Organizaciones sociales exigen libertad inmediata e incondicional del defensor, a cuatro años de su detención arbitraria
Chilpancingo, Guerrero a 1 de diciembre de 2017.
Hoy, se cumplen 1461 días de la detención arbitraria del defensor Arturo Campos. Luego de la manipulación, interpretación tendenciosa de la Ley penal y la fabricación de los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro, el defensor na savi fue detenido en un acto público que junto con otros defensores realizó hace cuatro años para exigir la liberación de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que habían sido detenidos en agosto de 2013. De inmediato fue trasladado ilegalmente al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, obstaculizando y violando todos sus derechos a una defensa adecuada.
Las acusaciones se han desmoronado. Tribunales Federales declararon su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Luego de dos amparos, se demostró que las acusaciones en contra del defensor comunitario son infundadas. De igual manera los Tribunales de mérito reconocieron a la CRAC-PC como una organización social y política de los pueblos indígenas facultadas para realizar tareas de seguridad y justicia y Arturo como Consejero de la CRAC-PC, por lo que con su detención se violentaron derechos de los pueblos indígenas, como el derecho al ejercicio de sus Sistemas Normativos propios, a la libre determinación, autonomía y su derecho a crear sus propios sistemas de seguridad y justicia.
Hoy, sólo está pendiente por resolver la Causa Penal 196/2013-I-A, por el delito de secuestro en agravio de 43 personas. Cabe recordar que estas personas eran las que se encontraban detenidas en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla de los Libres, acusadas por integrantes de las comunidades de la zona de diversos delitos como lesiones, violaciones, homicidios, entre otros, y eran procesadas bajos las instituciones procesales de los Sistemas Normativos de la CRAC-PC.
Al tenor de la ilegalidad con que han sido declaradas las anteriores acusaciones contra Arturo por los Tribunales Federales: su encarcelamiento es ilegal y el Juez de la causa en los próximos días deberá decretar su libertad. No hacerlo representa una flagrante violación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros ordenamientos legales.
Mantener en prisión a Arturo Campos representa una violación y retroceso de los derechos ganados por los pueblos indígenas en nuestro país, nuestra región y el mundo. El estado Mexicano incurriría en una manifiesta responsabilidad internacional por la que tendría que responder antes los Organismos internacionales de Derechos Humanos.
A cuatro años de su injusta prisión, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, Guerrero tiene la oportunidad de hacer justicia, juzgar bajo los principios de independencia e imparcialidad, apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Familiares, organizaciones civiles, sindicatos, defensoras/es de los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil de México y otras partes del mundo, nos sumamos al clamor de justicia y exigimos:
-Libertad inmediata e incondicional del defensor Arturo Campos.
-Cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.
-Cese a la criminalización al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de Guerrero y el país.
Convocamos a defensoras y defensores de derechos humanos y a la sociedad en general para que el próximo jueves 7 de diciembre se congreguen a las afueras de la Representación del Gobierno del Estado de Guerrero en la Ciudad de México (Calle Arquímedes 147, Polanco) en donde se entregarán las más de 30 mil firmas de personas de diversas partes del mundo recolectadas en la plataforma de AVAAZ, que exigen la libertad del líder indígena.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan