San José, 18 de enero del 2018.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestamos nuestra condena a los últimos hechos de violencia ocurridos en La Concepción, Guerrero, que dejaron un saldo de más de 11 personas fallecidas, 38 detenidas y al menos 10 víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, producto del uso excesivo de la fuerza de efectivos militares y policiales, tanto estatales como federales.
Según constató el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollán, “las detenciones de las 38 personas fueron arbitrarias, pues no existía ninguna orden de aprehensión ni les informaron sobre los cargos en su contra”.
De acuerdo a la información entregada por la organización, las agresiones y la violencia por parte de las fuerzas policiales se extendió también a periodistas que cubrían la noticia, a quienes se les habría arrebatado su material de trabajo. Los episodios que afectaron a la comunidad del estado de Guerrero son de gran preocupación, ya que parecen indicar un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, en el contexto de la criminalización de quienes se oponen a la construcción de la presa La Parota.
Cabe recordar que el Estado mexicano ha enfrentado anteriormente procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por situaciones que comprometen el actuar de las fuerzas de orden y seguridad y que representan vulneraciones profundas a los derechos de la población civil. Ante esta coyuntura, instamos al Estado que realice investigaciones serias y efectivas para determinar la verdad de lo ocurrido, e identificar y sancionar a los responsables de una forma acorde con la gravedad de los hechos.
Por último, solicitamos que se brinde a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional información precisa sobre lo ocurrido, particularmente sobre el operativo desplegado en la comunidad. Esta situación no sólo afecta a las víctimas y a sus familiares, sino que también genera graves retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y en la vida democrática del país.