Zeid pide a México que no apruebe el proyecto de ley de seguridad interior
GINEBRA/CIUDAD DE MEXICO (5 de diciembre de 2017) – La legislación propuesta en México que consagraría la función de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante, declaró el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.
El proyecto de ley sobre seguridad interior fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado, para su debate y adopción.
Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal. El proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”, señaló el Alto Comisionado.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó Zeid.
El Alto Comisionado reiteró que la Oficina del ACNUDH en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.
Las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, señaló Zeid, entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.
ENGLISH VERSION
Zeid urges Mexico not to pass proposed internal security law
GENEVA / MEXICO CITY (5 December 2017) – Proposed legislation in Mexico that would enshrine the role of the armed forces in law enforcement is deeply worrying, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein said on Tuesday.
“I fully recognize that Mexico faces a huge security challenge, given the violence and fear sown by powerful, organized crime groups. But more than a decade after the armed forces were deployed in the so-called war on drugs, violence has not abated and many human rights violations and abuses, including extrajudicial killings, torture and enforced disappearances, continue to be committed by various State and non-State actors,” said Zeid.
The Law on Internal Security was approved by the Chamber of Deputies on 30 November and has now been referred for debate and adoption in the Senate.
Zeid recalled that, during his visit to Mexico in 2015, the authorities said the initial deployment of the armed forces had been inevitable given the weakness of the various police forces, and had assured him of their commitment to gradually replace the armed forces with a stronger, better prepared police force, both at federal and individual State level. The current draft law does not refer in detail to the need to strengthen police institutions nor does it contain an exit strategy for gradually ending the use of the armed forces in law enforcement.
“Adopting a new legal framework to regulate the operations of the armed forces in internal security is not the answer. The current draft law risks weakening incentives for the civilian authorities to fully assume their law enforcement roles,” the High Commissioner said.
The draft law, as approved by the Chamber of Deputies, contains worrying elements, and would allow for civilian authorities to be under the command of the armed forces in some circumstances. The authorization of the engagement of the armed forces in law enforcement is not accompanied by adequate controls and oversight, and the legislation does not contain adequate assurances, in line with international human rights standards, against the unlawful, arbitrary or excessive use of force.
Zeid noted that in his recommendations to the Mexican Government following his visit, he had emphasized the need to promote a citizens’ security approach, to ensure that public security policies are carried out in line with international human rights standards, and to investigate alleged violations and guarantee accountability for violations.
“As my Office in Mexico has noted in a letter it has sent to the Senate, the proposed legislation is disturbingly ambiguous, with the risk that it may be implemented extensively and in an arbitrary manner. I am convinced that rather than pursuing the adoption of this law, there should be an open and inclusive discussion about the country’s security problems and their potential solutions, with the active participation of the National Commission for Human Rights, experts and Mexican civil society,” he said.
The High Commissioner reiterated that the UN Human Rights Office in Mexico is ready to provide technical assistance to strengthen the capacities of civilian authorities to face the serious security challenges in the country.
Concerns about the proposed law are shared by a wide range of institutions, organizations and individuals, Zeid noted, including the National Human Rights Commission, the Inter-American Commission on Human Rights, UNICEF-Mexico, UN-WOMEN-Mexico, civil society and academics.