Continuamos con nuestro ciclo de conversatorios «La defensa de derechos humanos y la libertad de expresión en México en contexto de COVID-19».
Esta vez conversamos sobre la situación de Guerrero, con Gloria Flores co directora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Norma Mesino de la Organización Campesina de la Sierra de Sur (OCSS), Carmen González Benicio periodista del periódico El Sur, Sandra Patargo de Front Line Defenders y Abel Barrera de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, a quienes se unieron Nira Cárdenas de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y Anabel López Sánchez del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Durante su participación Gloria Flores co-directora de la RNDDHM señaló que el objetivo de la serie de conversatorios y el informe homónimo, publicado en enero de este año, es caracterizar y dimensionar los impactos de la crisis sanitaria en la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión debido a las medidas impuestas que restringen el goce de los derechos humanos. Entre ellas, las disposiciones administrativas que sancionaron el incumplimiento de las medidas sanitarias y que derivaron en abusos policiales.
La defensora también retomó los casos del periodista Pablo Morrugares y el defensor del ambiente y territorio Juan Aquino, quienes fueron asesinados en Guerrero durante 2020 como consecuencia de su labor; e insistió en que la criminalización se ha intensificado durante estos meses, como demuestra el hostigamiento contra la defensora indígena guerrerense Kenia Hernández.
Además, mostró otras medidas no vinculadas con la crisis sanitaria que impactaron en la labor de defensa de derechos humanos, como lo fue la reducción en un 75% del presupuesto para programas clave como las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMIS). Las CAMIS son relevantes por su atención a mujeres víctimas de violencias en territorios geográficamente aislados, incluyendo siete localidades de Guerrero, entidad federativa con mayor cobertura del programa.
También recordó que en México la labor de defensa de los derechos humanos es una actividad de riesgo, y con la crisis sanitaria empeoraron las condiciones para defensoras y periodistas, ya que, entre otras cosas, se enfrentaron a la suspensión de actividades en el Poder Judicial y en la atención de solicitudes de acceso a la información, herramientas importantes para defensoras, sobre todo para quienes trabajan en la defensa de derechos del territorio; y verdad, justicia y reparación.
En contraste, con la restricción de actividades de organización para la defensa de los derechos humanos, los mega proyectos continuaron como actividades esenciales y no detuvieron sus actividades en detrimento de los derechos a la tierra y el territorio.
Por su parte, la compañera defensora Norma Mesino mencionó que en Guerrero las personas defensoras no denuncian las agresiones que viven por temor a represalias contra sus familias e hizo un llamado a la nueva administración a que tome medidas para garantizar la seguridad de las defensoras y periodistas.
Mesino también informó que el principal impacto del covid-19 en la organización campesina fue en el acceso a la justicia y en la movilidad de la organización, ya que las medidas de distanciamiento y al temor de contagio fueron factores que obstaculizaron los procesos de búsqueda de justicia en los que trabaja la organización.
Se hizo un llamado al nuevo gobierno que está por entrar a la entidad a que ponga atención a la situación de personas defensoras y periodistas, que tome medidas que garanticen la seguridad y que se detenga la criminalización y estigmatización de quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión.
Durante su participación, la periodista Carmen González recordó que el pasado viernes 16 de julio periodistas en Chilpancingo acudieron, ante amenazas y agresiones, con el presidente Andrés Manual Lopéz Obrador -quien visitó Guerrero durante una gira-, para entregarle un documento en donde piden atención para garantizar ejercicio periodístico y el cese a las violaciones de los derechos humanos de las y los comunicadores.
La periodista recalcó la importancia de que las autoridades reconozcan la importante labor de las defensoras y periodistas y alertó sobre las declaraciones hechas por autoridades para denostar el trabajo periodístico, ya que esto causa estigma dentro de las comunidades a las que pertenecen las y los periodistas obstaculizando el pleno desempeño de su labor.
Sandra Patargo de Front Line Defenders recordó que México es uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos e informó que aumentaron las agresiones contra pueblos indígenas y personas que defienden derechos de tierra y territorio ya que documentaron que 40% de agresiones contra defensoras fue contra quienes defienden tierra, medio ambiente y derechos indígenas y señaló que este panorama coincide con el contexto de Guerrero.
Aseguró que Guerrero continúa siendo una entidad en donde defensoras enfrentan mayor riesgo debido a la colusión de grupos criminales con autoridades locales lo que hace aún más complicado para defensoras tener protección efectiva.
A esto sumó la impunidad endémica y mencionó la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón en 2019 como un ejemplo de lo que enfrenta Guerrero y quienes llevan procesos de búsqueda de justicia. Asimismo externó su preocupación por la falta de un actuar efectivo de las autoridades ante amenazas contra personas defensoras.
También mencionó que las campañas de desprestigio son una tendencia a nivel nacional, y que las declaraciones de autoridades e incluso de la presidencia, buscan desprestigiar a defensoras, periodistas y organizaciones.
Por último, mencionó el caso de la compañera defensora Kenia Hernández, abogada feminista y beneficiaria del Mecanismo federal de protección a personas defensoras que ya había tenido que desplazarse forzosamente de Guerrero por las amenazas y ataques como consecuencia de su labor. Ahora enfrenta 7 carpetas de investigación como represalia a su método de protesta, una de ellas ante el circuito federal judicial de Acapulco.
Nira Cárdenas de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU mencionó que para ONU-DH este informe es relevante porque aborda el impacto de la pandemia en defensoras y periodistas desde una lógica más territorial. Reiteró que en México ser defensora o periodista conlleva grandes riesgos a lo que se suma la impunidad y la situación de vulnerabilidad que se complejizó con la pandemia.
Para finalizar enfatizó que las recomendaciones hechas en el informe, tanto para el Estado Mexicano como para ONUDH, son una guía para crear un espacio propicio para que defensoras y periodistas hagan su trabajo de manera segura y de manera justa y señaló que se suman al llamado que hacen defensoras, periodistas y organizaciones para avanzar en la construcción de un entorno que reconozca la labor de defensa de derechos humanos. De cara a la administración local, la oficial llamó a la nueva Gubernatura a que implemente políticas públicas de protección a personas defensoras que se basen en el reconocimiento de su labor y en mejoras institucionales en coordinación con el mecanismo de protección federal.
Por último, Anabel López Sánchez del Instituto Nacional de las Mujeres reconoció el importante trabajo que hacen defensoras y periodistas para el goce de los derechos de las mujeres, y comunicó que desde el INMUJERES hacen el compromiso para impulsar la construcción conjunta con todos los niveles de gobierno, poderes políticos, organizaciones de la sociedad civil y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, el diseño y la implementación de una ruta de trabajo colaborativa para el fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales de Protección de personas defensoras y así como la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.