COMUNICADO | Comienzan procesos penales contra probables responsables de las violaciones graves de Derechos Humanos cometidas contra Inés Fernández y Valentina Rosendo

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 9 de enero de 2014.- Atendiendo a la información que en días pasados trascendió en diversos medios, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informa que, a partir del ejercicio de la acción penal realizado recientemente por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República (PGR), órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) dictaron en fecha reciente autos de formal prisión en contra de cuatro personas, a saber: dos personas involucrados en los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú y dos personas involucradas en los crímenes perpetrados contra Inés Fernández Ortega.

Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa, cabe recordar, fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el año 2002, cometidas por elementos del Ejército mexicano. Aunque los hechos fueron denunciados ante las instancias competentes, ni Valentina Rosendo Cantú ni Inés Fernández Ortega accedieron a la justicia en México, debido a que las investigaciones se condujeron sin perspectiva de género y en el ámbito militar. En virtud de ello, Inés Fernández y Valentina Rosendo acudieron al Sistema Interamericano donde tras un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el 2010 dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.

Entre otros aspectos, el Tribunal Regional ordenó que los hechos se investigaran, en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, para que en su momento se ejercitaran las acciones penales correspondientes y sancionara a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de ambas mujeres Me’phaa. En cumplimiento del fallo, tras un largo proceso, los expedientes fueron remitidos a la FEVIMTRA en 2011. Más recientemente, la renovación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR y el compromiso personal de su titular con el avance de los casos; así como el trabajo técnico de la Fiscal y del personal ministerial de la FEVIMTRA, contribuyeron de forma determinante a que se revirtiera la deficiente actuación del Ministerio Público Militar, de suerte que a finales del 2013 se ejercitó acción penal contra los integrantes del Ejército que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú identificaron como sus agresores.

Los órganos jurisdiccionales civiles, competentes en el fuero federal, libraron las respectivas órdenes de aprehensión durante el mes de octubre de 2013, mismas que terminaron de cumplimentarse a finales del pasado mes de diciembre. Finalmente, los juzgados que quedaron a cargo de los procesos dictaron auto de formal prisión en contra de cuatro personas, que hoy enfrentan en prisión preventiva acusaciones por los delitos de violación sexual, tortura, abuso de autoridad, entre otros. Cabe señalar que a efecto de no obstaculizar los procesos y para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” no divulgará la información detallada de las respectivas causas penales.

Este paso decisivo en la búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a casi doce  años de que ocurrieron los hechos, habría sido inalcanzable sin la determinación de ambas mujeres Me’phaa. En ese sentido, es un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia.

Una vez que la PGR, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y de la FEVIMTRA, ha cumplido con creces y notoria efectividad las obligaciones impuestas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el turno del Poder Judicial de la Federación. Sin menoscabo del más estricto respeto a los derechos de los procesados, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú debe impartirse justicia con celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad. En este sentido, casos como los de ambas mujeres ponen a prueba el reconocimiento que recientemente brindó el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues éste debe refrendarse en la actuación concreta de los juzgados federales que conocen de casos emblemáticos como los de Inés y Valentina.

Finalmente, considerando los antecedentes de amenazas en contra de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña demanda que se garantice la seguridad e integridad de ambas mujeres, sus familiares y sus representantes. Para ello, será indispensable que la opinión pública nacional e internacional continúe atenta al desarrollo de los juicios, que apenas inician. Sobre este particular, Tlachinollan agradece el apoyo de organizaciones, medios de comunicación, y personas solidarias que a lo largo de estos casi doce años han apoyado la incansable búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.