Mesoamérica, 21 de enero de 2016 – La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) integrada por las Redes Nacionales de Defensoras de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y defensoras de derechos humanos de Nicaragua, manifestamos nuestra indignación por la campaña de difamación y desprestigio contra las expertas independientes Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa.
Las 690 defensoras pertenecientes a diversas organizaciones, activismos y movimientos sociales de Mesoamérica, hemos tenido conocimiento de las calumnias y difamaciones que se han difundido en últimas semanas contra la labor de las expertas internacionales, a través de declaraciones a los medios de comunicación, conferencias en universidades[1] y redes sociales, intentando deslegitimar la labor de las reconocidas abogadas.
Como defensoras de derechos humanos de Mesoamérica reconocemos la experiencia, aporte y congruencia de ambas expertas, quienes tanto en Colombia, en el caso de Ángela Buitrago, como en Guatemala, en el caso de Claudia Paz y Paz, han trabajado a favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
Ambas ex-fiscales han sido reconocidas a nivel internacional por investigar crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales; así como por juzgar y denunciar la corrupción en sus respectivos países, juzgando principalmente a actores poderosos como los militares, narcotraficantes, políticos, abusadores sexuales, entre otros, logrando sentencias históricas sin precedente.[2]
De manera particular nos preocupa que la campaña de difamación ha sido dirigida a las expertas mujeres, tratando de denostar su ética profesional y desacreditar su calidad moral, evidenciando una clara discriminación en razón de género, al intentar poner en entredicho su labor, cuestionar su capacidad profesional y congruencia ética.
Haciendo un despliegue de recursos económicos, la campaña con señalamientos infundados se realiza a 16 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y luego del inicio de las Caravanas de madres, padres y normalistas al norte y sur del país.
Cabe recordar que el 18 de noviembre de 2014 el Estado mexicano aceptó la conformación del GIEI en el marco de medidas cautelares emitidas por la CIDH a las víctimas y acompañantes. El 16 de enero de 2015, el GIEI fue designado por la CIDH y sus integrantes fueron escogidos entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por los peticionarios. Posteriormente, el GIEI inició sus labores el 1 de marzo de 2015.
Como defensoras de derechos humanos y particularmente quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) hemos sido testigas de la importante labor del GIEI para conocer lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ha sido piedra angular, evidencia de ello es su informe presentado en septiembre de 2015, a través del cual el Grupo ofreció nuevas líneas de investigación que cuestionan la investigación oficial.
En ese sentido, lejos de abonar al esclarecimiento de los hechos y a que las madres, padres y normalistas de Ayotzinapa puedan dar con el paradero de sus hijos y conocer la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, a través de una campaña mediática se busca mermar la legitimidad y el reconocimiento alcanzado hasta ahora por el GIEI sin enfocarse en lo fundamental que es el acceso a la justicia y el derecho a la verdad para las víctimas.
Cabe mencionar que según la Declaración sobre las y los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU:
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Ante ello la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos:
- Cese a la campaña de difamación y desprestigio contra las Fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz.
- Garantías de seguridad para que Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y los demás integrantes del GIEI: Alejandro Valencia Villa (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile) y Carlos Martín Beristain (España) puedan continuar su labor sin obstáculos ni calumnias.
- Que el Gobierno Federal presente avances sustanciales en la investigación relacionada con la desaparición de los estudiantes normalistas desaparecidos y en tanto esto no suceda, pueda continuar la permanencia del GIEI para continuar las investigaciones que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia.
- Las defensoras mesoamericanas respaldamos la labor, profesionalismo y compromiso de las Fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz; así como del GIEI en su conjunto; hacemos un llamado al Gobierno Federal a reencauzar las energías y esfuerzos en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos y en el acceso a la justicia para ellos y para los 3 estudiantes de Ayotzinapa y demás personas ejecutadas extrajudicialmente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, hechos que hasta la fecha se mantienen impunes.
[1] El pasado 12 de enero en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle en la Ciudad de México durante la conferencia titulada “La verdad en la investigación de Ayotzinapa” el recién liberado coronel colombiano Luis Alfonso Plaza Vega, encarcelado por la ex fiscal Buitrago por desaparición forzada y condenado a 30 años de prisión, absuelto cinco años después en un proceso irregular cuestionó a la Fiscal Buitrago y su participación dentro del Grupo de expertos interdisciplinarios para el caso de los normalistas, mismos que fueron consensuados y ratificados por las víctimas, sus acompañantes, el Gobierno Federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[2] Un ejemplo claro es la sentencia contra el ex dictador de Guatemala general José Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra más de mil 700 indígenas Ixiles, asesinados por el ejército durante su mandato. Constituye la primera ocasión en que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en una corte nacional y no en una internacional.