Tlapa de Comonfort y Costa Rica, a 12 de diciembre del 2019
Un día como hoy, pero hace ocho años, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, salieron con sus compañeros de la escuela normal rural de Ayotzinapa rumbo a Chilpancingo. Los estudiantes llevaban varios meses esperando respuestas favorables a las demandas de su pliego petitorio para poder estudiar con condiciones mínimas de dignidad: mantenimiento de sus instalaciones, becas para los estudiantes, incremento de la matrícula. Frente a la indiferencia de las autoridades, decidieron manifestarse en la Autopista del Sol.
Pero lo que era una manifestación estudiantil pacífica se tornó en una masacre cuando, llegaron más de 150 miembros de la Policía Federal de la policía estatal y de la Policía Ministerial, en su mayoría armados y empezaron a disparar de manera indiscriminada contra los jóvenes.
Jorge Alexis y Gabriel nunca regresaron a sus casas. Minutos después del inicio del tiroteo, sus cuerpos yacían sobre el asfalto de la carretera, mientras decenas de sus compañeros eran detenidos y sufrían maltratos y tortura por parte de los diversos cuerpos policíacos.
Frente a la gravedad del caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidió, por primera vez, hacer uso de su nueva facultar de realizar una investigación por graves violaciones a los derechos humanos emitiendo la recomendación VG001/2012 en marzo de 2012 en la cual determina de manera clara la responsabilidad de autoridades federales y estatales en la comisión de los hechos y en su encubrimiento posterior.
Esta recomendación fue ignorada por las autoridades de todos los niveles, de manera que al día de hoy, ninguna persona está bajo proceso o sentenciada por este crimen de Estado. Ello, a pesar de que los hechos sucedieron a plena luz del día y fueron documentados por los medios de comunicación.
Las familias de Jorge Alexis y de Gabriel quedaron marcadas por siempre por este terrible agravio. Nada ni nadie les podrá regresar a sus hijos y hermanos, pero, como mínimo, el Estado tiene la obligación de aportar la verdad sobre estos hechos: ¿quién ordenó esta represión? ¿quiénes supieron de lo que estaba sucediendo y se abstuvieron tomar medidas para prevenirlo? ¿quiénes destruyeron y falsificaron evidencia para encubrir a los responsables? De la misma forma, se debe garantizar el acceso a la justicia para Jorge Alexis y Gabriel: los autores materiales e intelectuales de los hechos deben ser castigados y se les debe reparar integralmente el daño, así como adoptar medidas de no repetición.
El Estado debe capacitar a sus fuerzas de seguridad para que respeten los Derechos Humanos y eviten usar armas letales en manifestaciones públicas y atender las demandas sociales de los sectores más vulnerables en vez de reprimirlos.
La verdad, justicia y reparación ya se ha postergado ocho años. La impunidad que imperó en las ejecuciones de Jorge Alexis y Gabriel fue un precedente que permitió que, tres años después y bajo el mismo mandatario estatal, las fuerzas policíacas coludidas con la delincuencia organizada desaparecieran a 43 estudiantes de la misma escuela. De acatarse la recomendación de la CNDH, se hubiera podido evitar esta segunda tragedia.
El día de hoy, honramos la memoria de Jorge Alexis y Gabriel, dos jóvenes combativos cuyo futuro les fue arrebatado cruelmente por las fuerzas de seguridad del Estado, y demandamos verdad, justicia y reparación, para sus familias y para la sociedad.