CARTA | Amnistía Internacional envia carta pública al Secretario de Gobernación

Los abusos que hoy siguen enfrentando los defensores y las defensoras de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinato e intento de asesinato, amenazas, intimidación y criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

Desde el 7 de diciembre de 2011 no se sabe del paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes fueron victimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones.

El líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma organización de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero de 2012. Está allí bajo cargos de homicidio que tiene grandes similaridades con el proceso infundado contra otro defensor de la región Raul Hernandez quien fue encarcelado durante dos año y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

También están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión esta siendo revisada a través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en cada casa.

Amnistía Internacional está también analizando los casos de Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en cuanto que observamos en ellos una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, de ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales, que hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos en México. Ello y los detalles mismos de cada caso permite pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos es por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades indígenas. Por lo tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.

Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Mexico es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.

Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para los defensores de derechos que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legitimas actividades de defender los derechos humanos. Así mismo es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen el fin del mal uso del sistema de administración de la justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.

Atentamente,

Javier Zúñiga Mejía Borja

Asesor Especial en Programas Regionales