos que definen su andar, pues ante estas variadas expresiones de organización popular, tal como ocurrió en la década de los setenta, la creciente militarización de los años noventa ha derivado hasta la actualidad en abusos hacia los civiles, desapariciones forzadas, violaciones a mujeres indígenas, junto al reforzamiento de las alianzas con los caciques locales y un paramilitarismo en colusión con los grandes grupos del narcotráfico.
En este contexto, el de Tlachinollan es un hacer que nace estrechamente ligado al trabajo y la resistencia desarrollada por los pueblos indígenas de la zona y con influencia del trabajo desarrollado por la iglesia católica más cercana a la Teología de la Liberación en América Latina (un hecho determinante es la fundación en el año 1992 de la Diócesis de Tlapa, movimiento de la iglesia que define su labor a favor de los indígenas y los derechos humanos), en respuesta a las condiciones de extrema violencia e impunidad que se viven en la región. Al respecto, en su primer informe elaborado el año 1994, se plantea como objetivo central reivindicar lo propio: la tierra, la lengua, la cultura, el ejercicio del poder, las costumbres, la religión y la visión indígena del mundo, en paralelo a la constante denuncia de las acciones llevadas a cabo por el ejército en la zona. Los hitos que van definiendo su trabajo se desarrollan en un escenario donde los derechos humanos no le significaban nada a la población o eran sinónimo de un mal uso por parte de las autoridades gubernamentales, siendo este uno de sus mayores desafíos.
A nivel de acompañamiento individual existen litigios emblemáticos y estratégicos por su relevancia político social, destacando el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú3. A un nivel de acompañamiento colectivo es importante destacar que la organización ha participado de procesos de construcción de autonomía relevantes en el contexto mexicano y latinoamericano, luchas emblemáticas como, por ejemplo, los trabajos realizados en la conformación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), que congrega a los campesinos que han rechazado la construcción de la Hidroeléctrica en el río Papagayo; el trabajo con la Asamblea de Carrizalillo, que ha luchado contra la minera transnacional Gold Corp, su vínculo con la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que desde el ámbito comunitario promueven los derechos colectivos y denuncian la militarización de los territorios indígenas.
Actualmente el análisis que realiza la organización da cuenta del claro vínculo entre el modelo económico que se trata de imponer en la región y el carácter de urgencia que adquieren los derechos humanos. Para Tlachinollan es un modelo de desarrollo incapaz de garantizar lo básico a los pueblos, generándose un escenario de marginalidad donde las expresiones de la violencia se vuelven mucho más complejas, con mayores actores armados que hace unos años atrás, en vínculo al control territorial frente al constante aumento de las amenazas de despojo territorial por el narcotráfico (Guerrero es uno de los principales productores a nivel mundial de goma de amapola), imposición de mega-proyectos (hidroeléctricas principalmente) y el otorgamiento de concesiones a empresa mineras.
En base a este análisis la organización ha trabajado en conjunto con las comunidades organizadas en un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio levantando información y denunciado el hecho que en los últimos años el Gobierno Federal ha otorgado, sin considerar los derechos de los pueblos indígenas, alrededor de 30 concesiones por 50 años para que diversas empresas realicen actividades de exploración y explotación (que corresponden a cerca de 200 mil hectáreas, estando actualmente todas en fase de exploración). En este trabajo se han interpuesto desde las asambleas comunitarias 15 actas de rechazo a exploración y explotación minera en el Registro Nacional Agrario, el cual ha negado la gran mayoría sin fundamentar con los requisitos legales necesarios. Con el acompañamiento de Tlachinollan, algunas comunidades ya han iniciado la impugnación legal de estas irregularidades a través de los medios de defensa que contempla la ley, como el caso de la comunidad de San Miguel del Progreso entregando las herramientas para que interponga su demanda por defensa del territorio4. Otro punto crítico en la zona se vincula a la situación de los migrantes y jornaleros agrícolas. Ante las precarias condiciones de estos grupos, en el año 2006 con la participación de Tlachinollan y aproximadamente 600 jornaleras y jornaleros provenientes de distintos municipios, se constituye el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña (CJAM)5. Desde un trabajo conjunto se apoya con asesoría y defensa legal a las y los jornaleros y a sus familias, llevando a cabo también acciones para coadyuvar a revertir las causas estructurales de explotación laboral denunciando el abuso patronal por parte de los empresarios (caracterizado por ausencia de contratos y donde muchas veces no se respetan los acuerdos de pagos, nulo acceso a la seguridad social y condiciones de estancia indignas), el masivo trabajo infantil y la discriminación a mujeres indígenas triplemente estigmatizadas y subordinadas (mujeres-indígenas-pobres). Frente a los fuertes procesos de descomposición comunitaria generada por la violencia estructural, Tlachinollan sitúa como trabajo central el fortalecimiento de los consejos de base, un espacio para restituir la politicidad fundamental del sujeto social, la cual es justamente la capacidad reprimida y enajenada por los procesos de despojo que definen a la Montaña. Para Tlachinollan las comunidades son la verdadera base del tejido social, mientras que los ayuntamientos y cacicazgos impuestos por el gobierno sólo han servido para dividir a los pueblos y disminuir sus fuerzas organizativas. Se busca fortalecer los sistemas de cargos y las asambleas comunitarias en la medida que se consideran los núcleos identitarios, potenciando la construcción de autonomía mediante el fortalecimiento de bases organizativas.
Desde acá se explica que actualmente Tlachinollan sea considerado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como un peligro para la gobernabilidad, estableciendo un entramado complejo en el cual se vincula a la organización con la guerrilla, sin ofrecer datos concretos para comprobar tal situación, criminalizando de esta manera su accionar. Si bien la construcción del sentido hegemónico de los derechos humanos a nivel mundial es una constitución subordinada a la reproducción del capitalismo, donde las autoridades gubernamentales y el gran capital los utilizan para una defensa radical del estatus quo, podemos señalar que en la Montaña de Guerrero encontramos un uso contrahegemónico de esta herramienta, en la medida que se despliega estratégicamente para la construcción de un hacer y un pensar crítico-constructivo en las diversas clases y sectores populares, potenciando diversos sentidos que sustenten un habitar colectivo que no dependa de la realización del valor de la mercancía capitalista.
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1 Para ejemplificar el lugar de la Montaña dentro de las cifras que caracterizan a Guerrero, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística a nivel nacional, Guerrero es el estado que menos garantiza el acceso al agua, sólo un 61% de los hogares guerrerenses cuentan con servicio de agua entubada. En la zona de la Montaña esta cifra sube al 72%, es decir, los hogares más pobres del país tienen que invertir sus escasos ingresos en acceder al agua. En el caso de acceso a la educación, el promedio de escolaridad de Guerrero es de 7.3 años -el tercero más bajo del país-sólo por arriba de Oaxaca y Chiapas- en tanto, este promedio en la región de la Montaña baja a 4.89 años.
2 En el año 1992 mientras la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos celebran los 500 años del “descubrimiento de América”, antagónicamente toma fuerza la campaña continental “500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular”. En el estado de Guerrero, el Consejo Guerrerense se funda el 14 de Septiembre de 1991, siendo uno de los pilares en la formación y desarrollo del Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena, como instancia de coordinación nacional.
3 El 1º de octubre del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano donde determinó que -en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente- ambas mujeres habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano.
4 El 12 de febrero de 2014 fue notificada una sentencia histórica: el Juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5 Entre 2006 y 2014, Tlachinollan y el CJAM han documentado la migración de más de 60 mil personas, de los cuales el 93% son indígenas provenientes de 362 comunidades de la región.